La lucha de empleados públicos temporales por ser fijos logra el respaldo judicial

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante es la primera que a nivel estatal obliga a una Administración a hacer fija a una funcionaria interina y crea un precedente para las miles de demandas que se han presentado con este objetivo. En consonancia con lo dictado por el TJUE, concluye que existe un abuso por parte del Consistorio alicantino al mantener como temporal a una empleada pública que realizaba labores “ordinarias, estables y permanentes”.

Por este motivo, le considera merecedor de una sanción. El juzgado entiende que esta debe ser la transformación a fija, y rechaza otras alternativas. Una de ellas sería concederle una indemnización, pero el ordenamiento estatal no prevé esta posibilidad. Otra consistiría en convocar un proceso selectivo para cubrir esa plaza, pero considera que licitarían otras personas además de la afectada, por lo que la demandante se vería agraviada.

La tercera vía rechazada es la conversión del contrato temporal en un indefinido no fijo que, según la sentencia, no compensaría a la empleada pública en abuso de temporalidad, puesto que el Ayuntamiento de Alicante podría amortizar esa plaza con otra persona tras convocar el correspondiente proceso selectivo. En consecuencia, concluye que la única alternativa es la transformación a funcionaria fija.

Esta sentencia ha sido valorada por los grupos de empleados públicos temporales de las administraciones vascas que, no obstante, muestran cierta preocupación porque la vía judicial tiene tiempos muy prolongados y la consolidación del personal en abuso de temporalidad exige cierta urgencia, con la amenaza de verse en la calle en ciernes.

Como punto en común de todos ellos se presenta la solución dialogada con todas las administraciones que evite la judicialización, ya que en todas hay empleados públicos en abuso de temporalidad cubriendo necesidades permanentes durante muchos años.

En Lakua se ha creado un sindicato integrado por personas en esta situación denominado Interinok Taldea que en las últimas elecciones sindicales de finales del pasado año obtuvo once de los 25 delegados designados. No en vano, y según los datos que aportan, el 61% de los profesionales que trabajan en los servicios centrales tienen carácter temporal y, de ellos, tan solo el 17% ha conseguido una plaza fija.

“Lo bueno de la sentencia de Alicante es que ya hay una jueza que indica el camino a los políticos”, señalan, aunque consideran que tienen que ser los responsables correspondientes de las diferentes administraciones públicas quienes entablen un diálogo con los afectados para encontrar una solución. Por este motivo, Interinok Taldea ha previsto reunirse con las personas candidatas a la Lehendakari-tza para exponerles su situación y conocer su disposición a solucionarla. Por el momento ya lo han hecho con Equo Berdeak, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, además de enviar una carta a la ministra de Función Pública, Carolina Darias y reunirse con el Ararteko.

Su reivindicación es la fijeza y, al igual que dicta la sentencia, no consideran como alternativa la convocatoria de procesos selectivos abiertos, ni la indemnización ni la creación de la figura del funcionario indefinido no fijo, aportando las razones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la jueza de Alicante.

De la misma opinión se muestra el colectivo de afectados que trabaja en la Diputación de Gipuzkoa donde, según tienen constatado, el nivel de temporalidad alcanza el 44%, “aunque no todos están en situación de abuso”, al igual que Lakua. Este colectivo lamenta que la directiva europea que obliga a hacer fijo o despedir a un trabajador que lleva como temporal dos años se ha traspuesto al sector privado, pero no al público. “La sentencia europea nos ha abierto mucho camino y la de Alicante nos dice que vamos con la verdad por delante”, afirman.

Aun y todo, consideran que los procesos judiciales son largos y costosos y abogan por una salida negociada, “corta, sencilla y barata”, con la Administración pública, en este caso la Diputación de Gipuzkoa. Subrayan que “no queremos quitar a nadie nada”, pero recuerdan que el personal público temporal en la entidad foral lleva trabajando una media de 12 años y que la mayoría son mujeres, el colectivo más afectado.

En el caso del Ayuntamiento de Donostia, la temporalidad se sitúa en el entorno del 37%, con una media superior a los 10 años, aunque “hay gente que lleva más de 20 años trabajando” en estas condiciones. El colectivo de afectados subraya que la edad de muchos de estos empleados públicos en abuso de temporalidad es superior a los 50 años y consideran urgente que se les dote de estabilidad, abogando por la fijeza como única solución.

Añaden que, además, todos ellos han pasado por diferentes procesos selectivos que garantizan sus competencias. A este respecto, y si bien no se muestran en contra de que se convoquen Ofertas Públicas de Empleo OPE, exigen que primero se resuelva el problema del abuso de temporalidad. “Primero arregla esta situación, y luego convoca OPE para las plazas en las que realmente no se está dando este abuso”, indican.

Idea que repiten desde la Diputación de Gipuzkoa, donde advierten de que las próximas convocatorias de OPE serán impugnadas con arreglo a estas sentencias y se exigirá que se excluyan de estos procedimientos a los empleados públicos en abuso de temporalidad. “No concurre en igualdad de condiciones una persona de edad avanzada con cargas familiares y dificultades para las pruebas físicas que una persona joven”, resumen.

Del mismo modo se pronuncia Interinok Taldea, que señala que “la Administración ha incumplido” la obligatoriedad de convocar OPE anualmente y que, tras las sentencias, se podría dar la paradoja de otorgar una plaza a dos personas, quien ha superado la prueba abierta y el funcionario temporal al que por ley se le debe asignar.

Procedimiento. Los empleados públicos temporales que consideren que su situación es abusiva pueden presentar una reclamación ante la Administración en la que trabajen. Si finalizado el plazo no reciben una respuesta o esta es negativa, pueden presentar otra reclamación. En el caso de que se repita la situación, la persona afectada debe recurrir a la vía judicial y presentar un recurso contencioso administrativo, según explican los colectivos afectados.

Número. Resulta difícil establecer una cifra exacta de las reclamaciones que se han presentado, porque desde la publicación de las sentencias del TJUE y de Alicante se incrementan progresivamente. No obstante, de momento los colectivos señalan que en el Ayuntamiento de Donostia superan las 60, mientras que en la Diputación de Gipuzkoa se sitúan en el entorno de 40 y en los servicios centrales de Lakua llegan a los tres centenares.

Los colectivos vascos de afectados abogan por una solución dialogada que evite un aluvión de procesos judiciales

Tras la sentencia las impugnaciones de OPE se van a incrementar por suponer un agravio a los funcionarios temporales