Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobarán este miércoles el proyecto de norma foral por la que se actualizan y amplían los incentivos fiscales para el fomento de la cultura, un articulado que viene a corregir la falta de armonización fiscal surgida tras la instauración en 2023 por parte de Bizkaia de una serie de beneficios fiscales que llevaron a la competencia territorial. A diferencia de los incentivos vizcainos, que obligan a que el ingreso, el gasto y los rodajes se ejecuten en dicho territorio histórico, los guipuzcoanos serán más inclusivos dado que se abren a que las producciones accedan a la deducción no sólo imputando gastos en Gipuzkoa, sino también haciéndolo en Bizkaia y en Araba. Esta decisión se entronca con el espíritu del texto de favorecer que la “industria cultural tengaeu un elemento más que le permita financiar los proyectos” –se prevé que en junio Araba también apruebe su régimen fiscal propio a este respecto–.

Con intención de desentrañar los diferentes puntos de “interés” de esta Norma Foral, NOTICIAS DE GIPUZKOA se ha puesto en contacto con César Vidal, director tax en el despacho de abogados LKS Next Legal. Vidal será, de hecho, uno de los ponentes que participe mañana jueves en la jornada Tax Zinema Gipuzkoa, que tendrá lugar en Tabakalera y que se inaugurará con la intervención del diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona.

En cuanto a las diferencias entre Gipuzkoa y Bizkaia, el experto de LKS Next Legal explica que el territorio vecino se encuentra “en un proceso de reflexión” a raíz de la “mejora” introducida en la norma foral guipuzcoana sobre la cuestión territorial y que afecta, sobre todo, a las productoras, dado que podrán efectuar el gasto en cualquiera de los tres territorios. “En última instancia, es una cuestión que puede desbalancear algunas producciones a favor de Gipuzkoa”, comenta Vidal, que añade que el régimen a aprobar se encuentra entre “los más interesantes” a nivel mundial. En este sentido, expone que en Europa se pueden hallar “esquemas similares”, incluso en el Estado, en comunidades como Canarias. La propuesta guipuzcoana, además, cuenta hasta 2028 con el beneplácito de Bruselas, que lo enmarca dentro de la ”competencia comunitaria”.

Audiovisual y mucho más

“Hay que hablar de que se trata de incentivos fiscales a la cultura”, añade. La aclaración es pertinente, dado que el foco de esta cuestión se ha puesto siempre sobre los rodajes, al ser, quizás, la actividad “que cuenta con una mayor visibilidad”. “Rodar una película en La Concha es algo que llega más fácil a todo el mundo, mientras que editar un libro en euskera puede que sólo quede en un ámbito más concreto”, opina. Al ser “una norma que busca potenciar el sector cultural”, esta prevé deducciones en tres ámbitos: el ya citado sector audiovisual, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales y la edición de libros.

La financiación de los proyectos es, a juicio de Vidal, la clave en toda esta cuestión. En el caso del audiovisual, los incentivos fiscales permiten la deducción de entre un 50% y un 60% de una producción en el Impuesto de Sociedades, en función a su gasto y de su nivel de territorialización. Ese porcentaje se incrementará diez puntos si la obra es exclusivamente en euskera. Eso sí, estas deducciones cuentan con límites: en el caso de los largometrajes el retorno no podrá ser superior a diez millones de euros por producción y, en el caso de las series, no excederá los tres millones por episodio. 

En cuanto a los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, podrán deducirse un 30% del importe de los gastos realizados. En este apartado también se incrementaría un 10% en el caso del espectáculo fuese en euskera.

Por último, la edición de libros contará con una deducción del 5% de la cuota líquida, un porcentaje que podrá ascender hasta los 15 puntos si el editor publicó durante el ejercicio anterior al menos el 50% de los libros en euskera.

Inversiones

Asimismo, el régimen fiscal añade otra apartado con el que se pretende fomentar las inversiones privadas. Así, el crédito fiscal resultante de las deducciones del audiovisual, esas que pueden ser de hasta el 70%, pueden “transferirse” a los inversores privados que pongan a disposición de la productora el dinero necesario para sacar el proyecto adelante. “De esta manera, la empresa productora recibe el dinero necesario para costear el rodaje y, a cambio, la producción genera un crédito fiscal que se transfiere al inversor, que puede utilizar para minorar su pago de impuestos”, explica Vidal.

¿Extranjeras o vascas?

Un informe del Ministerio de Hacienda de 2023, que analizó los distintos incentivos fiscales que se dan en el Estado, reveló que en el 85% de los casos los beneficiarios acaban siendo productoras extranjeras. Preguntado por esta cuestión, dado que el espíritu del texto es reforzar la industria audiovisual del territorio, Vidal comenta que los distintos rodajes que se pongan en marcha entre este año y el ejercicio siguiente devolverán una imagen directa de cómo están funcionando el nuevo régimen fiscal y si, efectivamente, son las productoras de aquí las beneficiarias de las deducciones o se trata de empresas extranjeras las que mayoritariamente despliegan sus rodajes en la CAV para beneficiarse de las deducciones. 

Sobre este punto aclara que aunque se trate de producciones extranjeras, para las deducciones sólo se tendrá en cuenta el gasto imputado en Euskadi. Pone un ejemplo. Si una gran plataforma de streaming como Netflix plantea un proyecto de diez millones de euros pero sólo gasta uno en Euskadi, Araba o Bizkaia, la deducción se aplicará sobre ese único millón. Esto evitará que se beneficie a producciones que se hayan realizado casi en su totalidad fuera del país.

Asimismo, añade que no es necesario que la sede fiscal de la productora se encuentre en Gipuzkoa, Bizkaia o Araba, que lo “interesante” para la deducción, en todo caso, es que el gasto esté incurrido en alguno de los tres territorios: “No es necesario que sea una productora vasca. Otra cosa es que, desde un punto de vista de política fiscal, a la Diputación lo que le interesa es potenciar el sector propio, que haya empresas con arraigo en el territorio que lleven a cabo esas producciones”. A este respecto, la norma foral cuenta con una disposición adicional en la que se establece que entre el periodo 2024 y 2028, se evaluará el impacto de estos incentivos, se analizará si cumplen con el espíritu por el que fueron redactados y, además, se dará cuenta de ello en el parlamento foral.

El impacto social

Hablamos de productoras e inversores pero, ¿cuál será el impacto social? Para concluir, Vidal cita algunas estadísticas del impacto económico de este sector que indican que por cada euro invertido en el sector audiovisual, puede retornar hasta diez a la economía del territorio. Más allá de ello, “lo importante”, opina, es que la inversión permite que las instituciones vascas tengan más capacidad para prestar un servicio. Además, esto tiene un retorno cultural, social y económico, algo que también prevé la norma, al obligar a que una copia de cada producción se deposite en la Filmoteca Vasca y a que se obtenga un certificado emitido por la institución pertinente que acredite su valor y aportación cultural.