Han pasado siete meses desde que se pronunció (sentencia del 19 de marzo) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero los intentos por solucionar el conflicto del personal en abuso de interinidad siguen atascados en muchas administraciones, entre ellas el propio Ayuntamiento de Donostia, que este jueves rechazó en el Pleno sendas mociones presentadas por los grupos municipales de PP y Elkarrekin Donostia, que pedían afianzar los puestos de trabajo de estas personas. Muchos de ellos llevan entre 10 y 15 años como interinos. "Alguno incluso 20", dicen.
Sin acuerdo, el centenar de afectados que han denunciado su situación en Donostia están abocados a una larga batalla judicial en la que probablemente el Tribunal Supremo, dentro de quizás tres años, resuelva si obliga al Consistorio a hacerles fijos, o bien establece una indemnización económica. Para entonces, si no consiguen plaza en las próximas OPE, muchos de ellos ya habrán perdido sus puestos de trabajo, en los que llevan una "media de quince años" sin haber podido volver a opositar para fijar su plaza.
Dichas mociones solicitaban al Gobierno municipal la fijeza en su puesto de casi un centenar de empleados públicos en abuso de interinidad que han demandado por ello al Ayuntamiento. Es decir, piden al Consistorio que llegue a un acuerdo con ellos ahora, antes de convocar nuevas oposiciones, para evitar una indemnización futura que saldrá, dicen, de los "bolsillos de todos"; y también para repararles por el daño causado por la falta de Ofertas Públicas de Empleo en los últimos años.
La moción fue rechazada por los grupos que conforman el Gobierno, PNV y PSE; y tampoco fue apoyada por EH Bildu. Todos ellos rechazaron que se conceda la fijeza en su puesto a quien no haya logrado plaza a través de una oposición. Precisamente, esta misma semana se ha dado a conocer la convocatoria de 35 nuevas plazas en el propio Consistorio. ¿Habría que parar estas OPE y solucionar primero el entuerto de los interinos? Delicado.
En algunas Administraciones, así se ha hecho. Y así se lo ha propuesto un colectivo de interinos al Ayuntamiento de Donostia, que ha rechazado la propuesta. El Consistorio dejó claro que hará lo que le indique un tribunal de máxima instancia y cuando se lo indique.
España es el único país de la Unión que, 21 años después, sigue sin trasponer la directiva europea 1999/70, de obligado cumplimiento para todos los estados miembro y sus administraciones, también las locales. Nada nuevo. Los puestos interinos son para cubrir situaciones excepcionales. No para extenderlos durante 15 o 20 años. Eso es indiscutible y solo se permite en la Administración pública española y vasca. Pecado mortal en el sector privado.
El embrollo afecta a la práctica totalidad de las Administraciones del Estado. No se libra prácticamente ninguna; tampoco en Euskadi. Todas ellas deberán resolver la situación de cerca de 800.000 trabajadores de las administraciones públicas en abuso de interinidad en el conjunto del Estado. Plazas que debían haber sido sacadas a concurso público hace años, pero, Rajoy mediante, no han salido. Empleados que en su día aprobaron oposiciones o concursos de méritos, pero se perdieron en bolsas de trabajo "porque no se ofertaron todas las plazas que se tenían que haber ofertado". ¿Cómo se enmienda eso? Países como Alemania, Francia e Italia, entre otros, optaron en su día por la fijeza; otros por la indemnización económica.
Las cosas se están moviendo ahora en el Estado español, aceleradas tras la sentencia del TJUE. Se ha puesto en marcha la renovación del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP). "Hay un amplio consenso, por no decir total, para acometerlo", dicen fuentes jurídicas que representan a estos interinos, pero previsiblemente no solucionará los casos ya denunciados, que quedarán en "una especie de limbo".
El conflicto se judicializará, al menos en Donostia. "Nosotros vamos a ir a por todas, lo tenemos claro", asegura uno de los afectados con quince años de interinidad en el Ayuntamiento. "Vamos a impugnar todas las oposiciones y todos los ceses que haya a partir de ahora. No nos dejan otra alternativa", añade.
Quienes no obtengan plaza en las próximas OPE (previsiblemente se convocarán más antes del 31 de diciembre de 2021), se irán a la calle mientras se dirime un largo proceso judicial: agotada la vía administrativa, como ya está en el caso de Donostia, deberán acudir a juzgados de primera instancia. Sea cual sea el veredicto ahí, si hay recursos (siempre los hay con una Administración de por medio), deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Y si de nuevo vuelve a haber recursos, el asunto terminará en el Tribunal Supremo. Tres años de batalla judicial a la vista para dirimir cómo hay que sancionar a la Administración: si haciendo fijos a quienes ya cesó tiempo atrás, o indemnizándoles en la cuantía que establezca el propio tribunal.
El concejal delegado de Gobernanza de Donostia, Juan Ramón Viles, lo expresó claro en el Pleno, avanzando que se verán en los tribunales. Viles reprochó a PP y Elkarrekin Donostia la presentación de dicha moción: "Están haciendo suyos los derechos de un grupo de personas que reclaman unos derechos que a día de hoy ningún tribunal de última instancia ha otorgado", dijo.
Se calcula que en todo el Estado hay unos 800.000 trabajadores públicos en abuso de interinidad en diferentes administraciones
Perderán su empleo si no logran plaza en próximas OPE y encaran tres años de batalla judicial para saber si tienen que hacerles fijos o indemnizarles
