GASTEIZ. El secretario general de esta central, Roberto Seijo, ha comparecido hoy en comisión en el Parlamento Vasco para exponer la posición de ErNE a la quinta modificación de la Ley de Policía, que entre otros aspectos incluye medidas de discriminación o acción positiva en favor de las mujeres para el ingreso y promoción en la Policía vasca, con el objetivo de que estas lleguen a ser el 33 % frente al 12 % actual.

Seijo ha explicado que en sus alegaciones al proyecto plantean la eliminación de esos planes de promoción de las mujeres porque en el acceso a la función pública "no caben medidas discriminatorias ni positivas, ni negativas".

Ha indicado que ya se bareman de forma diferente según el sexo las pruebas físicas de acceso a la Ertzaintza y que el texto incluye "medidas discriminatorias que quiebran los principios básicos de la función pública que no se producen en ningún otro ámbito" público, ni cuerpo policial.

Ha defendido sustituir esas acciones por medidas informativas y publicitarias con el objetivo de incrementar el número de mujeres que se presenten a las OPEs de la Ertzaintza.

También se ha referido a la Comisión de Control y Transparencia que recoge la norma, un mecanismo de control externo que analizará las actuaciones de este cuerpo y de las distintas policías locales que susciten quejas ciudadanas. Este órgano estará formado por ertzainas de la máxima escala y expertos externos.

Seijó no se ha mostrado contrario a esa comisión aunque sí ha defendido que sus integrantes no sean designados por el gobierno "de turno" sino por el

Parlamento y ha explicado que algo parecido a esa comisión se creó para investigar los incidentes que se produjeron en Anoeta durante el encuentro de Euskadi-Bolivia en 2012, que según ha dicho, sólo sirvió para "tapar todo lo sucedido allí".

Además ha afirmado que ya existen suficientes mecanismos de control de la actividad policial a través del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial.

El dirigente de ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, se ha referido asimismo a la cuestión de la euskaldunización de la Policía autonómica, un ámbito donde "se ha avanzado muy poco", y ha reclamado que mientras todos los agentes no hayan tenido la posibilidad de liberarse para estudiar euskera los perfiles lingüísticos deben ponerse a las personas no a las plazas.

Otras alegaciones que han presentado a la norma tienen que ver con dotar de armas a las policías locales porque, ha dicho, hacen las mismas funciones en materia de prevención de la seguridad ciudadana que la Ertzaintza y están expuestos a los mismos riesgos; eliminar el límite de 35 años para ser admitido a las pruebas de acceso y lograr y mantener una plantilla de 8.000 agentes porque ahora se está "muy por debajo".

Seijó ha señalado que uno de los mayores problemas es la falta de coordinación efectiva con las policías locales, lo que provoca duplicidades en funciones y efectivos.

Ha asegurado que se está ante una "gran oportunidad" para clarificar el modelo policial que se quiere implantar porque el actual es una "auténtico fiasco" y ha reclamado una relación de puestos adecuada para garantizar personal en las unidades preventivas, de seguridad ciudadana, investigación y tráfico.