- El Gobierno español se muestra dubitativo en su reacción al encarcelamiento de Pablo Hasél y no critica abiertamente la condena de los tribunales al rapero, en un caso que ha cobrado relevancia internacional y pone en duda el derecho a la libertad de expresión en el Estado español. Para intentar desviar la atención sobre las penas de prisión a artistas, Moncloa trata de poner el foco en los disturbios que se produjeron la noche del martes en protestas de solidaridad con Hasél.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado al respecto por la portavoz de Junts Miriam Nogueras; evitó pronunciarse sobre la prisión a Hasél y aprovechó la ocasión para atacar duramente a JxCat comparando su discurso de “odio y xenofobia” con el de Vox. Sobre el rapero, ni una sola palabra por parte de Sánchez.
Sí se pronunció sobre este asunto la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que rechazó “discursos trileros” sobre las condenas de prisión de Pablo Hasel y subrayó que el derecho fundamental de la libertad de expresión tiene sus límites y que, en todo caso, no se debe defender con violencia. De esta forma, Calvo ve con mayor preocupación los disturbios en las protestas que el encarcelamiento en sí del artista catalán.
Calvo respondió así en la sesión de control en el Congreso a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Inarritu, quien aseguró que el Estado español tiene “el récord de artistas detenidos y perseguidos”, pues al caso de Hasel se unen los de Valtonyc, tuiteros y titiriteros procesados en la Audiencia Nacional. A su juicio, todo ello es “una anomalía que no tiene sentido” y que hace imposible la etiqueta de una democracia plena.
Calvo, cuya respuesta no fue aplaudida por el vicepresidente Pablo Iglesias, reiteró la intención del Gobierno de acometer, “a la mayor brevedad posible”, la reforma de los delitos de opinión para evitar penas de cárcel, pero no criticó en ningún momento la prisión para Pablo Hasél.
Es más, recalcó en su respuesta a EH Bildu que ni siquiera la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, puede defenderse con violencia, “de ninguna manera”.
Así las cosas, la parte socialista del Gobierno se inclina por una reforma a medio plazo de los delitos de opinión o de injurias contra la corona, mientras que la parte de Unidas Podemos ve urgente un indulto para Pablo Hasél.
Así lo planteó ayer el diputado morado Gerardo Pisarello, que reclamó la medida de gracia para corregir la “vergüenza democrática” que a su juicio supone el encarcelamiento de un artista. Pisarello dejó claro que existe en la sociedad un “rechazo a esta anomalía” que deriva de tener “normas” en el plano jurídico que permiten actuar contra artistas por tener “opiniones contrarias a la monarquía o la libertad de expresión”.
Por otra parte, los rectores de las universidades públicas catalanas defendieron ayer la libertad de expresión, alertaron de que este derecho está “seriamente amenazado” en el Estado, y apostaron por reformar el Código Penal para ejercer la libertad de expresión “en su máxima amplitud”.
“La fortaleza de un estado democrático se mide por su capacidad para aceptar la crítica y la disidencia, incluso la más descarnada”, suscriben todos los rectores de las universidades públicas catalanas en un comunicado conjunto publicado tras el encarcelamiento de Pablo Hasel.
“El derecho fundamental de la libertad de expresión tiene sus límites”
Vicepresidenta primera del Gobierno
“La sociedad rechaza esta anomalía de tener normas que permiten actuar contra artistas”
Diputado de Unidas Podemos
