El problema que plantea las suplantaciones de identidad en los delitos de estafa cometidos a través de las TIC ha sido abordada durante los últimos meses entre la Fiscalía y los distintos cuerpos policiales, a los que se ha trasladado la necesidad de que “no limiten sus investigaciones a los datos concretos de la estafa denunciada”.
El Ministerio fiscal entiende que “hay que ir más allá” del número de cuenta o de teléfono, de tal manera que se compruebe si las personas identificadas lo han sido en otros atestados, para buscar así posibles elementos comunes entre las diversas estafas abiertas.
La Fiscalía de Gipuzkoa recoge en su memoria lo que ya avanzó el documento publicado la semana pasada por el Ministerio fiscal del País Vasco: al no llevarse a cabo investigaciones más exhaustivas que relacionen ese reguero de denuncias, “existen abiertas múltiples estafas en múltiples juzgados, al ser imposible acordar acumulaciones en un solo”.
En uno de los encuentros en los que se abordó esta cuestión, miembros de la Ertzaintza –en consonancia con lo que propusieron las Fiscales Delegadas– apostaron por la creación de un expediente de coordinación entre policía y Fiscalía. Como método para localizar ese nexo común entre las denuncias de estafa por Internet, los asistentes propusieron la creación de una base de datos policial en la que los agentes investigadores puedan ir incluyendo números de teléfono, de cuentas bancarias, emails, DNI y todas aquellas pistas que el criminal informático va dejando en la red. Una metodología de trabajo que, según informa la Fiscalía, está en marcha en el proyecto policial de la Ertzaintza. Los miembros de la Policía Nacional también guardan en un programa las identidades usurpadas de las que tienen conocimiento.
El problema que se plantea a partir de ahí es que una vez creada la base de datos “cada cuerpo policial maneja la suya” –observa la Fiscalía–, lo que de alguna manera sigue poniendo de manifiesto la necesidad de compartir esa información.
Como medio de solución se ha acordado mantener reuniones periódicas entre las Fiscales Delegadas y los representantes de los tres cuerpos policiales.
Las fiscales resaltan la importancia de proteger a las víctimas cuyos datos son usurpados. “Es necesario que estos supuestos se detecten con anterioridad a la judicialización de las actuaciones a través de una labor investigadora por parte de la policía”, defiende. Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio fiscal entiende que “debería darse una respuesta legislativa a estas acciones, cada vez más frecuentes, pues el tipo penal de usurpación de estado civil no es válido para lograr su punición”, recoge la memoria.
