- La Audiencia de Gipuzkoa juzgará la próxima semana a los propietarios de un bar donostiarra a los que la Fiscalía acusa de diferentes delitos de insolvencia punible para presuntamente defraudar casi 450.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fiscalía reclama cuatro años de reclusión para cada uno de los procesados, un matrimonio que regenta el citado establecimiento hostelero desde el año 1983 y que será juzgado entre el lunes y el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los inculpados habrían creado de forma sucesiva "un conglomerado de sociedades mercantiles instrumentales, utilizándolas como pantalla para difuminar el dominio propio" del bar, que era el "generador" a lo largo de los años de una "importante deuda" con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El documento aclara que los inculpados habrían actuado de esta manera "con el fin de dilatar, eludir e impedir los embargos procedentes de las diferentes deudas vencidas, exigibles y acumuladas" frente a este organismo.

La Fiscalía considera que la "sucesión empresarial" por parte del acusado varón -del que su esposa sería "cooperadora necesaria"- "en la titularidad, llevanza y gestión" del mismo bar presuntamente "sólo obedeció" desde el inicio a intentar "impedir" los "numerosos expedientes administrativos y sus posteriores embargos" para el cobro de la deuda acumulada con la Seguridad Social, en cuya Tesorería supuestamente dejaba de ingresar las cuotas correspondientes tras descontar las nóminas de los trabajadores.

En cuanto a la mujer, el escrito precisa que presuntamente era la encargada de asumir "la gestión en el día a día de las recaudaciones de caja", a la vez que pagaba los salarios de los trabajadores "siempre en metálico y en mano", así como a los distintos proveedores.

Asimismo, la acusada habría colaborado presuntamente con su esposo en "la gestión de los beneficios procedentes de la explotación" del bar, contribuyendo supuestamente "al consensuado impago" y a la generación de la deuda con la Seguridad Social.

Por todo ello, la Fiscalía considera al hombre responsable de un delito continuado de insolvencia punible por el que reclama para él cuatro años de cárcel y una multa de 7.200 euros.

Asimismo, imputa a la mujer dos delitos de insolvencia punible, uno en concepto de autora y otro de cooperadora necesaria.