Donostia - El territorio de Gipuzkoa es el que más uso de los servicios de traducción judiciales hizo a lo largo del pasado año, según el balance elaborado por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco. En concreto, la opción de traducir textos o declaraciones orales en el transcurso de actos judiciales se utilizó en 1.180 ocasiones, casi un 15% más que durante el año anterior.

En concreto, en Gipuzkoa se elaboraron 541 traducciones escritas, mientras que en Bizkaia fueron 359 y en Araba, 32. En cuanto a las traducciones orales, en Gipuzkoa tuvieron lugar 175, mientras que en Bizkaia fueron 68 y en Araba, cinco. La mayor parte de estas sesiones tuvieron lugar en el transcurso de matrimonios civiles. En concreto, en Gipuzkoa se empleó este servicio en 47 enlaces, mientras que en Bizkaia fueron dos veces. El uso de un intérprete tuvo lugar también en juicios orales, así como en otro tipo de declaraciones.

Las traducciones orales supusieron un 21% del total registrado el pasado año en del tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

En el caso de las traducciones por escrito, se redactaron 932, de las que más de la mitad correspondieron de Gipuzkoa, con un total de 541. En Bizkaia, por su parte, se usaron 350 y en Araba, 32. En las traducciones de euskera a castellano, Gipuzkoa volvió a encabezar el ranking con 407 documentos vertidos a la lengua española, mientras que en Bizkaia se elaboraron 70 y en Araba, 12.

Por el contrario, el territorio vizcaino fue el que mayor número de documentos pasó de la lengua castellana a la vasca. En concreto, 237 escritos, frente a los 74 de Gipuzkoa y los 20 de Araba.

En el grueso de los números, la mayor parte de las traducciones procede de los juzgados de instrucción, con 376 en toda la CAV, seguidas de la Unidad Técnica de Gestión del departamento de Justicia, con 75, y de los juzgados de lo contencioso administrativo, con 28.

Según un comunicado remitido ayer por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco, este año se destinará 1,3 millones de euros a la normalización lingüística del personal de la Administración de Justicia, con el fin de garantizar el derechos de las personas a relacionarse en euskera. Las traducciones e interpretaciones contribuyen a mantener este derecho en los casos en los que los funcionarios de cada caso no dominen la lengua vasca.