El Ayuntamiento de Donostia ya ha presentado la alegación relativa a los Cuarteles de Loiola, con la que pretende salvar el obstáculo que impediría desarrollar en los términos previstos un gran barrio residencial sobre los terrenos que ocupan los Cuarteles de Loiola.

En su defensa, según explicó ayer explicó la concejala de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, el Ayuntamiento sostiene que el solar “fue urbanizado durante la segunda década del siglo XX, sin haber sufrido transformaciones o modificaciones sustanciales desde entonces, lo que le dio condición de suelo urbano consolidado en su urbanización y edificación con anterioridad a la entrada en vigor de Ley de Costas de 1988”.

Abundando en este argumento, Arzallus explicó que en todas las legislaciones tanto previas a dicha ley como posteriores, el solar “ha cumplido con todas las exigencias” para ser considerado como suelo urbano. “Desde su construcción ha contado con accesos rodados, edificaciones y ha estado urbanizado, contando con instalaciones de saneamiento, así como abastecimiento y suministro de agua y energía eléctrica”.

Según explicó ayer la concejala del PNV, la alegación fue presentada el jueves ante el Servicio Provincial de Costas. “Solicitamos que sean consecuentes con las acciones que tomaron en la década de los 90, cuando se estableció la línea de servidumbre en 20 metros”.

Situar la línea de servidumbre a una distancia u otra determinará que se puedan construir los casi 1.700 pisos previstos. Si Costas no cede y mantiene la franja en los cien metros, dos tercios del terreno serían inservibles para desarrollo residencial.

Una alegación "extensa"

La alegación, ha añadido Arzallus, “es muy extensa” y se apoya en diferentes informes elaborados por la dirección de Urbanismo, apoyados también por informes de la Diputación Foral de Gipuzkoa”. En los mismos se justifica que "la servidumbre se tiene que establecer en esos 20 metros”.

La documentación presentada por la dirección de Urbanismo es profusa e incluye, entre otros documentos, archivos históricos con todos los planos existentes desde la adquisición del terreno, así como el proyecto de construcción y las condiciones de urbanización y servicios del ámbito.

Se incluye, asimismo, datos del catastro que evidencian que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas ya había edificados en el ámbito de Cuarteles 60.000 metros cuadrados, con 110 viviendas edificadas y acogiendo diversos elementos y estancias vinculadas al desarrollo de las actividades de 1.200 soldados.

El amplio dosier de documentos que avalan la argumentación de la alegación incorpora también la clasificación como suelo Urbano consolidado que los terrenos de los cuarteles tiene "en los diferentes planes urbanísticos". Incluso se refleja la incoación de un expediente del propio servicio de Costas, datado en 1996, donde se establece una distancia de 20 metros desde la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre. que fue posteriormente anulada por orden ministerial por ser una zona "destinada a la defensa militar".

En el suma y sigue de documentación se halla el certificado de la Diputación Foral de Gipuzkoa que corrobora que el ámbito está calificado como suelo Urbano consolidado, adjuntando un informe de servicios de actuaciones integradas. En este punto Arzallus ha recordado que precisamente era la Diputación "la institución competente a la hora de aprobar de forma definitiva los planes urbanísticos hasta mediada la primera década del 2000".

La concejala de Urbanismo ha aprovechado la ocasión para “dar las gracias” al Ministerio de Defensa y a URA del Gobierno Vasco por haber “presentado sus alegaciones en los mismos términos”.

Por último, Arzallus expreso su confianza en “obtener una respuesta positiva en breve” con el objeto de “poder ejecutar la compra de los Cuarteles de Loiola”, avanzado así en una operación de especial relevancia en la ciudad y que posibilitará que el Consistorio dote al ámbito de "una nueva centralidad", con un importante paquete de viviendas y "nuevos servicios para las y los donostiarras".

Para que esto sea posible, la concejala del PNV ha pedido a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "que sea consecuente con las decisiones previas a la eliminación de la línea de deslinde de 1999 y establezca el mismo en 20 metros".