Urkullu adelanta las elecciones al 5 de abril para evitar una "campaña permanente"

Pone fin a la legislatura porque la oposición no aprobará las leyes, y sincroniza el periodo electoral y de formación de gobierno con el impás en las cuentas de Sánchez a raíz de los comicios catalanes para rebajar los efectos de un retraso

11.02.2020 | 06:20
El Lehendakari Iñigo Urkullu durante su comparecencia ayer en Gasteiz para anunciar que las elecciones autonómicas vascas se celebrarán el próximo 5 de abril.

Donostia - El lehendakari confirmó ayer un secreto a voces. Iñigo Urkullu compareció ante los medios de comunicación arropado por los miembros de su Gobierno para anunciar de manera oficial un adelanto de las elecciones vascas para el 5 de abril. La decisión se la comunicó ayer mismo a sus colaboradores tras haber rumiado durante el fin de semana la oferta que le lanzaron in extremis sus socios presupuestarios de Podemos para que la legislatura aguante hasta otoño, pero el lehendakari no ha visto agua en la piscina ni garantías reales de que se apruebe la mayor parte de la producción legislativa, empezando por la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos. El lehendakari se reunió el viernes con el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, y varios consejeros sondearon también a la coalición de izquierdas para concretar su oferta en cada una de las 29 iniciativas pendientes, pero no vieron un colchón suficiente ni margen para que la legislatura siga porque Podemos no se compromete con la mayor parte de las leyes, y existe el riesgo de que PP y EH Bildu pidan alargar los plazos de las normas en las que el partido morado sí se ofrece a hablar. Es más, Urkullu ha detectado una vocación de bloqueo en PP y Bildu. Con esa decisión ya madurada, Urkullu argumentó el adelanto en la necesidad de evitar una campaña "permanente" porque la oposición ha entrado en una dinámica preelectoral que va a impedir sacar mayor provecho a lo que queda de la legislatura y encarrilar leyes en el Parlamento Vasco, de manera que estirar el chicle hasta octubre supondría dejar pasar el tiempo en balde.

Urkullu afronta estas semanas en una situación de tranquilidad porque tiene los presupuestos aprobados, pero quiere mantener al mínimo el periodo de incertidumbre e inacción en Euskadi. Además, en el mismo sentido, cree que lo más oportuno es que haya un nuevo gobierno cuanto antes, en julio. Así, podría aprobar las directrices presupuestarias antes de las vacaciones de verano y afrontar el nuevo curso en otoño sin perder más tiempo. También podría sincronizar los relojes con el Estado para negociar las transferencias, unas conversaciones que van para largo y que entrarán precisamente en su fase decisiva en otoño, de manera que lo menos invasivo en ese proceso sería ir a las elecciones en abril y no en octubre, en línea con los argumentos adelantados por este diario. Se refirió de un modo menos explícito y directo a la forma en que las elecciones catalanas pueden provocar una situación de parálisis en el Estado hasta que comience el otoño, lo que puede contribuir a que los meses que quedan hasta ese momento no sean muy productivos y que se retrasen los presupuestos estatales, claves para engarzar la agenda vasca.

Evitó citar como la principal razón del adelanto su deseo de evitar que coincidan las elecciones catalanas con las vascas, y dio un rodeo para poner el foco en que lo verdaderamente importante es la forma en que los comicios catalanes pueden condicionar el margen de maniobra de Sánchez. Por ello, y sobre todo por el clima preelectoral en el Parlamento Vasco, Urkullu ha decidido cortar de raíz la legislatura: "El adelanto se convoca en beneficio de la sociedad vasca. Ahorramos a la ciudadanía una campaña electoral permanente, de ocho meses, y la reducimos a dos".

El lehendakari ha tenido tiempo para sondear a Lander Martínez, quien tenía intención de hablar sobre las leyes de igualdad o juventud, pero esos árboles no le han impedido ver el conjunto del bosque: que Podemos no quiere negociar la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y propone reiniciar el debate desde cero en la próxima legislatura. En el nuevo estatus de autogobierno, no hay margen para registrar una proposición de ley mientras no se celebren unos comicios que atenazan a varios partidos por el temor a sufrir un coste electoral; y la Ponencia de Memoria y Convivencia se encuentra en una situación similar desde hace casi un año. De los 29 proyectos o proposiciones de ley, el Gobierno Vasco cree que solo dos podrían ser aprobados, seis más tendrían alguna posibilidad y 21 no serían aprobados en ningún caso, según el argumentario que maneja el lehendakari.

MAYORÍA ABSOLUTA Urkullu ha decidido poner fin a la legislatura y disolver el Parlamento para no caer en una vorágine de plenos sin producción y marcados por interpelaciones que traten de desgastar a su gobierno con el caso De Miguel o las adjudicaciones de Gogora. Se le preguntó directamente si está buscando una mayoría absoluta de PNV y PSE tras las elecciones y, aunque hizo lo posible por evitar que se interprete el adelanto como algo ventajista o caprichoso, sí admitió que la fuerza que tengan esos dos partidos en el Parlamento quedará en manos de los vascos en la cita con las urnas, y que una mayoría absoluta supondría evitar el bloqueo legislativo. Eso sí, aclaró que el pacto es una virtud y que lleva practicándolo desde su acceso a Ajuria Enea en 2012. En cualquier caso, este adelanto electoral llega en un momento de fortaleza para el PNV (tras encadenar varias victorias electorales en torno a los 400.000 votos en las generales y en las municipales y forales), y para el PSE, que puede beneficiarse del efecto Sánchez. Algunas encuestas vaticinan la mayoría absoluta de los dos socios de gobierno, con EH Bildu muy lejos de disputar la hegemonía a los jeltzales, y con grandes dificultades para articular una mayoría alternativa de izquierdas con Podemos y el PSE por la desconfianza mutua y por su relato sobre la violencia de ETA.

Ya no hay vuelta atrás. El consejero Josu Erkoreka remitió ayer a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, una comunicación para disolver la Cámara y anunciarle que hoy se publicará el decreto en el boletín oficial. Es un paso necesario por ley, para que comience a correr el plazo de 54 días para celebrar las elecciones y que sean el 5 de abril, Domingo de Ramos, el único día posible antes de entrar en la quincena vacacional de Semana Santa. Urkullu puso a rodar el balón el martes pasado, con la deliberación en el consejo de gobierno.

Urkullu aseguró ayer que "el clima electoral se ha instalado en Euskadi" y que "la dinámica iniciada en el Parlamento Vasco va a hacer muy difícil avanzar en los proyectos". A su juicio, "Euskadi gana tiempo para afrontar desde la certidumbre y el consenso los retos de futuro". Además, añadió que a partir del 5 abril se inicia una nueva etapa que va a "permitir alinear el programa a la realidad institucional de los ayuntamientos y diputaciones recién constituidas", al Gobierno español ya en marcha, y a Europa. Por último, puso en valor que "el nuevo gobierno podrá estar en marcha antes del verano, podrá aprobar las directrices presupuestarias", y afrontar los nuevos retos con más fuerza desde otoño. "Convocar las elecciones supone ganar medio año", recalcó.

Urkullu ha hablado con el presidente español para asegurarse de que la fecha electoral no va a dejar colgado el compromiso de la ministra Darias con la presentación de un calendario de transferencias el próximo día 20. Sánchez le confirmó que sigue en pie. Urkullu habló, además, con los presidentes de los grupos, con el gallego Núñez Feijóo, con el president Torra y con la navarra Chivite.