El Gobierno Vasco ha solicitado a Madrid una moratoria a la aplicación del nuevo sistema de sustituciones del profesorado en la universidad que, según la nueva ley (LOSU), queda limitado a la labor docente y no investigadora, como venía siendo la tónica habitual hasta ahora.

La reciente aprobación y aplicación de la nueva norma ha suscitado una honda “preocupación” en la comunidad de la universidad pública, según le trasladó ayer en una reunión en Madrid el consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, al ministro de Universidades, Joan Subirats, durante un encuentro en el que ambos dirigentes compartieron su visión en torno a la actualidad del panorama universitario.

La LOSU impide que las sustituciones que se lleven a cabo en la UPV/EHU sean a tiempo completo. Esta modificación normativa, amparada en la nueva ley universitaria, sólo reconoce la labor docente del profesional sustituido y no así la parte correspondiente a la investigación o la gestión. Todo ello se traduce en un evidente malestar en la comunidad educativa.

Más de 1.000 profesores han firmado una carta en la que denuncian que la UPV/EHU ha contratado docentes a tiempo parcial con un sueldo de alrededor de 800 euros para hacer sustituciones. Una modalidad contractual a la baja que “no es el único problema” que perciben los trabajadores, sino más bien “la gota que colma el vaso” de su situación laboral, tal y como indicaron a este periódico varios profesores.

A este respecto, el consejero vasco de Educación recalcó ayer la intención del Gobierno Vasco de seguir fortaleciendo la labor investigadora dentro de la UPV/EHU, incrementando “sustancialmente” los programas vinculados directamente a los diferentes departamentos de la universidad pública vasca.

Bildarratz defendió en Madrid la necesidad de garantizar que las universidades puedan desarrollar una nueva planificación “que responda a sus necesidades”, sin perjudicar al profesorado sustituto y a la continuidad de la labor docente universitaria. Así, el consejero vasco aboga por una fórmula con la que “promover más y mejor investigación”, de tal forma que los profesionales que lleven a cabo las futuras sustituciones puedan a su vez desarrollarse en un proyecto investigador de forma complementaria a la docencia.

Una propuesta que, en todo caso, exige “un proceso de implementación en todos los departamentos universitarios”, de ahí que el consejero haya solicitado una moratoria “imprescindible”.

Este encuentro se lleva a cabo cinco días después de la huelga convocada por los sindicatos en contra de la “precarización y el empeoramiento de las condiciones de trabajo” que sufren los trabajadores de la UPV/EHU y que “tienen consecuencias directas en el alumnado”, con una pérdida de la “calidad de la docencia”. Buena parte del personal docente e investigador de la UPV/EHU respaldó la protesta el miércoles pasado en las tres capitales de la CAV, lo que provocó que la actividad fuera “muy escasa” en los campus.

Prácticas

El encuentro de ayer también sirvió para abordar otra cuestión “fundamental”, como son las prácticas universitarias y las nuevas condiciones recogidas por ley –con efectos desde el próximo 1 de enero– en las que se establece que el alumnado que las lleve a cabo deberá ser dado de alta en la Seguridad Social. En Euskadi cada año se suscriben más de 23.000 convenios tanto en el ámbito público como en el privado, 14.000 en la UPV/EHU. Bildarratz reiteró su preocupación por la gestión de este nuevo escenario, que “podría poner en peligro estas prácticas”. En este sentido, indicó que la gestión de las universidades se verá afectada por la labor burocrática, lo que dificultaría que las prácticas se llevasen a cabo en tiempo y forma.

Por ello, Bildarratz solicitó al ministro que se extienda el plazo de adaptación hasta el comienzo del curso 2024-2025, para garantizar que todo el alumnado matriculado en el curso goce de las mismas oportunidades.