pamplona - José Miguel Zúñiga Martiarena, apodado Kiko Zúñiga, fue un estupendo centrocampista de la Real Sociedad entre 1984 y 1989, del Oviedo y del Castellón, que luego de la retirada montó una escuela de fútbol a su nombre de la que salieron futbolistas como Zurutuza y cuyos avatares siempre han girado en torno al balón, hasta llegar a entrenar a equipos de categorías inferiores en el Atlético de Madrid o Brunete y tomar hace cinco años la decisión de viajar a China a coordinar escuelas deportivas. El periplo asiático lo inició después de un enrevesado asunto ocurrido en la localidad navarra de Castejón, donde Zúñiga poseía una casa que compró a sus padres hace décadas para que pasaran los días de vacaciones.
En noviembre de 2011, dicho inmueble, ubicado en una zona bastante deprimida de la localidad y siendo una morada humilde, sufrió un tremendo incendio que fue declarado intencionado y que obligó a desalojar a nueve vecinos alojados en las casas colindantes. Ahora, la Fiscalía le acusa de haber provocado dicho incendio para cobrar el dinero de la póliza de seguro de la vivienda, por 100.000 euros, que estaba a punto de expirar. Además, se le suman los delitos de simulación de delito y de tentativa de estafa, porque el Ministerio Público entiende que se inventó una historia -las amenazas de unas personas de etnia gitana que le amenazaban por haberles denunciado previamente por robo- y a los que acusa, sin concretar, de que le recibieron en su vivienda armadas con cuchillos y una pistola y que le dieron de arder a la casa con él en la puerta. El juicio arrancó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra y termina hoy con las declaraciones de peritos. En el se enfrenta a una petición de pena de cárcel de 15 años y tres meses y una multa 2.500 euros.
La acusación, tanto de Fiscalía como del seguro y de los perjudicados, entienden que Zúñiga atravesaba una paupérrima situación económica en aquella época (de hecho apareció en reportajes televisivos en 2010 siendo técnico de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, en el que decía expresamente que sobrevivía con 200 euros al mes y con una pensión de invalidez por una lesión con la que no podía ni pagar la pensión de sus hijos). Al año siguiente, el exjugador entrenaba al juvenil del Brunete, localidad en la que vivía en un piso compartido, pero afirmó que como entrenaba a cuatro equipos “ganaba 3.000 euros, tenía una situación normal, según se mire”, dijo para justificar que no andaba tan precario como para dar de arder su casa con esas intenciones.
El 5 de noviembre de 2011, la fecha del incendio, Zúñiga se dirigió en una scooter Tinco desde Brunete a su casa de Castejón para “llevar unas fotos”. Declaró que aparcó la moto “a 200 metros”, pero que ya en el portal se encontró con dos gitanos armados que le llevaron para dentro. “Me tuvieron en la cocina, me decían que ya me habían avisado, que me iban a quemar la casa conmigo dentro (eso fue lo que denunció un mes antes) y uno le dijo al otro que fuera a por la gasolina. Volvió con varias botellas de plástico con líquido, empezaron a esparcir ropa por la casa y salimos. Deja al payo que es buena gente, le decía uno al otro, al tiempo que encendía una cerilla y provocó la explosión. Ellos salieron huyendo y yo cogí la moto y me volví a Brunete, aunque tenía la cara y las manos quemadas. En lo único que pensaba es en que me perseguían. Estaba aterrado. Y solo paré en Soria para cargar el móvil y efectuar una llamada en el baño de una gasolinera”.
Zúñiga hizo ese recorrido sin detenerse en ningún hospital, para ser atendido, ni ante ninguna comisaría para denunciar los hechos. Según su versión, “para qué iba a denunciar si antes no habían hecho nada cuando denuncié las amenazas. ¿Me compensaba?”, se preguntó. Por su reticencia a denunciar, fue la Policía Foral la que le convenció de hacerlo tras insistirle por teléfono. Y así presentó una denuncia 24 días después de lo ocurrido.
Las sospechas comenzaron por que el acusado hubiera firmado un año antes la póliza de la vivienda, con una cobertura de 100.000 euros para una casa de mucho menos valor y “que antes no estaba asegurada”, pero para cuya cuantía “me asesoró el corredor de seguros, yo no puse la cantidad, me la aconsejó él y como voy a inventarme esto y a reclamar al seguro si antes, cuando denuncié, denegaron la reclamación”.
El procesado había tenido unos meses a unos vecinos gitanos de alquiler en su casa y afirmó que le robaron objetos de gran valor, como cámaras, máquinas de cine, una antena parabólica, una nevera, aparatos que superaban incluso los 15.000 euros de continente que reflejaba su seguro. Se desestimó dicha cobertura. Y luego, el acusado dijo que dio parte del incendio a su corredor, pero le advirtió de que el asunto estaba en manos de la Policía. Sobre el acusado se centraron las sospechas después de que en una de sus denuncias anteriores por robo y amenazas su teléfono reflejara que estaba posicionado en Brunete, aunque él explicó que era así porque se lo dejó “a mi compañera de piso, cuyo teléfono no funcionaba”.
Las acusaciones resaltan que las quemaduras en manos y cara son compatibles con el hecho de poder ser la persona que desparramara combustible y se dañara ambas zonas, y la Policía no cree verosímil su huida inexplicable en moto y herido ni las justificaciones que ofrece para no denunciar. Algunos vecinos testificaron ayer que antes de la explosión no escucharon nada que hiciera pensar en una pelea y recordaron que salvaron la vida por los pelos, algunos incluso saliendo por la ventana con sus bebés recién nacidos y otros atravesando las llamas.
