l anuncio de la instalación de un centro de distribución de Amazon en Oiartzun ha puesto de relieve un debate poliédrico que va más allá de la necesidad de establecer de una vez por todas qué modelo de ciudades y pueblos queremos construir en el futuro en ausencia del comercio local y de las tiendas de proximidad, si no se regula de manera determinante la actividad del comercio electrónico por parte de unas empresas que han adquirido tanto poder que actúan en el filo de la navaja y con unas más que dudosas prácticas empresariales.
No se puede negar la evidencia de que el comercio electrónico es una realidad que el confinamiento y el cierre de los comercios locales como consecuencia del COVID-19 lo ha elevado a la categoría de insustituible, pero otra cuestión es que las grandes plataformas online actúen con una serie de ventajas, entre las que se encuentran las fiscales, que no tienen los comerciantes locales, por mucho que se unan -como lo están haciendo ya-, para prestar el servicio a sus clientes a través de Internet.
Partiendo de esta realidad, está en nuestra mano decidir si queremos que las ciudades y los pueblos continúen siendo centros de vida y de relación social o, por el contrario, centros urbanos desertizados. Esa es la opción que debemos elegir porque de ello va a depender continuar con un modelo de ciudades y de pueblos equilibrados, sostenibles y sociales o convertirlos en núcleos deshumanizados.
Por otro lado sorprende que el Ayuntamiento de Oiartzun, gobernado por EH Bildu -que como formación política defiende el comercio local y de proximidad- se haya puesto de perfil a la hora de afirmar que no puede oponerse a dar licencia de actividad a Amazon para poner en marcha su centro de distribución porque la parcela que ha adquirido tiene la calificación para su uso de actividad vinculada a la logística.
El argumento esgrimido por el Consistorio ha sido puesto en cuestión por la confederación de comerciantes de Euskadi, Euskaldendak, y la asociación guipuzcoana Dendartean, que consideran que las instalaciones que Amazon quiere abrir en Oiartzun no pueden ser calificadas como centro logístico, sino como establecimiento comercial porque el destino directo del paquete manipulado será el consumidor final.
Si el almacén de los comercios minoristas que pueden tener su propia plataforma online para dar servicio a sus clientes no tiene carácter de instalación logística, tampoco el de Amazon debería de serlo porque tiene las mismas características. Sea como fuere la posición del Ayuntamiento de Oiartzun se puede entender desde un planteamiento de puro pragmatismo si se tiene en cuenta el gran número de empresas de todos los sectores, fundamentalmente servicios, que se ubican en su término municipal y que aportan recursos a través de la vía impositiva a las arcas municipales, lo que ha generado una importante calidad de vida a sus habitantes.
Al margen de la controversia que está provocando la llegada de Amazon a Gipuzkoa, la multinacional estadounidense dirigida por Jeff Bezos se halla en este momento en la época más importante de ventas del año de cara a la Navidad, con la semana del Black Friday, en la que está utilizando la campaña de marketing Un click para el cole por la que los clientes pueden destinar el 2,5% del valor de sus compras al centro educativo que deseen a elegir entre los "adheridos" a la iniciativa.
Se da la circunstancia de que en esa lista aparecen las ikastolas agrupadas en Ikastolen Elkartea, que en ningún momento han sido requeridas por la multinacional para saber si se querían adherir o no a esa iniciativa, con lo que estos centros educativos vascos se han visto involucrados involuntariamente en una campaña comercial que fomenta el consumo y como participantes en una plataforma de comercio electrónico que va en contra de su filosofía e ideario como son la defensa del comercio local y de los productos de kilómetro O.
Amazon todavía no ha llamado a Ikastolen Elkartea siquiera para disculparse, a pesar de la denuncia pública de la federación, por lo que -en un ejemplo de que el mundo funciona al revés cuando se trata de una poderosa multinacional-, tendrán que ser las propias ikastolas las que se dirijan a la plataforma tecnológica para pedir que retiren sus nombres de la lista. Entre tanto, Ikastolen Elkartea tiene la intención de presentar una denuncia contra Amazon por hacer "uso indebido y no autorizado" de los centros educativos.
Este es el comportamiento de una empresa que solo en el tercer trimestre de este año ha tenido una facturación de 96.000 millones de dólares y unos beneficios de 6.300 millones, lo que supuso un aumento del 37%, gracias en su mayor parte al consumo que los ciudadanos realizaron a través de esta plataforma durante el confinamiento provocado por el COVID-19.
Como todas las multinacionales estadounidenses, Amazon tributa en países de la UE con bajos tipos impositivos como es el caso de Luxemburgo, con lo que el año pasado solo pagó 3,5 millones de euros por el impuesto de Sociedades al fisco español, a través de sus tres filiales. Por no decir de las condiciones de trabajo de sus repartidores, que en el Estado español estaban como falsos autónomos y que después de una denuncia ante el ministerio de Trabajo ha tenido que regularizar su situación laboral a 4.000 trabajadores y tener que pagar seis millones de euros por las cuotas a la Seguridad Social no abonadas.
A pesar del gran poder que tiene Amazon -hasta el punto de que su capitalización bursátil en 2019 alcanzó 1,58 billones de dólares, lo que significa que si se considerara como un país ocuparía el puesto 13 del ranking mundial por PIB, por delante del Estado español con 1,42 billones, Australia o México-, sin embargo la posición de dominio ha provocado que en Francia desde el primer ministro, Jean Castex; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; los regidores de Grenoble y de Poitiers y otros altos cargos públicos hayan lanzado una campaña de boicot contra la compañía de Bezos bajo el título Navidad sin Amazon para defender el comercio local y las librerías.
Como consecuencia de la presión de las autoridades y de la opinión pública francesa, Amazon se ha visto obligado a dar marcha atrás y retrasar el Black Friday hasta el día 4 de diciembre, fecha en la que podrían volver a abrir los comercios no esenciales y librerías, que llevan cerrados desde finales de octubre, si la situación sanitaria gala remite.
Si Charles de Gaulle levantara la cabeza se sentiría orgulloso del comportamiento de sus conciudadanos que han defendido con tanto entusiasmo su soberanía frente al poderío estadounidense. En Catalunya, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a sus ciudadanos que no compren en Amazon esta Navidad y que lo hagan en los comercios de proximidad para ayudarles a salir de la crisis. Un paso más que nos puede acercar a la soberanía tecnológica frente a la posición de dominio que están demostrando las compañías tecnológicas estadounidenses. Que cunda el ejemplo.
