- El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación avaló el pasado mes de septiembre las tres últimas delegaciones de la Generalitat en el exterior con un informe en el que advertía expresamente de que si éstas no respetaban la ley y el orden competencial “el Estado podría intervenir con todos los medios que el ordenamiento jurídico pone a su alcance”: un conflicto de competencias ante el Constitucional o los tribunales de lo contencioso administrativo. La advertencia llega al final de un informe en el que Exteriores enumera una serie de conductas perjudiciales “innegablemente al interés general de España” en los meses anteriores. No obstante, el informe opina que las delegaciones del Govern están teniendo “una nueva actitud”, distinta a la que demostraban cuando el Ministerio informaba en contra de ellas.

A juicio de Exteriores, en 2020 las oficinas “han tenido cuidado para que su actividad no entre en colisión con los principios y las obligaciones” de la Ley de Acción Exterior, “a pesar de que el objetivo principal de la acción de la Generalitat siga siendo el mismo y no cese de proclamarlo”, dice el informe. De hecho, enumera varias acciones de las oficinas que “ignoraban” al menos dos directrices de la Ley de Acción Exterior: el principio de lealtad institucional, coordinación y cooperación, y el principio de servicio al interés general “de forma que toda acción exterior se oriente a la defensa de los intereses y la promoción de la imagen de España”. Recoge, por ejemplo, que las delegaciones difundieron declaraciones de Quim Torra poniendo en duda la calidad de la democracia española en la vista para su inhabilitación y otras del conseller Bernat Solé pidiendo a Moncloa que cumpla con la opinión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Cita también una entrevista del delegado en los Balcanes, Eric Hauck, y un boletín de la delegación en Londres que decía que pese a la pandemia “las fronteras con Francia y España” siguen abiertas.

El informe reconoce que puede alegarse que las webs solo recogían unas declaraciones, igual que hicieron los medios, y que Hauck hacía uso de su libertad de expresión. No obstante, menciona jurisprudencia, inclusive del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para recalcar que cabe limitar la libertad de expresión para garantizar la neutralidad política de los empleados públicos.