- El fin de la moratoria a la prohibición de la práctica cinegética en los Parques Nacionales españoles va generar un auténtico desastre medioambiental y económico en este tipo de espacios protegidos, según sostienen aficionados y entidades como la Fundación Artemisan, que promueve la investigación, la comunicación y la defensa jurídica en favor de los ecosistemas y del mundo rural.
La prohibición efectiva para continuar practicando la caza en estos espacios protegidos está motivada por la Ley 30/2014 de Parques Nacionales que, a pesar de entrar en vigor hace seis años, contemplaba una prórroga para la actividad cinegética hasta el 6 de diciembre de 2020.
Una vez vencido el plazo y finalizada la moratoria, estos espacios que, en la mayor parte de los casos se ubican en la denominada España vaciada, van a sufrir “un golpe definitivo al perder una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques”, según subraya Luis Fernando Villanueva, director general de Artemisan.
Alcaldes, hosteleros, cazadores y habitantes de las zonas rurales sobre las que se ubican esos espacios protegidos serán los principales afectados por una decisión que arruinará unas economías que, en gran medida, subsisten de esta actividad.
A la pérdida de los ingresos que genera la actividad cinegética y a las consecuencias que tendrá entre quienes subsisten de la economía que ella proporciona, desde los diferentes sectores afectados por la medida señalan que el Estado deberá hacer frente a un importante desembolso económico.
Según las estimaciones realizadas en base a diferentes informes periciales, la decisión puede suponer un gasto público de “más de 320 millones de euros para hacer frente a indemnizaciones” y a otros gastos derivados de su aplicación, ya que la moratoria llega “sin que se haya llegado a acuerdos con los propietarios de las fincas y sin que se haya establecido alternativa alguna a la caza para la gestión de poblaciones”, recuerdan desde Artemisan.
Recuerdan en este sentido que a ese gasto será necesario añadir el generado por la contratación de cazadores profesionales que deberán controlar las poblaciones, mientras que hasta este momento “éramos los propios cazadores quienes regulábamos las poblaciones y quienes las costeábamos, además de contribuir a la economía y la riqueza de las zonas rurales”.
El final de la moratoria supondrá el cese de una actividad que hasta el momento estaba totalmente controlada por parte de las administraciones públicas. Además, debido al desequilibrio medioambiental que se generará, es previsible el aumento descontrolado de poblaciones de ungulados que supondrían un peligro potencial para diferentes especies de fauna y flora al afectar a ecosistemas que, en teoría, la Ley de Parques Nacionales pretende proteger.
Las principales consecuencias por no realizar los oportunos controles poblacionales en esos espacios protegidos quedaron recogidas en un informe elaborado por la cátedra de Parques Nacionales de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Red de Parques Nacionales. En el estudio se señala que la interacción no se producirá únicamente entre fauna silvestre y ganado “sino también con humanos, porque muchas patologías son compartidas (zoonosis) y con cierta frecuencia de carácter muy peligroso, como sucede, por ejemplo, con tuberculosis, brucelosis, toxoplasmosis, peste porcina o lengua azul, por citar algunas”.
El fin de la moratoria a la prohibición de cazar no supondrá el cese definitivo de esa actividad. De hecho, será necesario controlar los excesos de poblaciones que pueden generar un incremento de conflictos con el sector ganadero, así como del incremento de accidentes de tráfico provocados por animales.
Para tratar de impedir el final de la caza en los Parques Naturales, algunos de los ayuntamientos que se verán afectados por la ley han aprobado mociones reclamando la continuidad de la actividad. Además, representantes de Artemisan han intentado reunirse con todos los partidos políticos.
El llamamiento realizado por esa entidad únicamente ha recibido respuesta de apoyo de PP y Vox, “que han presentado una propuesta de modificación de ley y una propuesta no de ley”, respectivamente. En el caso del primero de esos grupos “se propone la ampliación de la moratoria por un período de tres años”, apunta Villanueva.
A pesar de que los aficionados están dispuestos a repetir las protestas que ya han protagonizado en otras ocasiones para defender sus derechos, Villanueva señala que el Gobierno se está aprovechando “de la actual situación de pandemia porque así la gente no puede echarse a la calle”.
