Con todas sus pertenencias en la calle, y desoladas ante un desenlace inesperado. De este modo se han quedado las once personas que este miércoles han tenido que abandonar sus habitaciones sin contrato en Donostia debido a los impagos del arrendatario, al que ellos abonan religiosamente la mensualidad. Una comisión judicial acompañada por varias dotaciones de le Ertzaintza ha procedido esta mañana al lanzamiento de sus viviendas, en el número 22 de la calle Aldapa del barrio donostiarra de Egia.
Esta drástica medida, que a los afectados les ha cogido por sorpresa, es fruto de una demanda de desahucio por precario interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia nº2 por la empresa Aldapa Berri S.L. contra Iñigo Otegui Pérez. Según explica a este periódico Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, los inquilinos han venido pagando mensualidades de entre 600 y 650 euros por habitaciones sin contrato, un dinero que al parecer abonaban "en negro" a la persona encausada. "Nuestra deducción es que es él quien realmente firmó el contrato de alquiler con la empresa, el mismo que ofrecía las habitaciones", sospecha García, sin conocer el destino final de esas partidas económicas.
Las caras de los afectados eran este mediodía un poema. Mehdi Salah vive desde hace ocho años a caballo entre el número 16 y 22 de la calle Aldapa, inmuebles que son objeto de un largo litigio entre el encausado y el propietario de los chalets. "Ayer (por el martes) llegó una notificación por la mañana en la que se decía que se iba a producir el desalojo esta mañana. Nos han avisado con un plazo de tan solo 24 horas, y en esa orden ni siquiera aparecían nuestros nombres. Somos personas que pagamos todos los meses sin excepción", denuncian los vecinos, que están a la espera de conocer si se les ofrece una alternativa.
"No nos pueden dejar tirados"
Entienden que si la orden es en contra del encausado, a ellos no les pueden dejar en la estacada. "No nos pueden dejar tirados. Esta mañana hemos abierto las puertas pensando que se podría hablar o razonar en base a los documentos que tenemos en nuestro poder: un contrato en vigor, el pago de recibos. Nada ha sido posible. No pensábamos que nos iban a echar a la calle teniendo en cuenta que entre los inquilinos hay una mujer embaraza y otra con un niño de once años. Que nos hayan dado un margen de 24 horas es inhumano", denuncia Salah.
Algunos vecinos, a pesar de haber ido pagando con normalidad no han tenido posibilidad de ser empadronados, lo que les cierra las puertas a los servicios sociales más básicos. El inmueble en el que se ha llevado a cabo el lanzamiento consta de tres plantas con nueve habitaciones, ocupadas por familias en situación de vulnerabilidad, como la que presenta una mujer embarazada de siete meses que este mediodía trataba de ponerse en contacto con los Servicios Sociales para buscar una alternativa habitacional.
Salah atendía a este periódico frente a la que hasta ahora ha sido su vivienda, con todos sus enseres y pernencias en plena calle, tras cuatro horas de espera, frente a dos agentes de la Ertzaintza que custodiaban el acceso a la vivienda.
El lanzamiento estaba previsto a las 9.30. Para las 9.34 horas, indican los vecinos, ya estaban taladrando la puerta principal. "Nos han dicho que nos teníamos que ir, y yo les decía que a dónde. Somos personas que tenemos un trabajo que podemos perder por esta situación, porque si no tenemos dónde estar no vamos a poder ir a nuestros puestos en condiciones", se queja Salah.
La tensión ha ido en aumento según discurría la mañana. "Cuando han comprobado que no estábamos por la labor de salir, han empezado a llegar dotaciones de la Ertzaintza con antidisturbios y encapuchados. La única opción que ofrecían eran darnos diez minutos", relatan los inquilinos desahuciados.
"Nos han dicho que nuestro casero no pagaba, pero es que nosotros sí. Iñigo tiene su versión, el propitario la suya y los roces entre ellos vienen al parecer desde la pandemia", denuncian los vecinos. Este periódico ya se hizo eco del caso el 17 de julio de 2021.
Fue a raíz de la indignación que destilaba un cartel colocado a la altura del chalet número 14 de la calle Aldapa, que según decían los vecinos por aquel entonces, no se correspondía con el perfil de ese “casero, ya mayor, más majo que ni sé”. El hombre había colocado en su terreno un cartel bien visible a varios metros de altura con un claro destinatario. “Iñigo, como inquilino actual de la casa nº16, te reclamo las rentas mensuales que has dejado sin pagar desde el 16-7-2020”, rezaba el cartel colocado por aquel entonces.
