El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la sentencia del Juzgado Nº2 de Donostia que le obliga a pagar a la familia del menor Yeray Rodríguez, de Lasarte-Oria, los gastos del tratamiento con hormona de crecimiento realizado en un hospital privado tras ser denegados por Osakidetza. Para Salud, no existía una urgencia vital, no hubo aprobación del Comité Asesor ni de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio de Farmacología y el tratamiento es ajeno a la cartera de servicios comunes de Osakidetza, por lo que asegura estar exento de los 4.705,64 euros que contempla de pago la resolución.
El recurso presentado por Osakidetza señala dos motivos contra hechos declarados probados por la jueza que llevaron a que la sentencia fuera favorable para la familia del menor, que inició el tratamiento en julio de 2023 en la Policlínica Gipuzkoa cuando tenía trece años y medía 127 centímetros ante el rechazo de Osakidetza.
En primer lugar, el texto del recurso señala que la doctora del centro privado que realizó el informe en el que se aseguraba que Yeray no cumplía con criterios de exclusión no era endocrinóloga pediátrica, como se recoge en la sentencia, sino pediatra general. Además, afirma que, aunque se da por probada la realización de análisis y pruebas complementarias en la Policlínica Gipuzkoa, en ningún documento de autos consta que realmente fuera así.
El segundo motivo, por su parte, recoge los fundamentos en los que Osakidetza basó su oposición a la demanda: la inexistencia de urgencia vital, la falta de aprobación del Comité Asesor y de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio de Farmacología y porque el tratamiento es ajeno a la cartera de servicio comunes del Sistema Nacional de Salud.
Para ello, además, trae a colación una sentencia de la Sala de lo Social de A Coruña de este mismo año que desestimaba la solicitud de reintegro de gastos derivados de tratamiento con hormona de crecimiento.
Nueva solicitud a Osakidetza
La madre del menor, por su parte, ha vuelto a solicitar el tratamiento a Osakidetza con una petición a la gerencia del Hospital Donostia en la que pide que se cumpla la sentencia judicial y se remita por escrito a la familia solicitante la situación actual de dicha solicitud.
Asimismo, se exige que se depuren las responsabilidades administrativas que procedan por la falta de respuesta a los requerimientos escritos realizados y que quede constancia en el expediente que las consecuencias sanitarias derivadas de la suspensión o demora del tratamiento serán imputables al órgano responsable.
Según recuerda la madre del joven, la sentencia recoge como hechos probados que el tratamiento iniciado en el centro privado aumentó el ritmo de crecimiento del menor, por lo que Salud debió autorizar y aplicar el tratamiento y, por ello, deberá asumir el gasto de todas las facturas presentadas por la familia.
Tal y como indicó la madre a este periódico tras la publicación de la sentencia favorable, los gastos han seguido creciendo desde el inicio del proceso y suman otros 9.000 euros que habría que sumar a la cuantía ya presentada en la demanda.
