El último escollo para que la operación de vivienda en Cuarteles de Loiola sea una realidad se ha superado, después de que Costas haya decidido atender los argumentos del Ayuntamiento de Donostia y mantener la línea de servidumbre de protección marítimo-costera en los 20 metros, condición ineludible para poder acometer el desarrollo de viviendas en la zona según los previsto.
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban ha sido el encargado de dar a conocer esta esperada noticia.
“Hoy es un día importante para el grupo del PNV y para mí en particular porque esta operación es fruto del trabajo de muchos años de la mano del Ayuntamiento de Donostia y de su alcalde, Eneko Goia, porque se da solución a uno de los grandes problemas de Donostia y de la sociedad en general, la vivienda”, ha subrayado Esteban.
La negociación con el Gobierno del Estado, ha recordado el portavoz del PNV, comenzó en 2021 y ha ido quemando etapas y superando todos los trámites necesarios hasta llegar a este punto.
“Ha sido un trabajo arduo, pero estoy muy contento”, ha destacado Esteban para después asegurar que este es un ejemplo “de la forma de trabajar del PNV en política, enfrentándose a los problemas reales”.
La decisión de Costas de no establecer la línea de protección marítimo-costera en los 100 metros, lo que haría inviable una operación de vivienda clave para Donostia, hace posible, en palabras de Esteban que la ciudad construya “un puente entre el pasado y el futuro”.
En Donostia a noticia se ha recibido con enorme satisfacción. El propio Aitor Esteban se la ha comunicado al primer edil donostiarra, Eneko Goia, una hora antes de comparecer ante los medios.
La resolución oficial en la que Costas da por buena la argumentación del Ayuntamiento en su recurso, en la línea de asumir que los suelos de los Cuarteles de Loiola son urbanos y hay que aplicarles la línea de protección en 20 metros, no ha llegado todavía al Consistorio donostiarra, que ya es conocedor del sentido de la misma, aunque se espera que llegue en pocas horas o días.
El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha asegurado que el que se ha dado hoy es "un paso muy importante" hacia la adquisición por parte de Donostia de los terrenos de los Carteles de Loiola.
"Esta es una muy buena noticia para la ciudad. Nos hubiera gustado que llegara antes, pero ha llegado", ha abundado el primer edil donostiarra que ha aprovechado la ocasión para "agradecer públicamente" el trabajo llevado a cabo por Aitor Esteban, tanto en las negociaciones iniciales como a la hora de defender los intereses de la ciudad para superar los últimos escollos.
Por delante, la compra-venta de los terrenos
El siguiente trámite a superar sería el de la firma de compra-venta de los terrenos entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento, que quedó en suspenso por decisión de las dos partes el pasado mes de agosto. Aunque no hay fecha concreta para esta firma, el interés del Consistorio es que se lleve a cabo a la mayor brevedad posible
Para ello, ha explicado Goia, la Junta de Gobierno local debe "reactivar" el convenio que quedó suspendido para así poder fijar una fecha "para la firma de escrituras, y que sea cuanto antes, a ser posible a lo largo del mes próximo".
Después, tras y como se contempla en el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, "los militares tendrán cuatro años para abandonar las instalaciones", tiempo este que, ha puntualizado Goia, dedicará el Consistorio "a la elaboración del planeamiento".
Pese a que el alcalde, Eneko Goia, expresó el pasado 16 de septiembre en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia que confiaba en una resolución inminente, esta se ha hecho de rogar. El primer edil ha insistido en el mensaje de tranquilidad que ha repetido desde que la operación urbanística se topó el escollo de Costas y deseó que el final fuera “el que deseamos todos”, es decir, el que finalmente se ha producido con la aceptación de los argumentos defendidos por el ayuntamiento.
Donostia afronta un grave problema de vivienda que la evolución del mercado inmobiliario ha hecho que sea más acuciante, por lo que una operación como la de Loiola con entre 1.500 y 1.700 viviendas en la previsión, se antoja imprescindible. En otras palabras, entre tercera y la cuarta parte del parque de viviendas que el Gobierno municipal prevé que la ciudad desarrolle en la próxima década, con alrededor de 6.000 viviendas.
Un expediente largo
Las conversaciones se alargaron durante años, hasta que alcanzado el acuerdo, el Consejo de Ministros del 7 de noviembre de 2023 aprobó la venta de los terrenos. Un mes más tarde, Eneko Goia y la edil de Urbanismo, Nekane Arzallus, se desplazaron hasta el Ministerio de Defensa para firmar la compraventa junto a la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce.
El pacto suponía un pago de cinco millones y otro posterior de 73,3 millones (ocho de fondos propios; el resto, de una operación hipotecaria), además de mantener en primera instancia la presencia del Ejército español en la capital guipuzcoana en otros terrenos de su propiedad. Para ello se barajó la parcela de una Hípica ya cerrada, al otro lado del río Urumea.
En los últimos meses, la ministra, Margarita Robles, no ha vuelo a insistir en el carácter “innegociable” que adjudicó de inicio a que el Ejército español continúe en Donostia, aunque sí señaló que las unidades de Loiola permanecerán en la CAV.
Problemas con Costas
Pocos meses después, el equipo que lidera Goia se tuvo que enfrentar a un nuevo problema. Si antes la volátil situación política española y la amenaza constante de elecciones generales puso en la picota el cierre de la operación, ahora era un tema técnico de Costas.
La Dirección, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comenzó a tramitar retrasar la línea de la zona de servidumbre de protección marítimo-costera pase de los 20 a los 100 metros.
Con base en la Ley de Costas, queda prohibido construir en los 100 metros inmediatos a un cauce salvo en contadas excepciones (“las instalaciones deportivas al aire libre, plantaciones, áreas de acampada, y equipamientos y servicios destinados a los usuarios de la costa, así como otros usos y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación diferente”), algo que el Ayuntamiento en sus alegaciones ha defendido que es previo a la entrada en vigor de esta legislación: cuando se aprobó la ley en 1988, el ámbito de los cuarteles, con 920 metros de orilla del Urumea, ya estaba intensamente urbanizado.
La clave residía en la calificación que del Plan General, ya que una de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas salvaba “a todos los terrenos que a la entrada en vigor de la presente ley (1988) estén clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable”.
En el caso de la capital guipuzcoana, no revisó el PGOU desde 1962 hasta 1995. Con anterioridad a 1988, la parcela de los cuarteles estaba calificada como “reserva urbana”, que fuentes conocedoras de Urbanismo explican que equivalía a suelo urbanizable.
El Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y la agencia vasca del agua Urak presentaron sus alegaciones a comienzos de verano, una vez la Dirección General de Costas autorizó a la oficina territorial a comenzar un expediente para llevar la línea de deslinde de los 20 a los 100 metros.
