¿Subvencionar a la Real Sociedad o la vivienda social?

También defiendo, frente a la posición de la señora Arzallus, concejala de vivienda de Donostia, que esa política de vivienda social no puede incumplirse con la excusa de que el Ayuntamiento no tiene capacidad de endeudarse más, puesto que este Ayuntamiento es capaz, cuando quiere, de dar subvenciones o regalar patrimonio municipal a empresas privadas de manera desorbitada, y en mi opinión ilegal. Puse como ejemplo, inicialmente traído al caso por la señora Arzallus, la decisión municipal de alquilar el estadio de Anoeta a la Real Sociedad por un precio simbólico, lo que implicó en el primer contrato de 1993 darle al club una subvención encubierta de 60,7 millones de euros y, con el nuevo contrato de 2016, una subvención encubierta hasta el año 2074 que yo estimo en unos 200 millones de euros.

Es esta última tesis la que combate el señor Alkorta en su artículo en su condición de accionista de la Real Sociedad. Su tesis es que las subvenciones a la Real Sociedad están justificadas porque el club retorna a la Hacienda Foral una cantidad mucho mayor, computando para ello tanto el IRPF que pagan sus empleados como el IVA que pagan los consumidores de sus partidos.

La tesis es cierta en los números pero es inservible para dilucidar la cuestión que se debatía, porque cualquier empresa que tenga el tamaño de la Real devolvería iguales o mayores cantidades si se le concedieran tan descomunales subvenciones. Y es que, de hecho, cualquier empresa que recibe subvenciones por una actividad devuelve mucho más dinero a la hacienda vía IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades. Es una verdad de Perogrullo.

Lo grave, en mi opinión, es la consecuencia de esa tesis. Porque lo que se viene a defender es que se otorguen subvenciones masivas a empresas privadas, pues retornan a Hacienda más que lo que reciben, mientras que a los ciudadanos sin posibilidad de vivienda se les condena a pelear con el libre mercado. Tal subversión de valores dejaría perplejo al mismísimo padre del liberalismo, Adam Smith, para no hablar de lo que pensaría el padre de la “socialdemocracia”, Keynes y, no digamos, el propio Marx. Ciertamente no creo que la señora Arzallus se atreva a defender en público subvencionar los sueldos millonarios de los jugadores de la Real frente a la construcción de vivienda social, pero es evidente que la tesis existe y tiene mucho predicamento.

Pero además de injusta políticamente la tesis del señor Alkorta es contraria a las leyes de la competencia. El señor Alkorta, que tiene una magnifica experiencia empresarial, sabe que el criterio de “retorno” de las subvenciones por parte de la empresa subvencionada no es el que se puede utilizar legalmente y que existe una amplia regulación administrativa que impide dar subvenciones “a quien me gusta” y “en la cuantia que me gusta ” y que esos criterios legales no se han aplicado en el caso de la Real, empezando por el más simple: comunicar previamente a la división de la competencia de Bruselas la intención de conceder tan voluminosa subvención a un club de futbol.

Y si no se comunicó, y me consta que el consejo de administración de Anoeta Kiroldegia votó en contra de esa comunicación, es porque se sabía que la subvención propuesta no podía pasar el filtro legal. De ahí que en vez de hablar de subvención se hablara de “alquiler”, obviamente subvencionado, pero que como nadie lo iba a mirar, pasaría desapercibido.

Es una estrategia similar a lo que se hizo con la operación de nuevo campo de futbol para el Valencia, donde el método de subvencionar la operación y evitar el control de Bruselas fue darle al club un aval a través de una empresa financiera pública. Por suerte, los jueces de Valencia entendieron que no estaban ante una simple operación mercantil sino ante una verdadera maniobra de subvención encubierta y anularon la operación. Desgraciadamente los jueces de Bilbao, por 2 contra 1, entendieron que el “alquiler” del estadio era una operación puramente mercantil y ajena al ámbito administrativo y, en consecuencia, no aceptaron juzgar el caso.

También me extraña la insistencia del señor Alkorta en defender la falsa teoría de que la Real ha invertido 80 millones en el estadio por lo que el Ayuntamiento, como propietario, se ha beneficiado en esa cuantía. Los números dicen otra cosa muy diferente

En primer lugar, hay que recordar que el Convenio de 1993 dejaba claro que todas las obras en el estadio que se hicieran por interés de la Real deberían ser sufragadas al 100% por el club. Lamentablemente, el Ayuntamiento decidió una vez más ser generoso con la Real y propuso pagarlas a medias. Las obras se presupuestaron en 50,7 millones, cifra falsa y que yo mismo anuncié subiría a los 70 u 80 millones. Y la realidad ha sido aún peor, pues las obras han terminado por costar 81,3 millones de euros con lo que ha habido que modificar la fórmula de pago ante la incapacidad legal de asumir tal extracoste.

En efecto, como las leyes que regulan los contratos obligan a rescindir la contrata y convocar nuevo concurso en el caso de que haya desviaciones en el coste superiores a las legalmente establecidas, las partes tuvieron que desglosar las obras en dos contabilidades diferentes. Una, la oficial, asciende a 67,3 millones de euros, de los que la Real ha aportado 31,5 millones y Anoeta Kiroldegia los 35,8 restantes. La otra, por valor de 14,1 millones, pagada íntegramente por la Real en concepto de mejoras unilaterales y voluntarias por parte del club.

Para aportar esos 35,6 millones municipales Anoeta Kiroldegia ha tenido que destinar al estadio los 14 millones de subvenciones acordados por el Gobierno Vasco y la Diputación y destinar al mismo fin los ingresos anticipados del alquiler subvencionado del estadio hasta el año 2074, que supone la ridícula cifra de 21,8 millones. Con ello la empresa municipal se queda casi sin ingresos futuros lo que le condena a tener que ser anualmente subvencionada por el Ayuntamiento. Y desde luego nadie, y menos un experimentado empresario como el señor Alkorta, puede computar el pago de un alquiler por parte del inquilino como un incremento patrimonial del propietario.

Por lo tanto, podría creerse que la Real ha aportado al estadio 45,6 millones (31,5+14,1) y que una cantidad igual ha mejorado el patrimonio municipal, pero eso tampoco es cierto. Y es que no hay que olvidar que para reformar el estadio previamente se derribó el 45% del edificio primitivo, lo que es un despilfarro y que se generaron cuantiosos gastos adicionales derivados de esa destrucción, como son los 4,3 millones de euros gastados en realojar a las federaciones que ocupaban las oficinas o el reconstruir la pista de atletismo, valorada en 2,8 millones de euros. Es difícil saber con precisión cuánto de esos 45,6 millones ha servido solo para reponer lo destruido y cuánto para mejorar el estadio, pero si pensamos en un 50% para cada concepto, tendríamos que la Real ha mejorado el patrimonio municipal en unos 23 millones, cifra muy inferior a los 80 millones que dice el señor Alkorta.

Todo estaría más claro si la Real, y sus auditores, hicieran figurar en su contabilidad el valor de la subvención implícita del contrato firmado en el año 2016 y dejaran de hacer figurar en esa contabilidad el valor del contrato firmado en 1993, dado que dicho contrato ya no existe y ha sido sustituido por uno nuevo. Así se sabría si mi estimación de 200 millones es o no cercana a la realidad y, de paso, la Hacienda foral recogería en años futuros parte del valor de esa subvención a través del Impuesto de Sociedades.

Para terminar una sugerencia al señor Alkorta y a los demás aficionados de la Real. ¿Tan difícil es pagar el valor de la entrada real, es decir, computando los 4 o 5 euros por partido que supone el verdadero precio del alquiler del estadio? Si lo hicieran, podrían seguir disfrutando de su club y el Ayuntamiento podría destinar esos 4 millones anuales del alquiler de Anoeta a construir viviendas de alquiler social.