Los pescadores senegaleses del Beti Aingeru han comparecido este viernes por la mañana en el puerto de Getaria ante los medios acompañados por representantes del sindicato LAB. Lo han hecho para aclarar lo ocurrido a finales de septiembre, cuando su armador y capitán alertaron a la Guardia Civil sobre un presunto motín a bordo del pesquero cuando faenaban en la costa asturiana. En la rueda de prensa, los marineros han negado rotundamente esa versión y han explicado que lo que hicieron fue “reivindicar los derechos laborales y humanos” que, han asegurado, no se estaban cumpliendo.
El pescador del barco pasaitarra Malick Sene ha descrito en el acto un clima de miedo y violencia a bordo. “Hemos sido amenazados de muerte y golpeados con diferentes objetos durante mucho tiempo”, ha afirmado. El senegalés ha recalcado que “tener el mando del barco no te permite vulnerar los derechos de los trabajadores”, recordando que en una ocasión Joaquín, el armador, lanzó una bombona al mar para cortar el suministro de gas de los tripulantes.
Según su relato, la tripulación decidió el pasado 27 de septiembre parar el trabajo cuando el armador les puso “en peligro”. “Le dijimos que no íbamos a seguir trabajando hasta que hablase con nosotros, pero no quiso. Fue entonces cuando se inventó la versión del motín”.
"Tener el mando del barco no te permite vulnerar los derechos de los trabajadores”.
Desde LAB sostienen que “lo sucedido en el barco Beti Aingeru no fue un motín, sino una reivindicación legítima de derechos”. El sindicato, además, ha recordado que el sector de la pesca de bajura “carece de un convenio colectivo propio que regule las condiciones laborales” y que “en los últimos años la patronal ha normalizado la prolongación del tiempo de estancia en el mar, en perjuicio de los días de descanso, además de hacer caso omiso a situaciones de posible explotación”.
Los hechos
El pasado 27 de septiembre, el Beti Aingeru atracó en el puerto de Gijón después de que la Guardia Civil recibiera una llamada de emergencia alertando de un supuesto motín a bordo. El pesquero fue escoltado hasta tierra y, a partir de la versión ofrecida por el armador y el capitán, tres tripulantes fueron detenidos. Sin embargo, el propio informe de la Guardia Civil descartó posteriormente que existiera ningún motín y confirmó que los trabajadores no habían cometido delito alguno.
“Los trabajadores estuvieron 37 días seguidos en el mar sin volver a sus casas y, tras solo dos días de descanso, volvieron a embarcar otros 26 mientras sufrían amenazas, insultos y agresiones físicas”, ha denunciado LAB, que califica la situación como un claro ejemplo de “explotación y racismo laboral”.
El sindicato ha explicado que el sector pesquero es “altamente precarizado y racializado”, pero que se sostiene en buena medida “gracias al trabajo de arrantzales de origen extranjero, como los senegaleses”. A su juicio, existen “condiciones estructurales que benefician a la patronal a costa de la explotación de estos trabajadores, a quienes se niega información sobre sus derechos y se desincentiva su organización sindical”.
La situación actual
Semanas después del incidente, los arrantzales todavía no han podido recuperar sus pertenencias del barco ni reunirse con el armador, a pesar de los múltiples intentos. “El sindicato y los tripulantes se han intentado poner en contacto con Joaquín una y otra vez, pero no ha atendido las llamadas ni contestado los mensajes”. Así, los pescadores han acudido a la cofradía y a la Federación para pedir información sobre su situación legal, sin éxito. “La respuesta ha sido que es cosa del armador”, han apuntado.
Hace apenas dos días, la empresa dio orden de desenrolar a toda la tripulación con fecha de finales de septiembre. “Desenrolar a los arrantzales no resuelve la situación. Han sido dados de baja sin explicación, sin despido, sin sanción, como si nada hubiera pasado”, han señalado desde el sindicato. Hasta ahora, los marineros seguían dados de alta en la Seguridad Social, sin poder acceder al paro, mientras no han recibido su nómina de septiembre ni la parte correspondiente de la reciente campaña del cimarrón.
"En los últimos años la patronal ha normalizado la prolongación del tiempo de estancia en el mar, en perjuicio de los días de descanso, además de hacer caso omiso a situaciones de posible explotación".
Por el momento, no existe ninguna resolución administrativa ni laboral sobre el caso. “Después de todas las acusaciones tan graves que ha lanzado contra los marineros, nos parece poco creíble que el armador quiera hacer como si no hubiera pasado nada. Todo apunta a que ha actuado así para evitar problemas legales mayores”, han concluido desde LAB, mientras exigían a la Administración pública que “no se convierta en cómplice, que ejerza un control efectivo sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el mar y que sancione a los armadores que los vulneren”.
