Los socios del Govern discrepan sobre cómo sufragar las fianzas del Tribunal de Cuentas

Junts pide que la Generalitat pague los 5,4 millones de euros mientras que ERC propone reactivar la caja de solidaridad

06.07.2021 | 01:14
Elsa Artadi y Pere Aragonès, en una comparecencia cuando la dirigente de Junts ejercía de portavoz del Govern. Foto: Efe

donostia – El pago de las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la Generalitat provoca las primeras discrepancias entre los socios del Govern. Mientras Junts pide que sea el Ejecutivo catalán quien avale las multas, Esquerra propone que se reactive la llamada caja de solidaridad promovida por las entidades soberanistas. El gabinete de Pere Aragonès estudia cómo hacer frente a este abono con distintas alternativas aunque ninguna de ellas asegura poder proceder a ello. Una posibilidad es que se hiciera a través del Institut Català de Finances (ICF), como lo planteó el exconseller afectado Andreu Mas-Colell, pero al no tener ficha como banco no puede avalar a particulares pese a que hace años se encargó en transformar el ICF en banco público. Los servicios jurídicos analizan si es factible esta opción en la medida en que los perjudicados están acusados por el órgano contable no como particulares, sino por los cargos públicos que ocuparon.

Otro enganche sería recurrir a la aseguradora contratada por la Generalitat pero en otoño del 2017 ya se quiso que se responsabilizara de las defensas de los miembros por el 1-O y los seguros denegaron entonces la cobertura. Algo similar le ocurrió a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, que vio cómo la compañía contratada por el Ayuntamiento de Madrid también rechazaba hacerse cargo de su defensa por un procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas. Asimismo, el propio Govern baraja hacerse cargo del montante de 5,4 millones de euros ya que debería ser, en última instancia, la receptora de las cantidades reclamadas, por lo que tendría plena potestad para disponer de ellas incluso para decidir que permanecieran en manos de los afectados.

Otra solución, como con los pagos derivados de sentencias sobre el 1-O y el 9-N, sería recurrir a la citada caja de solidaridad, que según su presidente, Pep Cruanyes, hasta ahora ha destinado catorce millones de euros a "causas represivas" contra el independentismo. Pero hoy no podría hacer frente a ese agujero a no ser que dispusiera de los cuatro millones que considera que debería devolver el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, ya que otros cuatro millones se pagaron por los mismos conceptos derivados del 1-O al Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, Aragonès se ve en la tesitura de cumplir con su promesa de "estar al lado" de los afectados –entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs y Raül Romeva– en tanto que han sido representantes de la máxima institución de autogobierno de Catalunya. JxCat reclama abiertamente que la Generalitat avale la liquidación. Su portavoz, Elsa Artadi, afirmó ayer que el Govern debe dar "un primer paso contundente" y hacerse cargo "sin fisuras" de las fianzas ya que los afectados actuaron "en nombre y siguiendo directrices políticas" del Ejecutivo catalán. El Govern tiene margen hasta el 21 de julio para encontrar la fórmula pero "la posición de Junts es firme".

Por contra, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, apunta a reactivar la caja de solidaridad. "Es importante que se demuestre la solidaridad y que el Govern pueda hacer en función del margen que tenga", explicó, aduciendo que considera importante trabajar en múltiples vías. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, reconoció que "debemos estar a su lado y próximamente explicaremos la respuesta concreta" del Govern. Cualquier movimiento puede ser observado con lupa por la Justicia española.

La ANC también exigió a la Generalitat que "defienda y cubra hasta el último céntimo" de los acusados, y avisó a Aragonès que, de no hacerlo, sentaría un "precedente" que menoscabará la "credibilidad" de la Generalitat. "Traspasar la responsabilidad a la sociedad civil debilita al movimiento independentista y puede incentivar un aumento de la represión económica", advirtió en un comunicado. Por su parte, el PDeCAT ha abierto una cuenta corriente para hacer aportaciones pero solicitó al Govern una solución "a la altura para paliar y anular esta persecución. No podemos dejar que sean héroes".

carme forcadell

echa el freno a la vía unilateral

"Dolor y frustración". La expresidenta del Parlament Carme Forcadell aseguró ayer que la vía unilateral creó "dolor y frustración" porque "no fue bien", y avisó de que no ve que ahora "las circunstancias sean muy diferentes", por lo que defendió "explorar" la vía de negociación con el Estado durante dos años. Forcadell no se arrepiente "de nada" de lo que se hizo, pero sí que ha hecho "autocrítica" de algunas cosas, como por ejemplo, "de que teníamos que haber sido más empáticos con las personas que sin ser independentistas sí que son favorables a la autodeterminación". Sobre la mesa de diálogo, la expresidenta del ANC indicó en RAC1 que espera que "haya valentía por parte de ambas partes, sé que es difícil, pero espero soluciones". Asimismo, recomendó a Pedro Sánchez no hablar "nunca jamás" respecto al referéndum de autodeterminación. "Las cosas cambian, y las posturas también pueden cambiar, aunque se debe trabajar para que eso ocurra", zanjó.

"El Govern debe hacerse cargo de ello sin fisuras ya que actuaron siguiendo sus directrices políticas"

elsa artadi

Portavoz de Junts

"Es importante la solidaridad; el Govern actuará en función del margen que tenga"

marta vilalta

Portavoz de Esquerra

"El Govern debe estar a la altura para anular esta persecución, no podemos dejar que sean héroes"

àngels chacón

Secretaria general del PDeCAT

"Traspasar a la sociedad civil la responsabilidad debilita al movimiento independentista"

AssEmblea nacional catalana

Comunicado oficial

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