El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contra el Plan Especial de San Bartolomé, que prevé crear un centro comercial de 8.000 metros cuadrados en la ladera norte del cerro, así como un estacionamiento de cuatro plantas subterráneas debajo, un plan que el alcalde, Eneko Goia, considera acorde con la legalidad.

La pasada semana, las asociaciones comerciales Dendartean y Ba Gera! así como las vecinales Erdian Bizi, Donostia Defendatuz y Amara Bai anunciaron su intención de llevar a los tribunales el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Donostia, con los únicos votos del Gobierno municipal PNV-PSE y el rechazo de la oposición, PP, Elkarrekin Donostia y EH Bildu. 

Precisamente, el alcalde de Bildu, Juan Karlos Izagirre, dio a conocer en el año 2013 el plan para crear el espacio comercial en el lugar y mostró su confianza en que la propuesta suscitase “unanimidades”, ya que permitiría desbloquear la reforma de todo el cerro de San Bartolomé.

Ahora, la formación soberanista rechaza la iniciativa, al igual que el resto de la oposición, por motivos de congestión del tráfico y de competencia al pequeño comercio, según han señalado en sus comparecencias plenarias.

Estos argumentos también se encuentran dentro del recurso que presentarán las entidades ciudadanas antes citadas, que se mostraron esperanzas en que los tribunales les den la razón porque, según sostienen, el Ayuntamiento de Donostia se ha saltado las normas para no tener que hacer estudios de movilidad sobre el entorno de San Bartolomé dentro de la tramitación del Plan Especial para autorizar el proyecto.

Según el recurso, el Ayuntamiento tampoco ha elaborado un Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial para el análisis de presunción arqueológica, como es obligatorio, según afirman, ni ha considerado el empeoramiento previsto en la calidad del aire derivado de la apertura de un parking con hasta 200 plazas de rotación.

Ahora, los impulsores del recurso contra el Plan Especial de San Bartolomé tendrán que esperar el tiempo necesario a que se pronuncie una sentencia. El recurso no es obstáculo para que diesen comienzo las obras, si estuvieran listos todos los proyectos, según explican, porque la petición de una suspensión cautelar de los trabajos implicaría una fianza millonaria, que no podrían asumir.