El superviviente del fatal accidente ferroviario que el 12 de octubre acabó con la vida de tres migrantes entre Ziburu y Donibane Lohitzune ha presentado una denuncia para que se investigue lo sucedido aquella madrugada. Esta iniciativa judicial, presentada ante la Fiscalía de Baiona, baraja la hipótesis de que los cuatro migrantes fueran envenenados por la quinta persona que les acompañaba y desapareció.

Cuatro son los cargos que el abogado bordelés Gabriel Lassort, que quiere saber si hay más responsables de lo sucedido más allá de las cuatro víctimas, ha recogido en la denuncia contra "un acusado indeterminado": homicidio involuntario, poner en riesgo la vida de otra persona, heridas involuntarias provocadas al superviviente y haber administrado "sustancias nocivas".

Parte de las sospechas giran en torno a la quinta persona, según recoge Sud-Ouest, un argelino de 28 años que habría abandonado el lugar de los hechos poco antes o poco después de que el primer tren de cercanías arrollara a los otros cuatro. El rotativo galo recoge palabras de Lassort, que a su vez se hace eco del testimonio del superviviente: "Según él, es impensable que los cuatro se durmieran a la vez. Y menos en el camino. Llevaban varios días caminando juntos y se turnaban la vigilancia. Siempre se quedaba uno ojo avizor, pero esa noche, ¿se durmieron o hicieron que se durmieran?".

El quinto migrante, que podía haber hecho las veces de pasador para ayudar al grupo a pasar a Iparralde a cambio de dinero, fue detenido dos días después en Baiona. Cuestionado por la Policía, este joven arrestado meses atrás por robo aseguró que no estaba con los demás porque se despertó antes y se apartó de la zona para realizar ejercicios físicos. Cuando el tren arrolló a sus compañeros, entró en pánico. Así se explicó en el interrogatorio de Baiona, tras el que fue puesto en libertad.

"¿Su único objetivo era ayudarles a pasar o también quería quitarles sus escasos ahorros?", se cuestiona Lassort en respuesta a Sud-Ouest, donde explica que su voluntad "no es acusar a nadie, pero sí queremos respuestas".

La denuncia, a la que se han sumado las familias de Mohamed Kemal y Fayçal Hamadouche, las dos víctimas mortales cuya identificación se ha logrado, y tres asociaciones francesas que trabajan en favor de los migrantes, también apela al Estado francés por lo sucedido: "En el momento en el que la presión de los controles y la violencia de la represión en las fronteras europeas y nacionales se practica con mayor dureza contra los exiliados, ante la indiferencia casi general, las autoridades judiciales de Baiona deben arrojar luz sobre las causas exactas de estos fallecimientos y esta mutilación. Francia ya no puede ser escenario de estos dramas humanos".