El Ayuntamiento de Donostia confía en que la respuesta de la Dirección de Costas sobre las alegaciones presentadas para el proyecto urbanístico en los cuarteles de Loiola sea inminente y llegue a lo largo de este mes o principios del siguiente. Así lo ha dado a conocer este lunes el alcalde donostiarra, Eneko Goia, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que espera que la resolución final sea “la que queremos todos”.
Durante su comparecencia en la Comisión de Urbanismo, Goia ha respondido a una pregunta de la oposición sobre el estado actual del proyecto en los cuarteles de Loiola y ha explicado que, por el momento, se continúa a la espera de que el servicio de Costas dé una respuesta a las alegaciones presentadas el pasado mes de julio por el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y la agencia vasca del agua Urak.
El primer edil donostiarra, que confía en que la resolución llegue en las próximas semanas, cree que ésta será positiva, por lo que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a la corporación municipal como al resto de la ciudadanía al asegurar que las alegaciones presentadas “están bien fundamentadas”. “Confiamos en que el resultado será el que todos queremos”, ha declarado.
En estos momentos, la operación para desarrollar un nuevo barrio con entre 1.500 y 1.700 viviendas en la actual zona de los cuarteles de Loiola se encuentra bloqueada, ya que la Ley de Costas de 1988 establece una protección de 100 metros de distancia para los terrenos situados junto al espacio de dominio público marítimo-terreste, algo no se cumple con el río Urumea.
El servicio de Costas considera el terreno que ocupan los cuarteles como suelo urbanizable y no urbano, por lo que para cambiar el uso de la parcela de militar a viviendas habría que hacer un deslinde de 100 metros respecto a la línea fluvial. La línea pasaría, por lo tanto, de los 20 metros actuales a los 100, impidiendo construir nada en esta franja y reduciendo las posibilidades constructivas del proyecto residencial en aproximadamente un 60%.
Sin consecuencias económicas
Preguntado sobre las posibles consecuencias económicas en caso de que el proyecto original no tenga el visto bueno final, Goia ha explicado que no habría ningún tipo de perjuicio, ya que, ahora mismo, la única cantidad comprometida son cinco millones de euros con el Ministerio de Defensa que se recuperarían si las alegaciones finalmente son rechazadas.
A este respecto, el primer edil donostiarra ha recordado que el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa decidieron por mutuo acuerdo suspender temporalmente el convenio suscrito que posibilita la compra de los cuarteles a la espera de que lleguen la respuesta a las alegaciones presentadas. En caso de que estas sean positivas, el acuerdo volverá a activarse de forma casi inmediata.
Asimismo, el alcalde de Donostia ha dado a conocer que el Consistorio cuenta con un remanente de tesorería de ocho millones de euros que estaban destinados a la operación y que, al estar bloqueados a la espera de la respuesta, están generando ganancias como consecuencia de los actuales altos tipos de interés.
Casilla de salida
El Ayuntamiento, al igual que el Ministerio de Defensa y Urak, presentó a mediados del mes de julio la alegación con la que pretenden salvar la problemática de la Ley de Costas, que indica expresamente la prohibición de uso residencial bajo cualquier modalidad, impidiendo, así, la construcción de viviendas, apartamentos u hoteles de cualquier tipo.
Para el Consistorio donostiarra el solar de los cuarteles de Loiola es suelo urbano desde hace un siglo, ya que es un territorio intensamente urbanizado, con infraestructuras, carreteras y edificios al que no se le podría interponer la franja de 100 metros respecto al río Urumea.
En todo caso, ante la posibilidad de que las alegaciones no sean favorables, el Ayuntamiento ha tratado de ser previsor y no ha comprometido ninguna partida económica, ya que, tal y como explicó el propio Goia hace un mes, de darse estas circunstancias, el proyecto volvería a su casilla de salida.
