Una auditoría externa confirma las irregularidades en las ayudas a somoto

sin control financiero "No ha existido un control financiero del importe de la ayuda justificada y la consecuente necesidad de solicitar el reintegro de la ayuda no justificada", señala la auditoría como la primera de las incidencias que identifica relativas al cumplimiento de la legislación vigente.

Durante el citado periodo se destinaron un total de 2,5 millones de dólares americanos en ayudas de cooperación -que a un cambio de 1,3 serían casi 2 millones de euros- a tres entidades: la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS) -que se reconvirtió a principios de 2009 en la Fundación Somoto después de once años recibiendo dinero sin tener identidad jurídica-, la Asociación de Desarrollo Comunitario (Asodecom) y a la propia Alcaldía del municipio nicaragüense.

La auditoría constata que no fue hasta 2009 cuando se comienza "a analizar la liquidación/justificación de las ayudas", coincidiendo también con la contratación de un técnico de cooperación. Hasta ese momento, haciéndose eco de los diversos informes desfavorables que realizó el interventor municipal, la auditoría recalca que "no se comprobaba la efectiva y correcta aplicación por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas a la cooperación de las subvenciones concedidas". De modo que un dinero destinado al fortalecimiento de las capacidades productivas de los ganaderos en 2006 se imputa a gastos de personal no previstos, sin adquirir "ninguna vaca"; o se produce un "cambio de destino en el proyecto de autoconstrucción de 40 viviendas urbanas".

Es más, con base en a los informes de fiscalización de las ayudas entre los años 2005-2008, se concluye que las tres entidades deberían haber devuelto subvenciones por un valor de 516.012,35 euros, es decir, el 36,56% de lo concedido por Lasarte-Oria, por diversas razones, aunque, sobre todo, por no justificar los gastos con facturas, sino con contratos, que solo obligan pero no demuestran que se hayan llevado a cabo lo estipulado.

También es llamativo cómo se recalca que no se pudo llevar a cabo la rendición de cuentas de los proyectos porque los fondos que concedió el Ayuntamiento "no se depositaron ni en cuentas específicas del ejecutor ni del proyecto, lo que nos impidió determinar la razonabilidad del efectivo disponible y el uso eficiente del mismo". "Estos dineros fueron depositadas en su mayoría en cuentas a nombres de personas naturales", añade la empresa donostiarra en su informe.

También considera "importante señalar" que "la documentación a la que hemos tenido acceso de justificación de las subvenciones no tiene por lo general el correspondiente sello de entrada del registro municipal" como exige la ley.

sin regulación Esto tiene mucho que ver con la gestión personalista que Ana Urchueguía hizo de las ayudas de cooperación, que tuvo como punto álgido en noviembre de 2000, cuando asumió, en exclusiva, mediante un decreto de Alcaldía, la gestión de las ayudas, informando a las contrapartes nicaragüenses que solo deberían responder ante ella por las subvenciones. De ahí que, como señala la auditoría, estas aportaciones para cooperación "no estaban reguladas a través de una ordenanza municipal" -que no se aprobó hasta 2011-, sino por "decretos de Alcaldía". Es decir, se trata de dinero que se concedía "de forma directa sobre la base de razones de interés público, social, económico o humanitario".

En este sentido, también hay que decir que la propia Urchueguía adquirió una finca a la ONG que tutelaba, Asodecom, de un millón de metro cuadrados, hecho que en su comparecencia en el Parlamento Vasco reconoció como "error" tras "negar" su existencia en una entrevista con este periódico.

sin personalidad jurídica Desde el principio, otra de las irregularidades detectadas, ya en 1997 por el propio interventor municipal, fue que la Oficina de Hermanamiento no contara con personalidad jurídica, un hecho que, a pesar de ser conocido por el Gobierno socialista, no fue corregido hasta 2009.

Durante todo este tiempo se envió 1,57 millones de dólares a una oficina que, para empezar, no dispone del número de identificación para abrir una cuenta bancaria, por lo que el pago tuvo que realizarse bien "en las cuentas de alguna entidad jurídica (Ayuntamiento de Somoto)" o bien "de personas físicas".

Otra de las consecuencias de esta mala praxis que detecta la auditoría es que "la subvención concedida en el ejercicio 2001 por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria a OHLOS para la compra de un inmueble acabó siendo aplicada por el Consistorio para la compra del citado inmueble".

sin competencia Esta última es otra de las irregularidades que destaca el informe, cuando la propia Urchueguía en nombre del Ayuntamiento, adquiere la futura oficina de OHLOS por un valor de 12.000 dólares americanos (2,16 millones de las antiguas pesetas). Se constata que se desconoce el procedimiento por el cual la entonces alcaldesa "dispone de unos fondos teóricamente transferidos a OHLOS", así como las personas jurídicas y físicas titulares de la cuenta bancaria de OHLOS.

Además, con posterioridad, se procede a la cesión del local, una vez más, mediante decreto de Alcaldía, es decir, "sin que conste el correspondiente expediente de cesión y el acuerdo plenario".

sin acuerdo previo La última incidencia es el "la contratación de Eddy Ramón Jiménez" en 2001 como administrador/coordinador de OHLOS, un contrato que la auditoría señala que "incumplió la legalidad vigente", puesto que fue contratado directamente por la propia Urchueguía, como si fuera uno más de la plantilla del Consistorio, sin que su puesto se reflejara en el presupuesto municipal o en la relación de puestos de trabajo. Será este, junto con otros hombres como Ramón Aquiles García, director de proyectos, y el alcalde de Somoto, Marcio Rivas, los que, según las investigaciones de este periódico, manejarían las cuentas de OHLOS.

siguientes pasos Esta auditoría es fruto de la voluntad de Bildu, PNV y PCLO de intentar esclarecer lo ocurrido con las ayudas más allá de la Comisión de Investigación que se formó al término de la anterior legislatura. Aconsejado por el abogado penalista Miguel Castells, el Ayuntamiento contrató una auditoría externa, cuyos resultados fueron dados a conocer a los grupos el pasado martes. Ahora, con el informe en la mano, están a la espera de que el letrado se pronuncie para decidir si adoptan medidas legales y de qué tipo por la gestión de las ayudas de cooperación que se llevó a cabo por el PSE al frente del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

No ha existido control financiero del importe de la ayuda justificada y la consecuente necesidad de solicitar el reintegro de la ayuda no justificada. Hasta que no se contrató un técnico responsable del área de cooperación, el Ayuntamiento no comenzó a analizar la justificación de las ayudas. Falta de personalidad jurídica de OHLOS. Que la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria en Somoto no tenía la identidad jurídica exigible por ley para recibir las ayudas era conocido desde 1997, lo que no impidió que hasta 2009 no adquiriera ese requisito. Durante este tiempo, fueron las cuentas de instituciones como el Ayuntamiento de Somoto o de personas físicas las que recibían el dinero de las subvenciones.

Falta de competencia por parte de Alcaldía en determinadas decisiones de compra y cesión de bienes. Al no tener personalidad jurídica, OHLOS no pudo adquirir un nuevo local para el que había recibido una ayuda, lo que hizo que la compra se realizara de manera directa por parte del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, quien luego lo cedió sin el expediente correspondiente o el acuerdo plenario que lo respaldase,Deficiencias en la concesión de ayudas. Hasta 2011 las ayudas no estuvieron reguladas por una ordenanza municipal y, en el caso de las subvenciones a OHLOS, Asodecom y la Alcaldía de Somoto, fueron "aprobadas por decretos de Alcaldía" de los que no se daban cuenta en los Plenos municipales, aunque sí en la Comisión de Servicios Sociales, aunque no constaba "una definición del alcance de los proyectos ni de los gastos elegibles ni las obligaciones del beneficiario de la ayuda en cuanto a forma, plazo y contenido de las justificaciones".

Incumplimiento de la legalidad vigente en la formalización de un contrato de trabajo. Urchueguía incurrió en una legalidad al contratar directamente como personal eventual a Eddy Ramón Jiménez para ser coordinador de la Oficina de Hermanamiento, como si formara parte del personal municipal, aunque oficialmente no se daba cuenta de ello ni en los presupuestos ni en la relación de puestos de trabajo