- La Fiscalía de Gipuzkoa reclamó ayer imponer al presunto parricida de Soraluze una medida de seguridad de internamiento máximo de catorce años en un centro psiquiátrico penitenciario, así como cinco años de prisión menos un día, por un delito de homicidio.

En su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Efe, el Ministerio Público pidió que se aplicara la agravante de parentesco al procesado, así como la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

Recordó para ello que al hombre, que tenía 33 años cuando sucedieron los hechos, le han sido diagnosticados un trastorno esquizofrénico y un trastorno “mental y de comportamiento” debidos “al consumo de tóxicos, con aparición de síntomas psicóticos”.

Según el documento de la Fiscalía, los hechos, que serán juzgados por un tribunal del jurado, se produjeron “en un momento indeterminado, entre las dos y las tres de la madrugada del 16 de marzo de 2020, cuando el acusado se encontraba en compañía de su madre”, de 74 años, en el domicilio en el que ambos convivían en la citada localidad guipuzcoana, e inició una discusión con su progenitora.

Durante la disputa, el hombre presuntamente “comenzó a ejercer una fuerte presión en el rostro de su madre”, que se encontraba tumbada en la cama de su habitación, hasta que supuestamente “provocó la sofocación” de la mujer por oclusión de sus vías respiratorias, “desencadenando su fallecimiento por anoxia cerebral”.

Seguidamente, el inculpado salió a la calle “con las manos ensangrentadas y comenzó a gritar con tal intensidad que los vecinos avisaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, a cuyos agentes el procesado les explicó que “había un cadáver en su casa y que había hecho algo malo”.

Al lugar se movilizaron los servicios médicos y forenses, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, así como una comitiva judicial y efectivos de investigación y de la Policía Científica de la Ertzaintza.

El hombre fue detenido por estos hechos y trasladado ante la autoridad judicial, que decretó su prisión incondicional sin fianza, si bien con posterioridad, el 1 de abril, acordó su traslado a un hospital psiquiátrico.

Según informaron a Efe entonces fuentes municipales, el acusado es un agente de la Policía Local de Elorrio (Bizkaia), motivo por el que la Asamblea Feminista de esta población convocó una cacerolada en los balcones como protesta por el crimen.

Además, los ayuntamientos de Elorrio y Soraluze condenaron el asesinato y el Ararteko lo calificó de “crimen machista”.