El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP de "defensa y protección" de los símbolos nacionales, como la bandera y el himno de España, el escudo de la casa real y la imagen del rey, que incluye un régimen sancionador para funcionarios y cargos públicos, con prohibiciones de nombramiento de hasta cuatro años.
Gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, la proposición ha salido adelante y ahora pasará al Congreso, que decidirá si sigue adelante con la tramitación de la norma o la rechaza.
La senadora del PP Marimar Blanco defendió la propuesta, contando únicamente con el apoyo de Vox, que la consideró "limitada y claramente insuficiente" por ser de carácter administrativo.
Los 'populares' sostienen que la norma "viene a llenar un vacío normativo", regulando las "obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales de España", estructurándose en once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Símbolos incluidos y ámbito de aplicación
A efectos de la ley se consideran símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y estandarte de la casa real y la imagen del rey.
El PP insiste en que estos símbolos serán exhibidos en sus ámbitos territoriales, salvo la colocación ocasional de otros símbolos por cortesía con otros Estados o comunidades durante visitas oficiales. Al tratarse de una norma administrativa, la protección de los símbolos se circunscribe al espacio físico de los edificios y locales públicos.
Las obligaciones de defensa y protección serán exigibles a altos cargos, con un régimen sancionador escalonado: las infracciones graves implican la no percepción de la indemnización por cese, mientras que las muy graves añaden la prohibición de ser nombrado cargo público durante cuatro años.
Rechazo de la oposición
El PSOE y sus socios se han posicionado radicalmente en contra, denunciando que la proposición es "inconstitucional" y alertando de un intento recentralizador que impone una "unidad simbólica".
Senadores de ERC, EH Bildu y PSOE definieron la norma como inconstitucional, mientras que Francesc Xavier Ten (Junts) denunció el "totalitarismo" del PP, al transformar un principio de neutralidad institucional en una obligación de sumisión simbólica, incompatible con la libertad ideológica y el pluralismo político. La senadora de Más Madrid, Carla Delgado, aseguró que la propuesta tiene una "intención política regresiva que roza la censura", y la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, advirtió de un "intento recentralizador alrededor de una España única".
