Osakidetza atenderá con sus propios recursos y en sus centros de salud y hospitales a todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo a partir del próximo año 2026 y, de manera progresiva, para dar cumplimiento al compromiso adquirido en el Pacto Vasco de Salud de "no superar la actual ratio de concertación y de fortalecer la atención desde el sistema público".
Así lo ha anunciado este viernes el lehendakari, Imanol Pradales, a pregunta de Sumar sobre las garantías del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública vasca, en el pleno de control del Parlamento Vasco.
Hasta ahora, las intervenciones para la interrupción el embarazo en la CAV se realizan casi todas en clínicas privadas con las que Osakidetza tiene un acuerdo. Según datos de la memoria sobre abortos en Euskadi, el año pasado nueve de cada diez operaciones se hicieron en centros privados.
Tras apuntar que en 2024 se registraron 4.210 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Euskadi, el lehendakari ha destacado que "la sociedad vasca siempre ha defendido este derecho por razones de autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad".
"El acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos, y todas las mujeres en Euskadi tienen, en la actualidad, asegurado este servicio en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario", ha señalado.
El compromiso, anunciado este viernes por Pradales, forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada del Pacto Vasco de Salud, que busca "combinar lo mejor del sistema público y la colaboración con entidades privadas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios".
Según ha desarrollado, esta estrategia permite mantener la actual ratio de concertaciones sin incrementos, apostando por que Osakidetza desarrolle plenamente su capacidad para ofrecer estos servicios "con recursos propios y en sus propios centros".
"Toda mujer que quiera abortar en Euskadi tiene garantizado su derecho dentro del sistema sanitario público vasco, en igualdad de condiciones y de forma universal. Esto es así y no puede ser de otra manera", ha zanjado.
"Derecho privatizado"
Por su lado, el parlamentario de Sumar Jon Hernández ha denunciado que el derecho al aborto en Euskadi "está privatizado", al argumentar que "más del 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas".
"Es un derecho de las mujeres que la sanidad pública debería garantizar, asumiendo las interrupciones voluntarias del embarazo que se practiquen, en lugar de seguir con su derivación a clínicas privadas, tal y como ustedes hacen en estos momentos", ha censurado.
Hernández ha recriminado que los abortos en la sanidad pública fueron aprobados en 2024 y el Gobierno Vasco "sigue sin garantizar la interrupción voluntaria de los embarazos en la red pública". "El problema no es la objeción de conciencia, sino la falta de organización y de compromiso de este Gobierno para prestar el servicio en los hospitales y centros públicos, porque prefieren seguir externalizando este derecho", ha sentenciado.
Por último, Sumar ha cuestionado que las interrupciones voluntarias del embarazo "se derivan a Osakidetza para luego acabar en una clínica privada". "Acaben con la privatización del derecho al aborto a través de esas externalizaciones", ha demandado.
Por debajo de 2023
A la espera de que se haga pública la memoria correspondiente a 2024, el último informe que ofrece la fotografía sobre la realidad del aborto en Euskadi es el de 2023. Ese año se registró un record en esta práctica y la cifra fue la más elevada desde que comenzaran los registros en Osakidetza en 1995.
En total, 4.225 mujeres interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2023, lo que supuso un incremento del 6,83% con respecto al ejercicio anterior y casi cien más sobre la anterior marca más alta, la de 2011, año en el que entró en vigor la Ley del Aborto. Según ha confirmado el lehendakari, el año pasado fueron 4.210 los casos, ligeramente inferior a 2023.
Ministra de Salud
Por otra parte, el lehendakari ha aprovechado la pregunta de Sumar para censurar la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, también de Sumar, a quien ha reprochado que "ni responde ni ofrece alternativas" a diversas propuestas que le ha planteado el Gobierno Vasco.
En este sentido, Pradales ha enumerado la iniciativa para retrasar la jubilación voluntaria a los 72 años y la de facilitar el acceso a los médicos residentes a plazas de Atención Primaria, ante el déficit de médicos; así como "la negativa" del Ministerio a que el euskera sea ponderado como habilidad comunicativa.
Tras desdeñar que "la ministra ni responde ni ofrece alternativas" tampoco a la propuesta para el incremento a las plazas MIR en Euskadi, el lehendakari ha calificado como "inadmisible" que "los vascos paguemos el 60% de la factura del Fondo de Cohesión Sanitaria, cuando apenas somos el 5% de la población".
