Europa ha entrado en una fase política en la que las decisiones ya no se toman por consenso lento, sino por urgencia estratégica. La guerra en el continente, la presión geopolítica global y el repliegue relativo de Estados Unidos han alterado prioridades, calendarios y viejos equilibrios. En ese nuevo contexto, la Unión Europea se enfrenta a una disyuntiva que durante años ha evitado formular de manera explícita. Los fondos que durante décadas han sido el cemento político del proyecto europeo –la cohesión, la convergencia territorial, el reequilibrio entre Estados y regiones– empiezan a ser vistos como recursos “flexibles”, susceptibles de reprogramación hacia nuevas necesidades estratégicas. Defensa, industria militar, autonomía estratégica. El debate no es técnico ni presupuestario: es profundamente político. Y marca un punto de inflexión en la forma en que Europa se define y se legitima ante sus propios ciudadanos.
La importancia de los fondos de cohesión
La lógica que empuja este giro es comprensible. Europa ha descubierto de forma abrupta que no puede seguir delegando indefinidamente su seguridad ni su capacidad industrial en terceros. La invasión rusa de Ucrania ha roto la ilusión de estabilidad permanente y ha convertido la defensa en una prioridad estructural, no coyuntural. Pero el problema no es el objetivo, sino el método. La tentación de financiar el nuevo esfuerzo estratégico recurriendo a los fondos de cohesión introduce una fractura de enorme calado. Porque esos fondos no son un instrumento neutro ni residual: son el contrato político que ha permitido mantener unida a la Unión entre Estados con niveles de desarrollo, renta y capacidades muy distintos. Alterar ese pilar sin un debate político explícito equivale a modificar las reglas fundacionales del proyecto europeo sin decirlo abiertamente.
El reparto equitativo de recursos
Durante décadas, la política de cohesión ha cumplido una función que va mucho más allá de la inversión. Ha sido el relato tangible de que Europa era un proyecto de suma positiva, en el que todos ganaban, aunque no al mismo ritmo ni con los mismos instrumentos. Hoy, esa narrativa empieza a erosionarse. Si los recursos destinados a infraestructuras, servicios públicos, innovación regional o transición justa se redirigen hacia la industria de defensa y la seguridad, el mensaje implícito es claro: la protección externa pasa a primar sobre la convergencia interna. No es una elección ilegítima, pero sí una elección política de primer orden que debería asumirse con transparencia. De lo contrario, el riesgo es alimentar una nueva división europea, no ya entre norte y sur, sino entre quienes pueden financiar su seguridad con recursos propios y quienes dependen de la solidaridad europea para no quedar estructuralmente rezagados.
La doble ambición
Esta tensión redefine silenciosamente el mapa político de la Unión. Los países con mayor capacidad fiscal y base industrial consolidada están en mejor posición para beneficiarse del giro hacia la defensa y la autonomía estratégica. Otros, especialmente en el sur y el este, ven cómo el principal instrumento de compensación y equilibrio empieza a diluirse. La consecuencia no es solo económica, sino política. Una Unión que rearma su industria sin garantizar simultáneamente cohesión social y territorial corre el riesgo de perder legitimidad interna. La defensa común necesita consenso político, y ese consenso no se construye sacrificando de forma opaca los instrumentos que dieron sentido al proyecto europeo durante décadas. Europa debe decidir si quiere convertirse en una potencia estratégica sin alma cohesionadora, o si es capaz de sostener ambas ambiciones a la vez. Porque en esa elección, aunque no siempre se diga, se juega mucho más que un reparto presupuestario: se juega la credibilidad del proyecto europeo en su conjunto.
