Cuando la deuda es por malas decisiones no es excusa para no hacer VPO

Dejando de lado la cuestión de si es posible incumplir las leyes que rigen la vivienda protegida alegando motivos presupuestarios, cosa que no creo, surge la cuestión: ¿las dificultades municipales con el exceso de deuda que alega la Sra. Arzallus son ciertas o son consecuencia de políticas municipales previas que permiten el saqueo del erario público en favor de intereses privados? Y lo voy a analizar con algunos de los mismos ejemplos que utiliza la Sra. Arzallus.

No es cierto que yo me opusiera a la urbanización de Benta Berri y lamento que la Sra. Arzallus, ponga esa falsa afirmación en boca de Ordoñez, que lamentablemente no puede ya desmentirlo. No solo no me opuse a Benta Berri sino que, en mi calidad de concejal de Urbanismo en aquellos años, conseguí llegar a un acuerdo con el Gobierno Vasco para expropiar esos terrenos y destinarlos a vivienda protegida. De hecho, el Plan Parcial que contemplaba esa expropiación se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento y estaba solo a falta de la aprobación definitiva que, en aquella época, correspondía a la Diputación.

La sorpresa fue que, durante el proceso, el Sr. Ucin, conocido empresario afín al PNV, se dedicó a comprar terrenos en Benta Berri a través de una de sus inmobiliarias. Ante lo insólito de la situación, mantuvimos una reunión con esa empresa tanto el entonces alcalde, Albistur, como yo mismo y las explicaciones de la empresa fueron asombrosas: según se nos dijo, el consejero de Urbanismo le había prometido a dicha empresa que la expropiación no tendría lugar nunca. Recuerdo que yo le dije: “Si sigo como concejal de urbanismo otro mandato, tenga por cierto que habrá expropiación”.

Pero el votante decidió lo que decidió y la siguiente corporación fue un gobierno tripartito PSE, PNV y PP, encabezado por Elorza y yo no seguí como concejal de Urbanismo. Y pasó lo que pasó. El 19/5/1992 el Pleno municipal por los catorce votos del gobierno municipal contra los trece de la oposición, votó que no a la expropiación y a las VPO y pidió a la Diputación que no aprobara definitivamente el Plan Parcial pendiente de ese último trámite. Por cierto, la Diputación suspendió la expropiación con los solos votos del PNV, pues el PSE votó en contra. Por lo que se ve, no todos en el PSE estaban de acuerdo con Elorza.

Pero eso no fue todo. En Benta Berri había dominios públicos con una superficie de 40.989,9 m2, que representaban el 23,22% de su extensión y a los que les correspondían 51.235 m2(t) de edificabilidad (más o menos unas 510 viviendas), cuyo precio, a día de hoy, sería en torno a los 100 millones de euros. Pues bien, el Ayuntamiento decidió que esos dominios públicos eran de “presunto” origen privado y regaló esos 100 millones a la propiedad privada. Yo presenté una enmienda al Pleno, apoyada en documentos oficiales en los que demostraba que el origen de esos terrenos era: o bien producto de expropiaciones previas de la administración, como era el caso de la avenida de Tolosa, de la avenida de Zarauz o del camino de Konporta; o bien dominios naturales, como la regata de los Juncales. De nuevo los catorce votos del gobierno municipal votaron que no a la propuesta de investigar oficialmente el origen de esos terrenos y el erario público quedó mellado para siempre.

Ya ve, Sra. Arzallus, que su propuesta de nombrarme socio fundador del club del No donostiarra tiene poco futuro. Otros, como su partido, fueron miembros de ese Club mucho antes que yo.

El tema del estadio de Anoeta es más reciente y más oneroso aún para la hacienda municipal. Recordemos que el convenio con la Real Sociedad firmado por el Sr. Elorza en el año 1993 supuso la concesión de una subvención a ese equipo por valor de 60,7 millones de euros de aquel año, que serían algo así como 132 millones de euros actuales por aquello del IPC. La propia contabilidad oficial de la RSS reconoce ese hecho y anualmente hace figurar en sus cuentas una subvención de algo más de millón y medio de euros, como diferencia entre el valor de alquiler anual en el mercado, 1,6 millones de euros, y lo que pagó por adelantado en 1993 (los famosos 500 millones de pesetas pagados por el club en 1993).

Pero la RSS no se conforma con tan “escasa” subvención, sino que ha conseguido una mucho más grande con la obtención de la concesión del uso del estadio de Anoeta hasta el año 2074, bicoca concedida gracias a la “gracia”, valga la redundancia, de un ente municipal que se llama Anoetako Kiroldegia.

Si, como reconoce la Real, en 1993 el precio de alquiler de Anoeta tenía que haber sido de 1,6 millones de euros, equivalente a 3,5 millones de hoy, el precio del alquiler anual del nuevo estadio debería ser del orden de los 4,5 millones de euros, dado que tiene un 30% más de capacidad. Sin embargo, el Ayuntamiento lo ha fijado en algo menos de 703.000 euros anuales y, para que le salga gratis a la Real, le ha dado además el derecho a explotar comercialmente el nombre del estadio, lo que le supone ingresar 850.000 euros anuales. Eso sí que es populismo a costa de la hacienda municipal, buscando el aplauso de los numerosos forofos de la Real.

Es decir, el Ayuntamiento no ingresa realmente ni un euro por el alquiler por Anoeta y eso pese a que el Ayuntamiento ha tenido que invertir 36,2 millones de euros en esa ampliación del estadio (pues es un falso mito que la ampliación la ha pagado enteramente la Real) y que a esa cantidad hay que añadirle lo que el Ayuntamiento ya invirtió en el estadio de 1993 y lo que vale el terreno de juego. Si el auditor tuviera el valor de decirlo en su informe, como lo hace respecto al convenio de 1993, estoy seguro de que valoraría la subvención implícita del nuevo convenio en más de 200 millones de euros.

Es cierto que, como dice la Sra. Arzallus, me he opuesto con todas mis fuerzas de ciudadano a este expolio del estadio. Con el apoyo del grupo municipal de Irabazi se consiguió en el año 2014 una sentencia que anulaba aquel primer intento de regalarle a la Real los hoteles famosos que se iban a construir en el estadio. Posteriormente se consiguió también anular el concurso amañado de 2015, pero lamentablemente no se ha podido juzgar en los tribunales este tercer intento municipal de subvencionar a la Real a través de la concesión del estadio dada por Anoetako Kiroldegia.

Y es que dos de los tres magistrados de la Sala de Bilbao que tenían que decidir sobre el asunto dijeron que esa concesión y la operación de subvención que conlleva no era competencia suya, al entender que el Sr. Goia y los demás concejales que dirigen Anoetako Kiroldegia actuaron en esa concesión como “empresarios privados”.

¿Empresarios privados que le regalaban a la Real dinero suyo o empresarios privados que le regalaban dinero de los contribuyentes? Hay que dejar constar que el presidente de esa Sala coincidió con mi tesis de que estábamos ante un burdo truco jurídico de la mayoría municipal para evadir el control del dinero público que exige la ley. Pero dos mandan más que uno y en la Real lo festejaron con champán.

Como ve, Sra. Arzallus, solo con estos dos casos citados por su artículo le he encontrado unos 300 millones de euros que deberían haber estado en las arcas públicas y que habrían acabado con la deuda municipal. Por eso no se puede pretender justificar el incumplimiento de las leyes sobre vivienda social con el argumento de que hay problemas municipales derivados del exceso de deuda. Esa deuda no existiría si los partidos que han tomado decisiones como las aquí analizadas hubieran defendido adecuadamente el erario público.