Osakidetza comenzará a practicar cada vez más abortos en sus ambulatorios y hospitales. En la actualidad, el Servicio Público Vasco de Salud deriva el 95% de las interrupciones voluntarias de los embarazos a clínicas privadas y asume el coste. Normalmente, son métodos farmacológicos. Por lo general, sólo se llevan a cabo abortos en hospitales públicos por motivos médicos, es decir, cuando la salud de la madre está en riesgo o el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Dicho esto, cualquier mujer tiene garantizado su derecho a interrumpir el embarazo, si bien solo el 4,32 % de las 4.210 mujeres que abortaron el año pasado fue atendida en Osakidetza.
A partir de 2026, esta situación va a cambiar de modo que los centros públicos irán asumiendo progresivamente todos los abortos. Así lo anunció ayer el lehendakari, Imanol Pradales, en el Pleno de Control del Parlamento Vasco. Pradales enmarcó este cambio en el paradigma asistencial de Osakidetza en el compromiso para reducir las ratios de concertación adquirido en el Pacto Educativo y al hecho de que “la sociedad vasca siempre ha defendido este derecho por razones de autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad”. La idea es que a medio plazo solo el 6% de los abortos sean derivados a clínicas privadas.
Ley del Aborto
De esta manera, Euskadi cumpliría con el espíritu de la Ley del Aborto y dejaría de estar entre comunidades autónomas que más abortos practican en la sanidad privada. Según el informe Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad que acaba de presentar el Ministerio de Sanidad, se da la paradoja de que la mayoría de las mujeres son informadas en centros públicos pero el procedimiento se realiza en centros privados, lo cual evidenciaría la necesidad de reforzar la capacidad la red pública para ofrecer una respuesta “integral, pública y equitativa”.
En opinión del lehandakari, el acceso a un aborto seguro “es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos, y todas las mujeres en Euskadi tienen, en la actualidad, asegurado este servicio en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario”. Para el Ministerio, en cambio, la concertación de este procedimiento supone “una doble privatización” porque lo relega al ámbito de lo íntimo e individual y lo desvincula de la red pública lo que “refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad”. En este sentido, señala que la falta de circuitos hacia centros públicos limita, asimismo, la libertad de elección de las mujeres porque condiciona el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos y hace que muchas deban abandonar su entorno sanitario habitual, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.
Alejado de estos argumentos y del debate abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de blindar el derecho de abortar en la Constitución, el anuncio del lehendakari forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada del Pacto Vasco de Salud, que busca “combinar lo mejor del sistema público y la colaboración con entidades privadas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios”. No obstante, el lehendakari zanjó la cuestión afirmando que “toda mujer que quiera abortar en Euskadi tiene garantizado su derecho dentro del sistema sanitario público vasco, en igualdad de condiciones y de forma universal. Esto es así y no puede ser de otra manera”.
