El Departamento vasco de Vivienda asumirá parte del coste fijo de las facturas de gas de los pisos de alquiler protegido con calderas comunitarias propiedad de la sociedad pública Alokabide, ayuda que podría llegar a 5.200 familias pertenecientes a un centenar de comunidades de vecinos.
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, dio a conocer ayer esta medida en su respuesta en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta formulada por el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño relativa al incremento del precio del alquiler en Euskadi.
Arriola reconoció que al Ejecutivo de Vitoria “le preocupa y le ocupa” esta situación, ya que el precio medio del alquiler ha pasado de los 628,8 euros mensuales en 2016 a los 711,5 en 2021, con un incremento del 13%, en consonancia con la subida del IPC.
Ante la excepcionalidad de este ejercicio, marcado por las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, el consejero puso en valor las medidas puestas en marcha por los ejecutivos central y vasco para ayudar a las economías más vulnerables.
En Euskadi explicó que su departamento interviene con políticas públicas el mercado del alquiler en la medida que se lo permiten sus competencias y que también ha puesto y pondrá en marcha otras actuaciones excepcionales para “aliviar la carga del encarecimiento de la vida en las familias con mayores dificultades”.
En este sentido, precisó el anuncio hecho por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pleno de Política General para ayudar a afrontar la subida del gas a las familias mas vulnerables, y anunció que su departamento “se va a hacer cargo” de parte de los gastos fijos de la factura del gas de las viviendas de alquiler social de Alokabide con calderas comunitarias.
Esta ayuda, que podría estar operativa a finales del mes de octubre, precisará de una partida total de 1,5 millones de euros y de ella podrían beneficiarse 5.200 familias repartidas en 100 comunidades de vecinos en Euskadi.
Arriola subrayó que esta ayuda unida a la rebaja del IVA del gas que prepara el gabinete de Pedro Sánchez “aliviará en buena medida la carga de estas facturas”. Recordó además que se va a subir el límite de ingresos para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda social o, en su caso, a una prestación económica que les ayude a pagar el alquiler en el mercado libre.
El consejero señaló también que están a la espera de que el Órgano de Coordinación Tributaria se pronuncie sobre la propuesta enviada por su departamento dirigida a favorecer fiscalmente a los propietarios que mantengan su alquileres “en precios razonables” y a penalizar a los que “los disparen al alza”.
A este respecto, precisó que el control del precio del alquiler, sobre el que el Gobierno Vasco no tiene competencias, “no es una medida mágica” e hizo hincapié en que una de las principales causas de que sean altos es la escasez de vivienda libre para arrendar.
