La asociación Áncora ha señalado este viernes que los técnicos del Ayuntamiento de Donostia pueden incurrir en "responsabilidad penal" por informar favorablemente y conceder licencia de primera ocupación al hotel Nobu, y señala que incurren en "prevaricación".
El pasado 10 de noviembre Áncora registró una denuncia en el Departamento de Urbanismo de Donostia por entender que el Hotel Nobu, un establecimiento de lujo ubicado en Miraconcha, llevó a cabo "destrucción y alteración de patrimonio histórico protegido".
En su escrito, Áncora argumentó que la rehabilitación "no se ajusta a la licencia de obra mayor" concedida e "infringe el régimen de protección del PEPPUC" al tiempo que denunció que el hotel "operaba sin contar con la licencia de primera ocupación".
El hotel Nobu se asienta sobre una villa del año 1902 construida en caliza de color rosa, con una amplia terraza que domina la bahía de La Concha, conocida como Villa Vista Eder, fue uno de los primeros inmuebles proyectados por el arquitecto Francisco Urcola y perteneció a la Marquesa de Santa Genoveva hasta fechas recientes.
Catalogada en 2021, cuenta con una doble protección derivada de su inclusión en el PEPPUC de Donostia y en el Registro de Bienes Culturales de Protección Básica de Euskadi, señala Ancora.
Tras la denuncia, el Ayuntamiento clausuró el establecimiento por incumplimiento de la normativa urbanística por espacio de tres semanas, tras lo cual otorgó una licencia de primera ocupación parcial, que le permite retomar su actividad "con normalidad excepto en la planta superior", donde se introdujo un levante que modifica la imagen protegida, remarca Áncora.
La asociación considera que esta resolución "no se ajusta a Derecho", porque el incumplimiento no se limita al piso bajo cubierta, "sino que se extienden al conjunto del edificio histórico que quedó reducido durante las obras a su mínima expresión, equivalente a una delgada lámina frontal".
Al conceder licencia de primera ocupación el Ayuntamiento certifica que la obra se ha ejecutado de conformidad con el proyecto autorizado y la normativa urbanística vigente incluida la relacionada con la protección del patrimonio por lo que, a juicio de Áncora, "da por buenas actuaciones manifiestamente ilegales y contrarias al interés general".
Áncora recuerda que en la concesión de licencias la Administración tiene que "limitarse a verificar si se cumplen íntegramente los requisitos establecidos en el permiso de construcción" o se vulneran. En caso de que no se cumplan deberá denegarla o de lo contrario "incurrirá en prevaricación", advierte la asociación.
La asociación ha pedido que se restaure la "realidad física alterada" y se ordene el derribo del levante así como la restitución de la imagen arquitectónica de la villa "con cargo al infractor".
