Las políticas de control migratorio en el Bidasoa, que vienen siendo denunciadas desde hace meses por las instituciones vascas, son objeto de análisis y debate este miércoles en el Parlamento Europeo de Bruselas, a donde se ha desplazado una representación de SOS Racismo Gipuzkoa para denunciar las “prácticas racistas en la frontera interna entre Irun y Hendaia”, que se han saldado con nueve muertos desde comienzos de 2021.
El objetivo del encuentro es ampliar las narrativas de las migraciones en el espacio euro-mediterráneo. Para ello, la jornada en la institución europea cuenta con la participación de Imanol Legarda, del equipo de SOS Racismo Gipuzkoa, encargado de trasladar a la institución la situación actual en el paso fronterizo, donde los controles policiales son una constante.
Los llamamientos de las instituciones para flexibilizar las condiciones que impone la policía gala son insistentes. El director de Inmigración del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, ha acusado en reiteradas ocasiones a la policía francesa de practicar "controles selectivos y racistas". La plataforma ciudadana Irungo Harrera Sarea también denuncia que, en estos controles, se llevan a cabo identificaciones por perfil racial, ya que en nada afectan a los guipuzcoanos que cruzan o a los miles de franceses que vienen a este lado de la muga.
Los gendarmes sí impiden, en cambio, el paso a extracomunitarios procedentes de la frontera sur de Europa, con devoluciones en caliente que continúan. La comparecencia de SOS Racismo Gipuzkoa en el Parlamento Europeo se desarrolla en el marco de una jornada organizada por la Fundación Giangiacomo Feltrinelli, uno de los principales centros italianos de documentación e investigación en la sociedad contemporánea, que estudia las transformaciones que se han producido en el último siglo y que han marcado la historia de Europa y mundial.
Pietro Bartolo: el médico político de Lampedusa
Legarda comparte este miércoles panel con Pietro Bartolo, eurodiputado italiano conocido por su labor como médico en Lampedusa en la asistencia a personas migrantes recién llegadas. La situación en las costas de la pequeña isla sigue siendo muy preocupante, como demuestra lo ocurrido el pasado miércoles, cuando una niña tunecina de 4 años desembarcó sola, sin su familia, en la zona sur de la isla. Su centro de acogida se encuentra atestado, al triple de su capacidad, debido a que en los últimos días han aumentado las llegadas de migrantes.
La vida de Pietro, este facultativo inmerso ahora en la política tras arrasar en las elecciones europeas, cambió el 3 de octubre de 2013, el día que vio llegar en su pesquero a su amigo Domenico. Regresaba a puerto con 17 migrantes a bordo, y cuatro cuerpos sin vida.
Pietro subió a la barca de su vecino y se llevó a los 17 supervivientes al centro de salud en el que trabajaba. Desde ese momento, pescadores y médicos de Lampedusa se convirtieron en los nuevos rescatadores de migrantes de la isla.
Bartolo ha firmado recientemente un texto denunciando la actuación de Frontex, la agencia europea encargada del control de fronteras. En el escrito denuncia que este organismo no protege los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Censura, a su vez, que la agencia ha estado involucrada en operaciones de devolución ilegales en al menos 957 personas refugiadas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. Un escándalo que se ha saldado con la dimisión del director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri.
Un demoledor informe de la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) constata que la agencia tuvo conocimiento y amparó devoluciones en caliente en alta mar que no solo implicaron una vulneración de los derechos humanos, sino que pusieron en riesgo la vida de los migrantes.
La OLAF ha analizado con lupa la gestión de la inmigración irregular hacia la UE por parte de Frontex y constata graves irregularidades. Según esta investigación, los altos mandos de la agencia europea de control migratorio eran conocedores de prácticas ilegales e irregulares por parte de sus agentes y de algunos Estados miembros —como Grecia— para evitar la entrada de migrantes. También constata un funcionamiento interno anómalo y poco transparente que ha propiciado casos de humillación, acoso y abuso contra los propios colaboradores de la agencia.
