Giro en el 'caso Zestoa'. La Fiscalía ha retirado las acusaciones contra la vecina de Zestoa a la que su expareja denunció por coacciones para que renunciara a la custodia compartida del hijo de ambos tras la declaración de la mujer en la que ha relatado ser víctima de malos tratos.
El juicio contra esta mujer, para la que el fiscal pedía inicialmente tres años de cárcel por un delito continuado de coacciones y otro contra la integridad moral, y contra otras cinco personas, entre ellas el actual alcalde de Zestoa (EH Bildu), ha celebrado este jueves su penúltima sesión en un juzgado de lo Penal de San Sebastián.
El fiscal ha señalado que retira la acusación de todo cargo a la mujer por "el estado de miedo insuperable" y, mantiene la acusación de coacciones al resto de acusados aunque, en "lógica consecuencia", elimina la pena de prisión y rebaja la multa de 30.000 a 15.000 euros.
Declara maltrato
En octubre de 2018 la expareja de la mujer presentó una denuncia en la que señalaba que, tras la ruptura sentimental en 2016, comenzó a correr por el pueblo, de 4.000 habitantes, el rumor de que era un "maltratador, un drogadicto y un alcohólico" e incapaz de cuidar a su hijo.
Asimismo acusó a los procesados de haber creado un "grupo de presión" que se hacía llamar "escolta social" para acompañar a su exmujer en las entregas y recogidas del niño, durante las cuales recibió insultos y fue grabado en vídeo.
La procesada ha señalado que no denunció los hechos "por miedo", pero sí ha recibido atención de los Servicios Sociales de San Sebastián, la Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la Diputación de Gipuzkoa y de la Ertzaintza.
Durante su declaración ha indicado que desde el inicio de su relación el hombre se mostró "muy celoso", por lo que ella dejó de salir con sus amistades, y también "controlador", al extremo que tenía que dejar su teléfono móvil para que él revisara sus mensajes.
El embarazo, en 2015, supuso un "salto cualitativo" en la violencia que ejercía, ha precisado. Aunque en un principio se mostró ilusionado, el padre del niño le acompañó una única vez al médico y en esa ocasión solo preguntó al ginecólogo si podía darle alguna hormona "para que tuviera ganas de mantener relaciones sexuales, pero no se interesó por el bebé".
La acusada, para la que la representación legal de su expareja mantiene los cargos, ha manifestado cómo, ante las informaciones sobre violencia de género en la televisión, él reaccionaba afirmando que "las mujeres eran todas unas putas y unas manipuladoras".
Ha señalado que vivió, "episodios" durante la crianza que son "totalmente incompatibles con el cuidado de un niño".
La mujer ha dicho que muchas veces, cuando el padre llegaba "a las cinco de la mañana", "bebido y fuera de sí", despertaba al bebé y ante el llanto de ella "él se reía".
En noviembre de 2016 decidió romper la relación e irse a vivir a casa de su madre, una situación en la que pudo "sostenerse" gracias "al acompañamiento" de su familia y de las amigas, tres de las cuales están también procesadas.
"En ese momento no era capaz de hablar de malos tratos solo de conductas inapropiadas", ha reconocido la mujer, que ha indicado que aunque su entorno le recomendaba que interpusiera una denuncia.
"Si era capaz de hacerme todo esto sin denuncia, qué sería capaz de hacer con denuncia. Tenía mucho miedo", ha indicado.
"No hubo presión social"
El alcalde de Zestoa, Mikel Arregi, ha señalado que en el momento de los hechos era concejal en la oposición y ha reconocido que durante 20 años fue amigo del denunciante, con el que compartía además militancia en la izquierda abertzale.
Según ha contado, cuando tuvo conocimiento de que su amigo había sido abandonado por su pareja y del estado emocional de ella le propuso, en un tono amistoso, que el niño se quedara con su madre los primeros meses, con el objetivo de no judicializar el caso, pero este lo rechazó.
En cuanto al informe de los servicios sociales que redactó el Ayuntamiento de Zestoa, ha señalado que la comisión de Bienestar Social municipal, en aquel momento presidida por PNV, votó por unanimidad que había que modificarlo por "falta de imparcialidad" ya que el querellante trabajaba en el consistorio y su abogada "había sido asesora municipal durante 15 años".
Arregi ha rechazado que existieran un presión social en Zestoa hacia el demandado y ha concluido que "se ha faltado a la verdad".
