Personal interino y laboral de la administración pública vasca (Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) se ha concentrado este mediodía en Donostia frente a las sedes de las tres instituciones para reivindicar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que el personal interino y temporal en las administraciones públicas que se encuentra en esta situación está en fraude de ley por abuso en la contratación temporal y que dicho abuso debe ser sancionado. En consecuencia, solicitan su incorporación definitiva a las plantillas como personal fijo
La protesta ha tenido lugar al mismo tiempo en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca así como en otros territorios del Estado. Según el sindicato Interinok Taldea, Euskadi es la comunidad con la mayor tasa de temporalidad de todas las administraciones autonómicas (38,7%). En Gipuzkoa, el caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Donostia donde cerca del 40% de la plantilla se encuentra en esta situación, según las mismas fuentes. De ellos, unos 70 han denunciado su situación. En general, la media de antigüedad de los trabajadores es de 12 años, aunque hay casos de empleados con casi 25 años de trayectoria.
Este colectivo denuncia que su acceso a la administración pública se realizó por procedimientos "que garantizaron la libre concurrencia, mérito y capacidad, establecidos en la ley. Tras todos estos años en la administración, hemos desarrollado nuestro trabajo de forma competente demostrando nuestra implicación, conocimiento y valía". Según explican, ahora "nos quieren echar a la calle en unas injustas OPES que vienen tarde y mal, con unas edades y situaciones complicadas para buscar trabajo avocandonos a la exclusión social".
Las ofertas públicas de empleo a las que se refieren creen que "son ilegales" por cuanto la directiva y sentencias europeas "exigen primero resolver la situación del personal contratado en fraude de ley por abuso de temporalidad y prohíbe ofertar las plazas ocupadas por dicho personal en abuso en las ofertas públicas de empleo de libre concurrencia".
La sentencia del TJUE dejó en manos de los jueces nacionales determinar si a dicha sanción le corresponde una indemnización por abuso o si, por el contrario, la sanción al abuso debe ser la trasformación de una relación laboral temporal en una relación laboral fija.
