bilbao. Uno de cada cinco adjudicatarios de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en derecho de superficie ha trasladado ya al Gobierno Vasco su intención de adquirir la propiedad definitiva de los pisos inicialmente concedidos para 75 años. A poco más de una semana para que finalice el segundo plazo para solicitar la compra de suelo de las viviendas, garajes y lonjas construidas en este régimen, el Departamento de Vivienda ha recibido 892 nuevas solicitudes de otros tantos adjudicatarios que pretenden adquirir la plena titularidad de sus viviendas.

A este número de interesados habría que añadir otras 3.620 solicitudes -de las que 952 fueron rechazadas- correspondientes a los titulares de VPO que adquirieron un piso antes del año 2003 y que han mostrado su disponibilidad a desembolsar entre 9.000 y 12.000 euros para comprar la propiedad plena de sus inmuebles. En total, de las más de 20.000 VPO en derecho de superficie que hay en la CAV -3.980 en Araba, 7.189 en Gipuzkoa y 9.052 en Bizkaia-, 4.512 titulares han dado el sí a la iniciativa planteada por el consejero Iñaki Arriola que promueve la venta de suelo público para destinar los ingresos recaudados (inicialmente se hablaba de 50 millones de euros) al parque de vivienda en alquiler. Para llevar a cabo esta medida, desde el Ejecutivo vasco abogaron por una consulta escalonada entre los titulares de las viviendas calificadas y edificadas en derecho de superficie. Por un lado, se consultó a las personas beneficiarias de una VPO calificadas antes del año 2003, cuyo periodo de solicitud concluyó con 2.688 expedientes aceptados de 13.000 posibles solicitantes.

Tras este primer proceso, el pasado 1 de junio se inició la segunda fase de la compra de suelo de cerca de 7.000 viviendas posteriores a 2003 que tienen la calificación permanente. Por el momento, 892 personas (412 en Bizkaia, 295 en Gipuzkoa y 185 en Araba) se han acogido a esta medida aunque se espera incrementar esa cifra de aquí hasta el 31 de julio, fecha en la que finaliza el plazo para presentar la solicitud.

Tal y como recordaron ayer desde el Gobierno Vasco, los interesados en adquirir la plena propiedad de sus inmuebles deberán cumplir previamente una serie de requisitos básicos relacionados con los ingresos anuales de los adjudicatarios. De hecho, según las normas estipuladas por el Departamento de Vivienda, quedarán fuera de esta lista los cotitulares de una VPO que superen el límite de ingresos de 25.000 euros en el ejercicio fiscal de 2009 para las viviendas de régimen especial o viviendas sociales, y de 39.000 euros en el caso de las de régimen general.

expectativas y reproches Pese a que la implantación de esta medida ha superado las expectativas iniciales del Gobierno Vasco, la decisión de Iñaki Arriola de desprenderse de suelo público le ha granjeado no pocos reproches de partidos políticos y colectivos sociales. Más aún si se tiene en cuenta que la cantidad de recursos que se pretenden destinar al desarrollo del parque de viviendas en alquiler será sensiblemente inferior al volumen de suelo del que se tendrá que desprender el Gobierno Vasco para ceder la titularidad del suelo a los adjudicatarios de una VPO. "No es cierto que estas viviendas se mantendrán en el parque público protegido puesto que es vidente que, con la venta, se está privatizando el patrimonio público", sostiene el parlamentario jeltzale Juan Antonio Arieta-Araunabeña. "Y ahora se confirma que la voluntad de este Gobierno en materia de vivienda es privatizar patrimonio público de suelo y convertir las viviendas de VPO en bienes susceptibles de transmitir vía herencia a familiares que no tienen por qué cumplir con las condiciones de Etxebide", llegó a afirmar el coordinador general de Ezker Batuak, Mikel Arana.

Sin embargo, desde el departamento que dirige Iñaki Arriola entienden que la medida no implica la perdida de patrimonio público por parte del Gobierno, ya que una vez que se adquiera la propiedad plena de la vivienda, éstas nunca podrán venderse en el mercado libre, y será el propio departamento quien estipule el precio de venta. "La oferta permanente de vivienda protegida permite que no se pierdan esos activos que el conjunto de la sociedad ha hecho posibles para próximas generaciones que, sin duda, seguirán demandando la necesidad de la vivienda protegida", sostiene Arriola.

Ademas, desde Lakua entienden que el hecho de que se haya superado notablemente las expectativas iniciales de los posibles solicitantes avala en cierto modo la implantación de esta nueva medida, a la que se han acogido el 20% de los titulares de una VPO en derecho de superficie cuando las previsiones que manejaban el Gobierno vasco no llegaban a superar, en ningún caso, el 15%.