Gipuzkoa convoca varias OPE con cambios en el euskera para pasar el filtro de la Justicia

La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado la oferta de 113 plazas de empleo público que se desarrollarán en 13 nuevas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que se publicarán antes de final de año. La novedad, sin embargo, llega de la mano del requisito del euskera. Tras los continuos varapalos judiciales que han sacudido las distintas OPE forales, tanto de la Diputación como de algunos ayuntamientos, el Ejecutivo foral ha optado, de manera "provisional", por posponer la preceptividad de los requisitos lingüísticos en determinadas plazas. Es decir, aplaza la exigencia de acreditar el perfil lingüístico correspondiente durante un plazo determinado.

En concreto, en el 34 % de los puestos se aplazará el carácter preceptivo del perfil lingüístico y se dará un plazo para poder acreditarlo.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha sido la encargada este miércoles de realizar este anuncio tras el Consejo de Gobierno, importante para quien busca hacerse con una plaza en el ámbito público foral. Por tanto, en poco más de dos meses, que son los que quedan para final de año, el Boletín Oficial de Gipuzkoa publicará las 13 nuevas OPE forales previstas, unos procesos de selección en los que los requisitos lingüísticos cambiarán para evitar su judicialización, como ha ocurrido con la OPE foral de 100 plazas de administrativo de 2023, que está paralizada por un recurso, o la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la exclusión de dos cuidadores en una OPE para la residencia Egogain que no acreditaron un nivel B2.

Este cambio en torno a la acreditación del perfil lingüístico no va a suponer una relajación en la euskaldunización del personal funcionario. Por el contrario, Berasaluze ha señalado que la Diputación "no dará ningún paso atrás en su trabajo a favor del euskera" y, de hecho, se ha marcado dos años de plazo para que "la mitad de los servicios forales trabajen principalmente en euskera".

¿Qué supone en la práctica?

Esta adaptación obligada por el "acatamiento de las sentencias" dictadas contra las "últimas convocatorias" forales supone, en la práctica, que quien busque acceder a determinadas plazas en la Diputación podrá realizar la oposición sin tener acreditado el nivel de euskera correspondiente, aunque lo tendrá que hacer en el plazo que determinen la bases de la propia convocatoria del proceso selectivo.

Con este movimiento, la Diputación busca dotar de "seguridad jurídica" a las OPE forales, ya que la paralización de convocatorias anteriores ha provocado "un bloqueo" de la institución, según ha expuesto Berasaluze. Y lo hace con la vista puesta en el Parlamento Vasco, donde se ha abierto el debate para intentar blindar el euskera de la mano del PNV y EH Bildu.

Mirando de reojo al Parlamento

Así, el pasado 2 de octubre el PNV logró poner en marcha la tramitación de una proposición de ley, con el apoyo de EH Bildu, para reformar la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco con el objetivo de que, en lugar de tener un índice común a los tres territorios, que sea cada Administración Pública la que decida el nivel de exigencia de euskera en sus respectivas OPE.

Posteriormente, EH Bildu hizo lo propio, aunque con la abstención del PNV, con una propuesta para reformar también la citada ley de modo que "el criterio general" sea "la exigencia de acreditar un conocimiento adecuado del euskera y del castellano, tanto oral como escrito, en función de las tareas propias de cada plaza", pero en la que también se aboga por permitir un "índice de exención", según "circunstancias sociolingüísticas del ámbito geográfico" o "según criterios definidos en sus instrumentos de planificación lingüística", para no aplicar la preceptividad del euskera que, en estos casos, se consideraría como mérito.

Pero antes de que llegue, si lo hace, esa reforma legal, el Título XIII de la ley de Empleo Público Vasco que habla sobre la normalización lingüística recoge que la convocatoria de plazas que tengan su causa en un puesto de trabajo cuyo perfil lingüístico sea preceptivo supondrá que será de "exigencia obligatoria para el acceso", mientras que si no es preceptivo, ese conocimiento será considerado como mérito. "Esperamos el necesario respaldo jurídico, imprescindible para poder avanzar con las debidas garantías", ha señalado Berasaluze respecto a la posible reforma legal.

De este modo, al aplazar la Diputación la preceptividad del euskera en determinadas plazas, cualquier persona podrá acceder a ellas sin la necesidad de acreditar el perfil hasta que sea obligatorio.

Espacios de referencia

Esta vuelta de tuerca obligada por la ofensiva de recursos judiciales no será impedimento, en opinión de Berasaluze, para avanzar en el objetivo de tener una "Administración bilingüe cuyo idioma principal de trabajo sea el euskera". Pero mientras no cambien los criterios establecidos en la ley, el Ejecutivo debe adaptarse a la situación si quiere reducir la interinidad y estabilizar el empleo público afectado por las numerosas jubilaciones de los últimos años, más aún teniendo en cuenta que la ley no permite, con alguna excepción, que los funcionarios interinos sigan en sus puestos más allá de los tres años. Por eso, ha insistido la portavoz foral, hay que "actuar con responsabilidad" y ajustándose, por tanto, a lo que establece la actual ley, como ya han hecho previamente otros territorios.

"El debate no debe plantearse como un enfrentamiento de los derechos lingüísticos y los derechos laborales", ha manifestado Berasaluze, sino en el "derecho de la ciudadanía a poder relacionarse con la Administración en euskera". En este sentido, ha puesto en valor tanto la labor de las instituciones como del propio personal en hacer realidad que el euskera sea "el idioma principal de trabajo".

En esta línea se enmarcan, según ha recordado, los diez planes departamentales de Gestión del Euskera para priorizar el uso de esta lengua, tanto en las relaciones con la ciudadanía como de manera interna, que van a lograr, según se prevé, que en el curso 2025-2026 una cuarta parte de los servicios de la institución sean designados como servicios administrativos en euskera, una cifra que alcanzará a la mitad al final de la legislatura si se cumplen las previsiones.