La evolución de la criminalidad en Gipuzkoa permite advertir una preocupante tendencia: el aumento imparable de delitos contra la libertad sexual. A diferencia de la caída generalizada de casos registrada en el territorio en 2020, la vuelta a la normalidad tras la pandemia permite constatar un aumento significativo de casos. Son en total 291 delitos, muy por encima de los 219 registrados el año anterior.

Según la memoria de actividad de la fiscalía de Gipuzkoa, a la que ha tenido acceso este periódico, el aumento de delitos de agresión y abuso sexual llega a ser incluso “alarmante” en el caso de las víctimas menores de edad, según reconoce el propio Ministerio fiscal.

El territorio registró el año pasado un total de 83 agresiones sexuales, diez más que en 2020, mientras que los casos de abuso sexual ascienden a 118, muy por encima de los 99 de la memoria anterior. Poniendo el foco en los menores, un colectivo especialmente vulnerable, se perciben motivos de preocupación. Los casos de abuso sexual prácticamente se duplican durante el último año, de los doce registrados en 2020 a los 21 computados doce meses después. Más sorprendente resulta aún el incremento de agresiones sexuales: 21 delitos, cuando en la memoria anterior no había un solo caso en el que fuera víctima este colectivo.

La utilización de menores con fines pornográficos también se eleva a los diez casos, muy por encima de los tres de 2020. A su vez, la estadística refleja que cinco delitos por corrupción de menores, cuando un año antes no se había registrado ninguno.

"No ha calado el mensaje"

“A diferencia de lo mantenido en memorias anteriores, no podemos señalar que haya calado el mensaje relativo al incremento del reproche penal de estas actividades delictivas; no es lo que reflejan las cifras”, reconoce la Fiscalía en su escrito. Dicho de otro modo, las sentencias condenatorias ni arredran ni frenan la conducta delictiva de los agresores, que continúan protagonizando un número creciente de delitos por agresiones y abusos sexuales.

“La experiencia no evidencia un descenso en la comisión de estos delitos”, reflexiona el Ministerio fiscal que, no obstante, apuesta por la continuidad de las campañas de sensibilización. “Son eficaces” -dice- ya que “sin ellas, seguramente, las cifras serían mayores”.

Los delitos por exhibicionismo y provocación sexual también aumentan de manera significativa, con casi una veintena de casos en Gipuzkoa (17), lo que representa un notable incremento con respecto a los doce registrados un año antes.

“Aún existen lugares en los que se cometen delitos que atentan contra la libertad sexual de múltiples menores de edad, de forma continuada, aprovechando el silencio que generalmente suelen guardar”

Fiscalía de Gipuzkoa

Con frecuencia, el peligro para los menores acecha de puertas adentro. En ese sentido, la propia fiscalía señala que “conviene prestar atención” a los delitos cometidos en el seno de la intimidad por parte de personas que se consideran “especialmente inmunes” a la facultad sancionadora del Estado, y que incurren por ello “en esta clase de delitos durante años, especialmente respecto a las víctimas menores de edad”.

No son casos ni mucho menos aislados. Como ya publicó este periódico el pasado 2 de septiembre, de los 20.000 adolescentes que han cumplido la mayoría de edad este último año en Euskadi, entre 2.000 y 4.000 “han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida”, según las cifras aportadas por Fernando Álvarez Ramos, coordinador del Equipo Psicosocial Judicial del Gobierno Vasco.

En el 90% de los casos, estos menores sufren agresiones “sin consecuencias físicas”: tocamientos o caricias que suponen una "victimización por su significado". Hechos que ocurren en un entorno conocido. Una realidad que señalaba a comienzos de mes el Gobierno Vasco durante un curso de verano en la UPV/EHU, y que vuelve a ponerse de manifiesto ahora con la memoria fiscal.

El documento señala, por otra parte, que a diferencia de lo apuntado en 2020, se ha producido una disminución en los delitos de utilización de menores de edad o con alguna discapacidad para el uso de prostitución. La Fiscalía cree que es necesario prestar “especial atención” a la evolución de este tipo de delitos “que generan mayor preocupación”, al tratarse de víctimas especialmente vulnerables”.

“La experiencia nos ha demostrado que aún existen lugares en los que se cometen delitos que atentan contra la libertad sexual de múltiples menores de edad, de forma continuada, aprovechando el escaso desarrollo de las víctimas y el silencio que generalmente suelen guardar”, alerta el Ministerio fiscal.