La investigación de la brutal violación de una mujer en Beasain en 2019 condujo a la Ertzaintza hasta un individuo, cuyo arresto permitió relacionarlo presuntamente con otra decena de agresiones sexuales cometidas desde 2012 en Gipuzkoa. La Fiscalía pide ahora para él 24 años de cárcel por el caso que permitió detenerlo.
Tanto la acusación particular, que ejerce la víctima, como la acción popular, a cargo de la letrada Cristina Ramos en representación de la Asociación Clara Campoamor, reclaman también los mismos años de cárcel para el inculpado.
Además de esta violación, cometida el 13 de julio de 2019 en el domicilio de la víctima en Beasain, el hombre, de nacionalidad rumana, está encausado en otros dos procedimientos.
El primero de ellos una presunta violación y dos tentativas de agresión sexual ocurridas en Anoeta, Andoain y Tolosa por las que, en conjunto, se enfrenta a una petición de más de 28 años de prisión.
En el segundo, por otra presunta violación sucedida en Lasarte-Oria, el Ministerio Público pide que se le impongan once años de cárcel. Además, otro episodio similar, ocurrido en esta misma localidad se encuentra aún pendiente de ser calificado por las partes.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, en el caso de Beasain el procesado acudió de madrugada a la vivienda de la víctima y esperó en el rellano de la escalera, "vestido de negro y con la cara tapada por un pasamontañas", a que la mujer saliera para ir a trabajar.
En ese instante, presuntamente la abordó "por detrás" y la empujó al interior del domicilio, golpeándola contra una pared, al tiempo que le colocaba un trapo con cloroformo en la boca que hizo que la chica se desvaneciera "debido a los gases".
Transcurrido un tiempo, la perjudicada despertó, tendida en la cama, y, aunque se hizo la dormida, el hombre, que seguía en la habitación la descubrió y volvió a colocarle el trapo con cloroformo en la cara.
La segunda vez que la víctima recobró el conocimiento, su agresor ya no estaba en el lugar, y ella se percató de que le habían quitado el calzado y el pantalón, que sólo mantenía en una de las piernas.
Poco después, recibió en el móvil una llamada de teléfono de una compañera de trabajo a la que alertó de que había sido víctima de una violación, tras lo que varios agentes de la Ertzaintza acudieron a su casa para socorrerla.
El escrito del Ministerio Público desvela que el procesado "tenía controlados los horarios laborales de la víctima" porque una sobrina suya era compañera de trabajo de la perjudicada, cuyo hermano además había sido empleado del presunto agresor, lo que le permitió "obtener todos los datos relativos al lugar de residencia" de la chica y presuntamente preparar "con minuciosidad" la agresión "calculando hasta el último detalle".
El texto del Ministerio Público explica que, a consecuencia de la violación, la mujer sufrió distintas lesiones "violentas" en los hombros, en un pecho, las rodillas y en sus genitales, además de resultar "muy afectada" psicológicamente por lo sucedido.
El documento aclara también que en el cuerpo y en algunas prendas de la chica se hallaron "restos de semen" con un "perfil genético de marcadores" que "coincide" con el del acusado.
Igualmente, la Ertzaintza recogió "restos dactilográficos" que dieron "un resultado positivo a las huellas" del procesado en el domicilio de la víctima, donde el hombre "nunca había estado antes", mientras que el estudio de la actividad del teléfono móvil del varón lo sitúa mediante geolocalización en la zona y en el momento en el que sucedieron los hechos.
Las tres acusaciones consideran que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de violación, otro de lesiones y un tercero de detención ilegal por los que además de las citadas penas de cárcel reclaman que el hombre permanezca diez años en situación de libertad vigilada cuando sea excarcelado, y que indemnice a su víctima económicamente por los daños sufridos.
