Un total de 14 ayuntamientos guipuzcoanos que en total suman más de 471.000 habitantes, el 64,7% de la población total del territorio, han aprobado ya en sus plenos municipales sendas mociones para solicitar al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada por los elevados precios del alquiler, en virtud de la nueva ley estatal de vivienda aprobada el 26 de mayo de este año, y que ha sido recurrida por el PNV ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade las competencias del Gobierno Vasco.

Donostia, Irun, Errenteria y Eibar fueron de los primeros municipios en dar el paso en julio y a ellos se les han sumado en los últimos dos meses otros muchos, según ha dado a conocer este lunes la plataforma Stop Desahucidos de Euskadi, que califica de “éxito” esta campaña de mociones presentadas en numerosos ayuntamientos de Euskadi.

A los catorce municipios de Gipuzkoa adheridos ya (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria, Tolosa, Pasaia, Andoain, Beasain, Zumarraga, Ordizia y Astigarraga), se le añaden otros cinco en Bizkaia (Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Getxo y Sestao), así como Gasteiz, en Araba, con lo cual los ayuntamientos de las tres capitales se habrían sumado a esta petición iniciada en julio y que va sumando día tras día.

Stop Desahucios considera que ahora la “pelota está en el tejado del Gobierno Vasco y de la Consejería de Vivienda”, que es la que tendría que aplicar la ley de vivienda con la limitación de los alquileres y la prórroga de tres años de los contratos que vayan finalizando en los municipios tensionados, junto con la movilización real de las viviendas deshabitadas (existen 11.500 viviendas susceptibles de aplicárseles el canon por estar vacías), la limitación de los alojamientos turísticos y la oferta hotelera y el crecimiento del parque público para hacer frente a 78.500 inscritos en Etxebide.

El PNV recurrió la Ley estatal de Vivienda aprobada el 26 de mayo ante el Constitucional al considerar que invade competencias del Gobierno Vasco

Para ello, añaden, “es también necesario el aumento del 40% reservado a VPO en las nuevas construcciones, dedicándolas en exclusiva al alquiler social y no, como hasta ahora, que se dedica la mitad a viviendas de compra con precio tasado”.

Ello requiere que previamente el Parlamento Vasco apruebe la modificación de su propia Ley vasca de Vivienda de 2015, así como desarrollar un reglamento que permita que la legislación estatal sea efectiva. Esta normativa aprobada en el Congreso de los Diputados contempla que la comunidad autónoma tenga potestad para declarar como zona de mercado residencial tensionado aquellos municipios, ciudades o ámbitos territoriales en los que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población.

 Dicha restricción se puede llevar a cabo siempre y cuando el coste medio de la hipoteca o el alquiler, contando los gastos correspondientes, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en una zona concreta. 

Otra variable es que el precio de compra o del alquiler haya experimentado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del incremento del IPC producido en la comunidad autónoma correspondiente. 

 “Desautoriza” el recurso

En todo caso, Stop Desahucios asegura que a la vista de esta “oleada de los ayuntamientos más poblados” de Euskadi para que se declaren sus municipios zonas tensionadas, “desautoriza, por una parte, el recurso del PNV ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias de la citada ley y, por otra, exige a la Consejeria de Vivienda que agilice los procedimientos para que los ayuntamientos puedan combatir la especulación en el mercado del alquiler.

En Gipuzkoa, las mociones se han aprobado con los votos del PSE-EE, Bildu y Elkarrekin Podemos-EE principalmente; mientras que el PNV se abstuvo en varias de ellas, salvo en los plenos de Donostia, Hernani y Astigarraga, en los que votó a favor.

En Bizkaia, por su parte, ha salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, gracias a que la junta de gobierno PNV-PSE de estas corporaciones ha incluído una enmienda de dos puntos al texto de la moción original de Stop Desahucios, salvo en Basauri, donde, en opinión de esta plataforma, “inexplicablemente PNV y PSE han rechazado incluirla en el pleno de octubre, mientras que en Erandio irá, presumiblemente, al pleno de noviembre.EL PP en estos plenos mayoritariamente ha votado en contra.

 “Realidad dramática”

Stop Desahucios considera que la realidad que viven las familias con rentas medias y bajas de Euskadi es “dramática”, al no poder muchas de ellas acceder a una vivienda digna y asequible por la subida de los alquileres, y también por la del Euribor, que ha escalado hasta el 4’25%.

El alquiler medio en Donostia ha subido 8,1% en el último año, de hecho, según datos publicados el pasado mes de octubre, y el metro cuadrado lo ha hecho en 16,8 euros. En Bilbao, estas cifras han subido hasta un 4,7% y 13,73, respectivamente, mientras que, en Gasteiz, el alquiler medio sube un 5,6% y el metro cuadrado 11,73 euros.

Stop Desahucios subraya que el Observatorio Vasco de la Vivienda, en un estudio reciente, señala que el 80% de los inscritos en Etxebide dedican más del 40% al pago del alquiler privado. Es decir, se cumplen uno o los dos requisitos del articulo 18 de la Ley de Vivienda, que ha impugnado el PNV, para declararlas zonas tensionadas.

Un estudio señala que la mitad de las viviendas de Gipuzkoa y un 85% de Donostia estarían en zonas tensionadas

La plataforma antidesahucios señala también que otro estudio de Atlas Real Estate indica que la mitad de las viviendas existentes en Gipuzkoa y el 85% de las de Donostia están en zonas tensionadas. Y denuncia que “la consecuencia de esta emergencia habitacional es el aumento de demandas de desahucio por impago de estos abusivos alquileres que, gracias al RDL 5/2023 del 28 de junio, muchas de ellas de familias vulnerables están suspendidas hasta el 31 de diciembre".

“Venimos observando este incremento también en las demandas por impago de hipoteca por la ineficacia del Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB)) ante la subida del Euribor que hace inviables las carencias por 5 años”, señalan.