Cuando Bildu no tuvo piedad

En su mandato pidió la devolución casi de una tacada de lo ingresado de más por el Fofim

16.05.2020 | 00:35

donostia – Como dice el dicho, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que desde el centro del albero, que fue el sitio desde el que el Gobierno foral de Bildu afrontó una situación muy parecida en 2012 sin mostrar ninguna piedad con la angustiosa situación económica de los ayuntamientos guipuzcoanos. La institución foral, gobernada por Martin Garitano y con Helena Franco en la sala de máquinas de la Hacienda, exigió a los ayuntamientos la devolución de un dinero ingresado y ya gastado sobre previsiones recaudatorias que se desplomaron, abriendo un boquete a las arcas forales.

El ejecutivo de Garitano hizo oídos sordos a los alcaldes que les pedían un aplazamiento en las devoluciones de las partidas ingresadas por el famoso Fofim (Fondo Foral de Financiación Municipal): un total de 47,5 millones de euros. La fórmula impuesta desde el palacio foral fue la de ingresar de forma inmediata la mitad de esa cantidad y fijar para el abono de la otra mitad un pago en tres cuotas a lo largo del mismo ejercicio.

Bildu no atendió la reclamación de varios ayuntamientos, que solicitaban transferir el 50% del dinero en el mismo ejercicio, y tras un año de carencia, terminar por devolver la otra mitad entre los años 2014 y 2015. La única concesión al SOS. municipal por parte del Ejecutivo de Garitano fue, conscientes de "la extrema gravedad" en la que se encontraban los ayuntamientos, permitirles acceder a fórmulas financieras para posibilitar la devolución.

El discurso que ocho años después defiende EH Bildu denuncia la unilateralidad del Gobierno de Markel Olano y la falta de consenso para tomar la decisión que ha tomado, privando a la institución más cercana al ciudadano de fondos vitales para la gestión de los pueblos. En 2012, Bildu se apoyaba en la tesis de que los ayuntamientos sufrían las consecuencias de una gestión derrochadora. Como solución que no pasara por más endeudamiento y para aquellos consistorios que por su debilidad financiera no pudieran acceder a préstamos, el ente foral ofrecía la fórmula de un plan estructural orientado a sanear sus finanzas. Una operación en la que la Diputación exigía capacidad de decisión, por lo que fue tachada de actitud intervencionista.