“Queremos obras dignas, donde se valore lo técnico y lo social, por encima de lo rápido y barato”. El objetivo, asegura la parte social, es desterrar las jornadas laborales de 10, 11 y 12 horas que provocan estrés, inseguridad, y finalmente accidentes, a veces mortales, como el que segó la vida de un conductor de una hormigonera esta misma semana en Orio.

El próximo martes patronal y sindicatos representados en la construcción de Gipuzkoa celebrarán la octava reunión para la renovación del convenio sectorial que afecta a unos 10.200 trabajadores asalariados del territorio, según datos de la patronal Ascongi. Pero los afectados serían “entre 14.000 y 15.000 personas”, según estimaciones del sindicato mayoritario, ELA, con una representación superior al 72% en la mesa negociadora.

Según esta central, a esos 10.200 trabajadores con nómina en el territorio habría que sumarle buena parte de los 8.300 autónomos registrados, “muchos de los cuales trabajan como falsos autónomos para empresas en grandes obras; entendemos que más de la mitad deberían ser asalariados”, además de “todos los trabajadores que vienen a trabajar de fuera, con condiciones pactadas en origen, y a los que también habría que aplicar el convenio”, asegura Igor San José, el responsable de la Construcción del sindicato ELA. Condiciones laborales sumergidas que hay que aflorar y equiparar, insiste.

El problema, asegura este representante sindical, no es la letra que figura en el papel. Un oficial de primera podría en Gipuzkoa acercarse a los 30.000 euros brutos anuales con la firma del nuevo convenio; el problema, afirma San José, es “la competencia desleal” de las empresas “pirata”, incumplidoras de las condiciones laborales convenidas y que expulsan a las pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas, al no poder competir respetando las reglas del juego.

El responsable de la Construcción de ELA pone como ejemplo que dos de las últimas grandes obras adjudicadas en el territorio han sido concedidas a una gran empresa de ámbito de estatal que, “de forma sistemática, no respeta el convenio” y culmina las obras a costa de un entramado de subcontratas que malpagan a sus trabajadores, provenientes de fuera en muchos casos. “Donde entra esta empresa, hay precariedad”, insiste. San José hace un llamamiento a las administraciones públicas y a la Inspección de Trabajo para que no permita estas prácticas.

Empresas, como la citada, que ejecutará dos grandes obras en Gipuzkoa licitadas en el último año por valor de casi 100 millones de euros, y que figura además en la lista de empresas multadas esta misma semana con 203 millones de euros por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por repartirse las obras de forma continuada desde 1992 hasta 2017, durante 25 años. La variante de Hernani es una de las obras que hace una década se repartieron entre este conglomerado de empresas multadas por Competencia. Pero San José se teme que haya más y pide “que las adjudicaciones se hagan dignamente”.

En un caso, asegura San José, esta misma constructora se ha hecho con una obra en nuestro territorio “concurriendo sola”, sin presencia de competencia, “debido a los bajos precios de licitación”, que ya de entrada marcan el camino hacia el “incumplimiento y la trampa”.

Además, añade el sindicalista, muchas de las adjudicaciones de obra y mantenimiento de Gipuzkoa se han dado a empresas que han sido multadas. “Muchas no tienen personal propio”. Adjudicaciones sin control oficial, asegura, que terminan convirtiéndose en “una subasta al mejor postor” por parte del adjudicatario, en la que subcontratas con trabajadores en precario acaparan todo el trabajo, sin dejar espacio, ni oportunidad mínima, a la empresa que cumple con las condiciones laborales exigibles en toda obra pública.

ELA asegura estar dispuesta a “ir de la mano” con las empresas cumplidoras de Gipuzkoa para que se aplique el convenio en las grandes obras; y que las empresas “con bandera de conveniencia, sin personal propio casi”, jueguen con las mismas reglas. “Con esas constructoras tienen que competir las empresas de aquí, y si quieren hacerlo, existe la guerra de la no aplicación del convenio”, lamenta: “En las obras se está pagando un 40% del convenio”.

Movilizaciones a la vista

El convenio no es ajeno a todo esto. Esta “competencia desleal” es parte del problema en la negociación. La mesa se reúne el martes. ELA (72,46%), LAB (14,49%), UGT (8,70%) y CCOO (4,35%) vuelven a verse las caras con representantes de la patronal. Las partes están en clave de firmar un convenio para los próximos tres años. Un acuerdo en el que, de entrada, el IPC del 6,5% que se registró en diciembre de 2021, estaría cubierto, a falta de definir la fórmula de cómo aplicarlo. Pero no así, el IPC de los próximos dos años, de 2022 y 2023.

También se contemplan otras medidas sociales, dietas, calendario, incluso “la prioridad aplicativa de nuestro convenio”, una especie de blindaje ante otros convenios de ámbito estatal. “Pero ellos (la patronal) han hecho una propuesta que sigue siendo insuficiente, explica la parte social.

La negociación entra en una fase decisiva y ELA no descarta incluso la huelga indefinida antes de agosto. “O hay convenio, o no vamos a trabajar. Va a ser un verano caliente en las obras como no se cierre el convenio”. El verano es el momento y la llave. “Se están ejecutando muchas obras con plazos muy ajustados y sobre todo adjudicadas por la propia administración, que podrían verse seriamente perjudicadas por las movilizaciones”, asegura el responsable sindical.

“Evidentemente, no podemos perder poder adquisitivo por mucho que las cosas estén mal. Pero van a ser muy importantes la reducción de jornada y la seguridad. Reducir la jornada, aunque sea de forma simbólica” (actualmente está en 1.690 horas), explica San José: “Tiene que haber reducción de jornada para que este debate esté encima de la mesa”.

“Las jornadas interminables se tienen que acabar”, “el convenio tiene que ser atractivo”, insiste el sindicalista, que advierte de situaciones en las que las empresas, “a las 18.30 horas todavía están llevando hormigón a las obras”, denuncia, en alusión al accidente mortal de esta semana. San José asegura que la gran mayoría de las obras, por operatividad, y al tener que aprovechar las horas de luz, trabajan a un solo relevo, y que una obra que se pone en marcha a las ocho de la mañana, si está recibiendo hormigón a las siete de la tarde, y teniendo en cuenta que los trabajadores descansan una hora para comer, nos lleva a jornadas que superan las diez horas, al menos.

Llamamiento a la administración

“Sí se dan unas condiciones dignas, de seguridad y una jornada regulada” sobre el papel, reconoce el responsable de ELA, “pero lo que vemos a pie de obra son incumplimientos puros y duros. Las administraciones tienen que ser parte activa de este convenio”, añade.

“Los trabajadores el lunes tenemos asamblea. O nos garantizan durante la vigencia del convenio la subida del IPC y una reducción de jornada; o si no, nos veremos obligados a las movilizaciones, sin descartar la huelga, que cada día está más cerca. No vamos a dejar pasar el verano, que es cuando hay más incumplimientos”, apostilla.

“Esas políticas de adjudicación contribuyen a fomentar la competencia desleal”, esgrime San José, y las “empresas legales son incapaces de soportar esta competencia”. Por ello, ELA pide a las instituciones que “no sigan siendo tolerantes ante empresas” incumplidoras.