Joven de entre 20 y 29 años, empleada, nacida en el Estado y con estudios de Bachiller o ciclos de FP. Es el perfil de las mujeres que se someten en Euskadi a una interrupción voluntaria del embarazo, según se desprende de un estudio monográfico del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Estas intervenciones han experimentado un crecimiento imparable desde el año 1993, cuando se practicaron en Euskadi un total 1.283 abortos. La cifra anual no ha dejado de crecer hasta llegar a los 3.422 en 2020, según el último dato registrado.

El informe refleja la fotografía real de las mujeres que se someten en la Comunidad Autónoma Vasca a este tipo de intervenciones. Así, cuatro de cada diez (1605) vive en pareja, mientras que el 26,1% (894) continúa residiendo en casa de sus padres.

La mayor parte de mujeres que acudió a un centro sanitario a solicitar la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) cuenta con un empleo. Casi todas ellas (1.811) son trabajadoras por cuenta ajena y es la primera vez que piden abortar.

ACOGIDAS A LA LEY DE PLAZOS

Estos datos vienen recogidos en las fichas que corresponden a las IVEs que fueron notificadas en el año 2020 al Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que depende del Departamento de Salud. Los centros acreditados remiten periódicamente estas intervenciones. Este informe pone rostro a las mujeres que se han acogido hasta ahora a la ley de plazos, vigente en el Estado desde 2010 y modificada por el PP en 2015.

Un marco legal que esta semana, después de meses de negociaciones en el seno del Ejecutivo, ha dado un paso decisivo para ser modificado, con la luz verde en el Consejo de Ministros a la reforma de la Ley de Aborto, que amplía los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo y de salud sexual.

El nuevo texto busca garantizar que cualquier mujer pueda abortar en la sanidad pública. La estadística de las intervenciones practicadas en el País Vasco refleja que durante las dos últimas décadas la balanza se ha inclinado claramente hacia los centros privados, y el mayor número de interrupciones se practicó en 2011, un año después de entrar en vigor la ley de plazos.

En concreto, se practicaron casi 4.000 intervenciones en centros privados mientras que los abortos realizados en hospitales públicos no llegaron al centenar. Según este estudio, los centros que durante 2020 notificaron IVES son los hospitales de Donostia, Zumarraga, Mendaro y Alto Deba, junto a las clínicas Askabide y Consultorio Dr. Prada.

Durante las dos últimas décadas se ha mantenido la misma proporción, con casi nueve de cada diez interrupciones practicadas en clínicas privadas, la mayoría derivadas desde hospitales públicos. En el 93% de los casos estas intervenciones han sido financiadas.

Esta situación variará a partir de ahora con la nueva ley, que pretende “acabar con los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres” a la hora de interrumpir su embarazo, y blinda este derecho en la sanidad pública de forma que esté garantizado en todos los hospitales.

Con respecto al motivo de la interrupción, el informe del Departamento de Salud detalla que en el 93,6% de los casos -3.204- las intervenciones se realizaron a petición de las mujeres. Hubo además 54 abortos que se practicaron por el grave riesgo para su salud que corría la embarazada, 125 por riegos de graves anomalías en el feto y otras 39 por “anomalías incompatibles con la vida o enfermedad incurable”.

En la actual ley se establece un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo sin interferencia de terceros. El informe del Departamento de Salud detalla que un total de 2.702 de las 3.422 mujeres sometidas a estas intervenciones en 2020 fueron informadas de esta posibilidad en un centro sanitario público, y prácticamente la mitad (1.521) abortó con menos de seis semanas de gestación.