Una jueza que se define a sí misma como “de tropa” ha abierto desde Gran Canaria una brecha de consecuencias difíciles de calcular en el armazón legal de los Centros de Internamiento para Extranjeros, al lograr una sentencia europea que prohibe recluir a aquellos inmigrantes que pidan asilo.

La sentencia fue dictada el 25 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha pasado casi desapercibida, porque todos los CIE del país estaban cerrados desde el período del estado de alarma para prevenir brotes de covid, pero sus efectos comienzan a verse ahora que el Ministerio del Interior ha reabierto los dos de Canarias para retomar las expulsiones en cuanto sea posible.

Y son contundentes: la semana pasada, una jueza de Santa Cruz de Tenerife ordenó que no se enviara al CIE de Hoya Fría a 31 inmigrantes llegados a la isla tras escuchar de su propia boca que querían solicitar protección internacional, y hace dos días, el juez al cargo del CIE de Barranco Seco acudió en persona al centro para informar de sus derechos a sus 42 internos. Como resultado, 30 le dijeron al juez que querían protección internacional, lo que hizo que este se lo comunicara a la Policía para que abriera el expediente correspondiente y anunciara que deberán salir del centro.

Y todo por el tesón de Pilar Barrado, una jueza ahora destinada en Sabadell (Barcelona) que durante su paso por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana se empeñó en que ella “no podía obviar las irregularidades” que percibía desde su llegada en las derivaciones de inmigrantes al CIE, amparadas la mayor parte de las veces por un “esto se ha hecho siempre así, señoría”.

En materia de pateras, el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana no es un destino cualquiera, sino que tiene a su cargo el punto de entrada de inmigrantes a Canarias más importante desde hace dos años: el puerto de Arguineguín.

A la jueza Pilar Barrado le preocupaba cómo enfrentarse a las comparecencias de los inmigrantes cuando llegó a la plaza, entre otras cosas, porque en un mismo día pueden juntarse varias pateras o que Salvamento Marítimo remolque a Arguineguín a un cayuco con más de un centenar de personas. “Yo tengo que actuar con criterios de legalidad, no puedo dejar pasarlo porque sean los más pobres, no puedo obviar esta situación y ponerme la legalidad por montera”, defiende la jueza.