La exalcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, deberá comparecer de nuevo ante la justicia por presunta prevaricación y malversación de los fondos que el Ayuntamiento lasarte-oriatarra destinaba a la localidad nicaragüense de Somoto, después de que la Audiencia de Gipuzkoa resolviera el lunes reabrir el denominado 'caso Somoto'.
El auto de reapertura fechado en este lunes y dado a conocer por Naiz argumenta que la oficina de hermanamiento entre la localidad guipuzcoana y Somoto, entidad por la que se canalizaban los fondos, carecía de entidad jurídica; y que el personal que trabajaba en dicha institución tenía capacidad para abrir y cerrar cuentas bancarias sin mayor fiscalización, ya que lo gestionaba la propia Urchueguía mediante decreto.
La decisión inicial de la justicia fue archivar el caso, aunque tanto el Ayuntamiento, con los votos de EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos, y la acción popular presentaron en febrero de 2020 recursos que ahora han quedado resueltos.
El caso se conoció gracias a un trabajo de investigación que publicó NOTICIAS DE GIPUZKOA a comienzos de 2011, cuando el Gobierno liderado por Patxi López había enviado a Urchueguía como responsable de la delegación de la SPRI en Chile y Perú en marzo de 2010.
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El interventor municipal llegó a elaborar 35 informes demoledores en los que se aseguraba que al menos casi el 40% del dinero enviado entre 2005 y 2008 a la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS), a la Alcaldía de la localidad nicaragüense y a la Asociación de Desarrollo Comunitario no llegó a los fines que se proponían.
La auditoría que encargó el Ayuntamiento, una vez las elecciones municipales de 2011 pusieron fin a dos décadas de gobierno del PSE, reveló que entre el año 2000 y 2010, se destinaron un total de 2,5 millones de dólares americanos en ayudas de cooperación -que al cambio de entonces serían casi 2 millones de euros- a tres entidades: la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS) -que se reconvirtió a principios de 2009 en la Fundación Somoto después de once años recibiendo dinero sin tener identidad jurídica-, la Asociación de Desarrollo Comunitario (Asodecom) y a la propia Alcaldía del municipio nicaragüense.
