Las obras del futuro Centro Penitenciario Gipuzkoa, que se ubicará en Zubieta, siguen su curso y está previsto que el nuevo equipamiento “pueda abrirse en 2024”, con lo que el sistema penitenciario vasco ganará “unas 300 plazas”, según ha avanzado este jueves la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha visitado los trabajos, una vez superado el ecuador.
La consejera ha encabezado la delegación del Gobierno Vasco que esta mañana ha visitado las obras de construcción en Zubieta. La visita se ha realizado de la mano de Mercedes Gallizo, presidenta de la SIEPSE, Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, y de su director de Producción, Juan José Torrejón.
Según las previsiones, se espera que el centro abra en 2024 con una capacidad total de 500 plazas de las cuales algo más de 200 ya son ocupadas actualmente por los internos de Martutene. "El sistema penitenciario vasco ganará así unas 300 plazas. Mejoraremos sensiblemente los niveles de ocupación óptimos, operativos y máximos del conjunto de nuestras cárceles”, ha explicado Artolazabal.
El retraso que registran las obras ha obligado a manejar diferentes escenarios sobre la puesta a punto de este moderno equipamiento que tomará el testigo de la vieja cárcel de Martutene.
Inicialmente se contempló su inauguración en primavera de 2023. Una visita de Artolazabal a la cárcel de Martutene, en mayo de este año, ya avanzó que las obras no finalizarían hasta agosto o septiembre de 2023, tras lo cual es preciso equipar el centro, por lo que el traslado de reclusos y el inicio de la actividad en la nueva cárcel no será posible hasta bien entrado 2024.
Mesa técnica para el seguimiento de las obras
La delegación del Gobierno Vasco que ha visitado este jueves las obras ha contado, además, con la participación de la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre; del director de Justicia Digital e Infraestructuras, Javier Landeta; el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, y la directora de Gabinete, Noemí Ostolaza.
Por su parte, el Ejecutivo español ha estado representado por el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, Guillermo Echenique. Ambas delegaciones han mantenido una reunión previa a la visita a las obras del centro penitenciario, en la que, entre otros aspectos, se ha acordado la creación de un equipo mixto que supervise los trabajos.
“Hemos acordado la puesta en marcha de una mesa técnica mixta para el seguimiento de las obras y seguir colaborando con el Ministerio de Interior hasta la entrega al Gobierno Vasco del nuevo centro penitenciario”, ha explicado Artolazabal al finalizar la visita.
La consejera ha precisado que “la aceptación de traslados seguirá motivada por el arraigo en Euskadi de presos y presas”. Beatriz Artolazabal compareció ayer mismo en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco en la que dio cuenta de los aspectos relacionados con el modelo penitenciario vasco y su implementación en el primer año de gestión de los centros penitenciarios.
Colectivo de presos: un total de 1562 personas
El colectivo de presos que cumplen condena en los tres centros penitenciarios de Euskadi asciende actualmente a 1.562 personas. Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera explicó que uno de los pilares del modelo vasco es mejorar la eficacia de los “procesos de reinserción mediante la resocialización en el ámbito comunitario”. Y desveló que en poco más de un año transcurrido desde que se asumió la gestión de prisiones se ha progresado a tercer grado penitenciario a más de 500 personas, cerca del 40% marcado como objetivo. Insistió en que no se trata de excarcelaciones, sino de “una forma de cumplimiento de la condena” que incluye acudir a prisión solo para dormir o controles telemáticos.
"Se ha incrementado la población interna, pero eso no quiere decir que los centros penitenciarios vascos estén al límite de su capacidad y, mucho menos, que no estén en disponibilidad de aceptar nuevos ingresos”
Precisamente, ante algunas informaciones relacionadas con la ocupación de los centros vascos y los criterios para rechazar algunos traslados, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha matizado este jueves que, tal y como explicó la consejera en la Comisión, se ha incrementado la población interna en alrededor de 300 personas desde el 1 de octubre de 2021. “Este dato, sin embargo, no quiere decir que los centros penitenciarios vascos estén al límite de su capacidad y, mucho menos, que no estén en disponibilidad de aceptar nuevos ingresos”, puntualiza el Gobierno Vasco.
Los centros penitenciarios vascos están dentro de los límites que pueden considerarse “razonables” en cuanto a la gestión de personas y la dimensión de la plantilla. Sin embargo, añade el departamento, “es cierto que no pueden absorber todas las demandas que llegan por parte de personas penadas que cumplen sus condenas fuera de Euskadi, aun cuando pudieran tener interés en ser trasladadas, con o sin arraigo”. La principal razón es que resulta cada vez más infrecuente el traslado fuera de la CAE de personas privadas de libertad, según argumentó la consejera el miércoles en el Parlamento. Hay tres niveles de ocupación establecidos para los centros penitenciarios vascos: óptimo, operativo y máximo. Los tres centros vascos "están ligeramente por encima del nivel operativo", según precisa el Gobierno Vasco.
