La actividad de los tribunales es un fiel reflejo de los frentes abiertos para las economías domésticas. Y la fotografía que devuelven en Gipuzkoa es el retrato de tiempos convulsos. Los juzgados del territorio tramitan actualmente más demandas por deudas que las que dejó a su paso la crisis financiera de 2008, según ha podido constatar este periódico de datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Si entonces fue el colapso de la burbuja inmobiliaria la que desangró los bolsillos con secuelas que han perdurado una década, ahora la principal amenaza para los consumidores es una inflación desbocada, que ni siquiera una de las mayores subidas de tipos de los últimos tiempos consigue por el momento aplacar.
A nadie le gusta airear sus miserias en una difícil coyuntura, de ahí que raramente trascienda la pesadilla que se vive de puertas adentro al no poder pagar, por ejemplo, la hipoteca, una factura, o un gasto extraordinario. A este respecto, una de las tablas más fiables para calibrar la verdadera dimensión de esta realidad es la estadística de los procedimientos monitorios en los juzgados. Así se conoce la vía de reclamación civil más rápida y ágil para exigir el pago de deudas. Los datos indican que van creciendo como la espuma.
Estos procedimientos han aumentado en el territorio un 12,8% durante el último año hasta alcanzar los 6.744 expedientes, según la estadística del CGPJ, que analiza los efectos de la crisis en los órganos judiciales. El incremento de procedimientos abiertos por deudas es constante en los últimos años.
Los juzgados guipuzcoanos han pasado de tramitar 5.119 demandas en 2020 a 5.980 expedientes en 2021. Los últimos datos del año pasado elevan esta cifra hasta los 6.744 procedimientos en Gipuzkoa, por encima incluso de los 6.012 que dejó a su paso la pesadilla financiera tras la quiebra del cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, con un efecto bien conocido: la recesión económica que comenzó afectó a Gipuzkoa a partir del segundo semestre de 2008.
El euríbor sigue escalando
El euríbor a doce meses, el indicador más usado en el Estado para calcular las cuotas de las hipotecas, mantiene entretanto su tendencia alcista y supera ya el 3,9%, su nivel más alto desde noviembre de 2008. “Con la subida de tipos de interés estamos viendo que hay gente que no puede pagar la cuota, y cada vez va a haber más viviendas de segunda mano en el mercado. Los fondos buitres lo saben, y quieren vender las casas. Están como locos por vender cuanto antes porque saben que el mercado de segunda mano va a bajar en picado”, apunta la abogada Yolanda de Pablo, con despacho en Irun.
Esa premura con la que actúan los fondos se deduce del propio relato de sus clientes. “Están asustando a la gente. El otro día llamó una perjudicada. Alertaba de que había unos señores en el portal, y que por el interfono le estaban diciendo, sin identificarse, que iban a cambiar la cerradura. Les dije que no les abriera”, expone la abogada, que posteriormente se puso en contacto “con el fondo buitre” estaba tras esa operación. “Hemos reclamado un alquiler social. La mujer tiene derecho a ello. Queremos una respuesta”, señala la letrada.
Como indican los datos del CGPJ, crece el efecto compulsivo de los fondos buitre que compran paquetes de deuda de entidades y formulan reclamaciones judiciales contra morosos. Se trata de fondos de capital de riesgo o de inversión libre, ubicados por lo general en otros países, incluso en paraísos fiscales. Se han convertido en los principales demandantes de deudas en los juzgados de Primera Instancia, en los que se encauzan este tipo de reclamaciones.
"Los fondos buitres quieren vender cuanto antes porque saben que el mercado de segunda mano va a bajar en picado"
En estos procedimientos judiciales que se denominan monitorios, se busca reclamar una deuda líquida y vencible. Apenas hay un plazo de veinte días para responder. En caso de no hacerlo, se embargan bienes por la cantidad adeudada. Son operaciones financieras que dejan a su paso a personas “vendidas y externalizadas”.
"Estamos en calma antes de la tormenta"
Con todo, la subida del euríbor todavía no ha mostrado su peor cara. “Podemos decir que estamos en una situación de calma antes de la tormenta”, opina Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa. La activista pone el acento en el criterio que fijó el Tribunal Supremo en 2019 para aplicar los efectos de la nulidad de las claúsulas de vencimiento anticipado de hipotecas, las que regulan los procesos de desahucio, y que impide que se lleven a cabo con menos de doce meses de impagos. “Es decir, a pesar de la subida actual del euríbor el efecto no es inmediato”, dice García, quien señala que por todo ello será más visible pasado un año. Por lo pronto, “ya se están recibiendo llamadas de familias que se están viendo en serias dificultades, con la preocupación de perder su vivienda”, según reconocía a este periódico la semana pasada la abogada Maite Ortiz.
La propia García y Salvador González, portavoces de Stop Desahucios Euskadi, intervinieron en el Parlamento Vasco el pasado mes de noviembre para alertar de las consecuencias de la venta realizada por Kutxabank a un fondo de inversión con sede en Dublín de un paquete de “2.500 créditos hipotecarios morosos, la mayoría judicializados y pendientes de ejecución y desahucio”.
La plataforma ha solicitado al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco y a los partidos políticos que intercedan para que ninguna entidad vuelva a realizar otra venta de este tipo por la cual los fondos buitre adquieren “hipotecas a precios de saldo” para reclamar posteriormente al cliente su deuda real. Obtienen así ganancias considerables, entre otras razones, porque están ubicadas en paraísos fiscales. “En realidad, es una práctica de todas las entidades bancarias, pero nos centramos en Kutxabank porque firma el 60% de las hipotecas en la CAV”, señala García.
Ángel Miguel, el último episodio de un drama social
El caso de Ángel Miguel, un vecino de Irun de 80 años que ha podido eludir temporalmente el desahucio, es uno de los últimos episodios de este drama social que no deja de sumar nuevos capítulos. Una concentración frente a la sede del Banco Sabadell en Donostia reclamaba hace dos meses evitar el desenlace, a manos del fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate, filial del estadounidense Cerberus, el nuevo “casero” de muchas familias.
Ángel Miguel avaló con su vivienda el préstamo que el Banco Sabadell dio a su hijo para un negocio que no pudo pagar debido a la crisis financiera. Dada su situación de “vulnerabilidad” se obtuvo una dación en pago con un contrato de alquiler social de tres años, que se logró prorrogar, hasta que venció este plazo, que cuenta ahora con una nueva fecha: 24 de julio.
La letrada De Pablo reconoce que a pesar de situciones complejas como la que afecta al vecino de Irun, resulta “complicado” aplicar el Código de Buenas Prácticas, “aunque lo estamos intentando”. Fue a comienzos de año cuando entraron en vigor una serie de medidas que el Gobierno aprobó para aliviar la carga de las hipotecas variables con el alza del euríbor, sobre todo entre familias en riesgo de vulnerabilidad. Medidas a las que se han adherido la mayoría de bancos y cajas, y que permiten cierto alivio al reconocer un periodo de carencia de la hipoteca, por el cual se puede aplazar el pago del capital. El problema a la hora de aplicar este paquete de ayudas en Gipuzkoa es que, como explica la abogada Ortiz, incluye como requisito que la vivienda no puede tener un valor superior a los 300.000 euros, cuando en el territorio, especialmente en Donostia, se rebasa con facilidad esa cifra.
