La defensa de 33 emigrantes acusados por su supuesta implicación en el último intento masivo de cruzar a Melilla, que se saldó con al menos 23 muertos, alegó su estatuto de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional. Durante la segunda sesión del juicio contra ellos, que duró unos 20 minutos al aplazarse para dar más tiempo a los abogados para preparar la defensa, comparecieron por videoconferencia los acusados para confirmar sus nombres.
Son los que se enfrentan a penas menos graves de los 61 subsaharianos finalmente encausados por el ministerio fiscal marroquí, imputados de delitos de “organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos”, así como injurias y uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos.
Además de los 33 que comparecieron ayer, hay otros 28 detenidos restantes que serán juzgados a partir del 13 de julio en el Tribunal de Apelación de Nador, donde se enfrentan a cargos más graves que estos imputados.
