Asistimos en los últimos tiempos a un debate sobre la vivienda protegida y los mínimos legales de VPO en los planes urbanísticos, en el que se acusa al Ayuntamiento de falta de voluntad, y una enorme cobardía para no hacer más vivienda protegida en alquiler. Según esta tesis, las instituciones, incluido el Ayuntamiento donostiarra, estarían perjudicando de modo deliberado a la ciudadanía para hacer aún más ricos a “los poderosos”, haciendo lo posible para que el derecho a la vivienda no sea nunca una realidad. Un argumento demagógico y populista que oculta la realidad del debate de modo malintencionado.
Euskadi fue, hace ya 30 años, la primera comunidad autónoma en regular por ley unos estándares de vivienda protegida. Esos mínimos legales todavía están muy lejos de alcanzarse en el resto del Estado. Desde 1994, todos los planes urbanísticos realizados en municipios vascos de más de 3.000 habitantes introducen reservas para vivienda protegida en los nuevos sectores de desarrollo. Todo planeamiento urbanístico es fiscalizado por órganos de control independientes del Ayuntamiento como son el Gobierno Vasco, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en última instancia, los tribunales. La ley se cumple, pese a que haya quien pretenda convencer a la gente de que no es así.
Junto a ello, los impulsores del debate ocultan que cualquier desarrollo debe cumplir el principio de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible, en su triple dimensión: ambiental, social y económica. Así, la sostenibilidad económica es básica en la ley, lo que exige que las actuaciones que se realicen sobre el medio urbano dispongan de un estudio que asegure su viabilidad económica.
Esa sostenibilidad económica se ha convertido en un criterio fundamental regulado por el Tratado de la Unión Europea a través de una regla fiscal que limita el déficit público estructural, así como la deuda pública. Ello desmonta las posturas populistas y demagógicas empleadas desde distintos agentes que, ante una tozuda realidad, simplemente se dedican a lanzar soflamas relacionadas con la falta de voluntad política de “los poderosos vendidos al capital”. Un simplismo que cansa, que insulta a la inteligencia y que lo único que consigue provocar es frustración y decepción entre quienes realmente tienen una necesidad de vivienda.
Cuando se acusa al Ayuntamiento de falta de voluntad, se obvian cuestiones como las posibles indemnizaciones a las que tendría que hacer frente en caso de adoptar decisiones que perjudiquen a propietarios privados. Pongo un ejemplo: se cuestiona el porcentaje de vivienda protegida del ámbito de Igara (antigua sede de El Diario Vasco) olvidando que el propietario tenía derecho a construir un hotel en la parcela, algo que, gracias a la mediación del Ayuntamiento, se reconvirtió en una promoción de vivienda, libre y pública.
Los discursos simplistas empleados reclaman sin ningún rigor incrementar sustancialmente los porcentajes de VPP de alquiler, lo que compromete muy severamente la viabilidad económica de los ámbitos futuros a desarrollar.
Las verdades son incómodas y los números también: Donostia tiene ya una deuda viva de 70 millones por construcción de viviendas sociales, y otros 60 sólo de la compra de Cuarteles. Si a ello sumamos las inversiones en marcha de Etxegintza, otros 40 millones para los próximos años, tenemos 170 millones destinados a vivienda con alguna protección social. Significa dos tercios de la capacidad de deuda del Ayuntamiento. Y esto es sólo la deuda, porque la inversión ha sido mayor. Una inversión a la que el Ayuntamiento está haciendo frente en solitario, ya que el Gobierno Vasco hizo su última promoción de alquiler hace más de diez años.
Una vez más estamos ante un brindis al sol por parte de quienes exigen más servicios públicos de calidad, pero a su vez intentan paralizarlos. Estamos dispuestos a mejorar y generar nuevos servicios públicos de calidad y nueva vivienda de protección social, pero sobre la base de las posibilidades presupuestarias, algo que las personas que no se dejan embaucar por lemas y pósters son capaces de entender perfectamente.
Todo esto lo sabe perfectamente el señor Javier Olaverri, experto en mantener públicamente posturas de aparente defensa del interés público, pero que no duda en defender intereses privados pese a que ello implique cargas multimillonarias a las arcas municipales, esto es, al conjunto de los donostiarras. Una persona, por cierto, que como señalaba el recordado Gregorio Ordóñez, se opuso ya a la operación de urbanización de Benta Berri. O que intentó torpedear por tierra, mar y aire la remodelación del estadio de Anoeta. Un socio fundador del Club del No donostiarra.
Porque el problema no es de mínimos o máximos en las reservas de VPP, sino de viabilidad económica y capacidad presupuestaria. En definitiva, en gestionar lo público con rigor y seriedad, respetando los límites financieros impuestos por Europa, sin arrastrar a la ciudad a la ruina, y no reclamando como un niño con pataleta que no quiere entender que los recursos disponibles son limitados. Concejala de Urbanismo Sostenible del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
